Ministra Susana Muhamad incumple fallo de tutela y enfrenta posible arresto

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, enfrenta una posible sanción de arresto y una multa de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $28,4 millones, por incumplir un fallo de tutela que le exige responder a las inquietudes de los habitantes de la provincia de Soto Norte, en Santander. 

Así lo advirtió el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas, que emitió un ultimátum a la funcionaria dándole un plazo de 48 horas para cumplir con la orden judicial.

El fallo de tutela fue interpuesto en noviembre de 2024 por la comunidad minera de la región, que exige respuestas claras frente a la delimitación de áreas de reserva cerca del Páramo de Santurbán. Líderes locales han señalado que la ministra ha vulnerado sus derechos fundamentales al no responder oportunamente sus preocupaciones sobre la implementación de una zona de reserva en el área.

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Ivonne González, líder minera del municipio de Vetas, afirmó que la decisión judicial confirma las denuncias de la comunidad. "Esta orden de cumplimiento y anuncio de sanción nos da la razón sobre todo lo que hemos denunciado. Es evidente que la ministra ha violado nuestros derechos fundamentales, afectando a más de 35.000 personas con la imposición de una zona de reserva sin concertación previa", señaló González.

Según la líder, la medida impulsada por el Ministerio de Ambiente busca modificar la vocación minera de la región sin considerar la tradición de más de 450 años de explotación de recursos en la zona.

Los habitantes de los municipios de California, Vetas, Suratá, Matanza, Tona y Charta, así como un 30 % del área rural de Bucaramanga, han manifestado su preocupación por las restricciones impuestas por el Ministerio de Ambiente. Argumentan que estas medidas afectarían gravemente la economía local y podrían generar desplazamientos masivos en la región.

La controversia surge en un momento de gran incertidumbre para la provincia de Soto Norte, donde la delimitación de áreas protegidas y la regulación de la minería han generado debates sobre el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico. Mientras el gobierno nacional defiende la necesidad de conservar los ecosistemas estratégicos como el Páramo de Santurbán, la comunidad minera insiste en que las decisiones deben ser concertadas y no impuestas unilateralmente.

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