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Sabana de Bogotá y zona de reserva en el Suroeste Antioqueño: piden a Minambiente plazo por consulta pública

Procuraduría pide plazos adicional de 45 días para evaluar el asunto.

Sabana de Bogotá
Por Agencia Periodismo Investigativo | Jue, 06/03/2025 - 09:39 Créditos: https://www.minambiente.gov.co / Sabana de Bogotá

La Procuraduría General de la Nación solicitó ampliar los plazos para la presentación de comentarios en dos procesos ambientales de gran relevancia para el país: el proyecto resolución para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá y el proyecto resolución para la declaratoria de Zona de Reserva en el Suroeste Antioqueño.

En primer lugar, pidió a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible una ampliación de 45 días hábiles para la consulta pública del Proyecto de Resolución "por medio de la cual se establecen los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá", considerando el impacto de esta normativa y la necesidad de otorgar un tiempo adicional para que los actores interesados puedan realizar un análisis técnico-jurídico riguroso y presentar observaciones que fortalezcan el proyecto.

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Asimismo, solicitó información georreferenciada en formato Shapefile, utilizada en el estudio técnico que sustenta la propuesta, con el fin de facilitar su evaluación detallada.

De otra parte, para una participación más informada de las comunidades, sectores productivos y organizaciones ambientales, garantizando un análisis detallado y su impacto en el territorio, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios también solicitó a la cartera ministerial una prórroga de 30 días hábiles para la presentación de comentarios al Proyecto de Resolución "por la cual se declara una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada, del Suroeste Antioqueño".

Ambas solicitudes se fundamentan en el derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales, consagrado en la Constitución Política de Colombia y el Acuerdo de Escazú,  para garantizar procesos de consulta más abiertos, inclusivos y accesibles.

 

 

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