Corrupción en la Justicia: Corte Suprema ratifica condena de sus magistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas impuestas a los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo Fernández por su participación en el denominado cartel de la toga, esquema de corrupción que operó en la Rama Judicial y que favoreció a investigados por delitos relacionados con corrupción.

En sesión de Sala Plena, la Corte Suprema ratificó el fallo contra ambos exmagistrados, señalando que existían pruebas suficientes para confirmar su responsabilidad en la manipulación de procesos judiciales a cambio de beneficios económicos.

Según el alto tribunal, entre 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien ocupó cargos en la Corte Suprema de Justicia y en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actividades ilícitas en coordinación con otros involucrados.

Su rol dentro del esquema incluyó la obtención de información privilegiada y la intervención en procesos penales para alterar decisiones judiciales.

Los actos ilícitos favorecieron a excongresistas como Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes estaban implicados en investigaciones penales.

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La Corte Suprema estableció que el grupo involucrado retrasó trámites, manipuló pruebas y ejerció tráfico de influencias para garantizar fallos favorables a determinados procesados.

En el caso de Gustavo Malo Fernández, el alto tribunal concluyó que recibió sobornos a cambio de intervenir en expedientes judiciales.

Entre las pruebas presentadas, se documentó que Musa Besaile entregó aproximadamente 2.000 millones de pesos con el propósito de dilatar un proceso en su contra.

Mientras tanto, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia continúa el proceso judicial contra el exmagistrado Leónidas Bustos. Actualmente, Bustos enfrenta cargos por hechos relacionados con el mismo esquema de corrupción y recientemente compareció ante una audiencia desde Canadá, país en el que se encuentra en condición de exiliado.

Parte de la organización fue integrada por Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, condenado en Colombia y Estados Unidos, y ahora abogado de confesos delincuentes en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD.

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