Corte Suprema llama a juicio a Arturo Char por presunta compra de votos en Atlántico

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió llamar a juicio penal al exsenador Arturo Char Chaljub por su presunta participación en una organización dedicada a prácticas ilícitas relacionadas con la manipulación del proceso electoral en el departamento del Atlántico.

La determinación judicial responde a una investigación en curso por la supuesta comisión de delitos que atentarían contra los mecanismos de participación democrática, específicamente por la compra masiva de votos.

La acusación formulada por la Sala se deriva de hechos ocurridos, según la hipótesis de la Corte, a partir de un acuerdo criminal que se habría fraguado en 2017 entre diversos actores políticos y económicos de la región.

En ese contexto, se señala a Arturo Char como uno de los partícipes de una estrategia dirigida a consolidar su reelección al Senado de la República, así como a garantizar el ascenso de otros candidatos aliados, entre ellos Aída Merlano Rebolledo y Lilibeth Llinás Delgado, al Congreso.

El caso ha sido investigado durante varios años por la Sala de Instrucción, que en septiembre de 2023 ordenó la captura de Arturo Char como parte de las medidas judiciales en el proceso.

Dicha orden de detención se cumplió, pero el exsenador fue liberado posteriormente mientras avanzaba la etapa procesal. No obstante, las indagaciones continuaron y ahora derivan en un llamado formal a juicio.

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Según los elementos recopilados en el expediente, los hechos se remontan a octubre de 2017, cuando habría sido activado un entramado de compra de votos que operaba desde una sede política conocida como Casa Blanca, en Barranaquilla, la cual sirvió como centro de operaciones para prácticas electorales irregulares durante los comicios legislativos.

La Corte sostiene que en este lugar se diseñó y ejecutó un sistema de captación y remuneración ilegal de sufragios, con el fin de alterar los resultados de las elecciones en favor de determinados aspirantes.

Aída Merlano, quien fue electa senadora en 2018 y capturada en flagrancia poco después, fue condenada en dos instancias por la Sala Penal del mismo alto tribunal, en un proceso que incluyó pruebas sobre el uso de estructuras clientelistas y la distribución de dinero en efectivo para influir en el voto ciudadano.

Las decisiones judiciales en su contra constituyen parte del acervo probatorio que ha sustentado la investigación contra otros presuntos involucrados, incluido Char.

De acuerdo con lo expuesto por los magistrados instructores, el plan no se limitaba a un pacto político convencional, sino que se enmarcaba en una organización delictiva con fines precisos: consolidar cuotas de poder en el Congreso a través de medios ilícitos.

En el proceso, se habrían movilizado recursos económicos y logísticos, y se habrían utilizado intermediarios para llevar a cabo la compra de votos en distintos sectores de Barranquilla y otros municipios del Atlántico.

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