Carlos Felipe Córdoba Larrarte tenía 13 años de edad, estaba en octavo grado de bachillerato en el Liceo Inglés y su principal problema eran las 574 páginas del Álgebra de Baldor.
Justo ese año 1993, a cien kilómetros de su colegio, en Aránzazu departamento de Caldas, integrantes de la entonces Unidad Regional de Policía Judicial, sin que mediara orden, allanaron una finca en la vereda Alegrías. Llegaron después de que otros policías hicieran el levantamiento del cadáver de José Hernando Ramírez Osorio quien descargó su proveedor en un intento de disuadir a los uniformados.
En el lugar, además del muerto, se encontró un laboratorio de procesamiento de alcaloides calificado como "sofisticado", tanque para procesamiento de ácidos, una pistola Browing calibre 7.65 con dos proveedores, una escopeta Barasingha y 120 kilos de cocaína. Los vecinos alertaron a los dueños del lugar.
Una hora y 23 minutos y 50.5 kilómetros después desde su lugar de residencia en Manizales hasta la finca llegaron Aurelio Mejía y su esposa Sara Moreno. La mujer, envalentonada creyendo que se trataba de una confusión y dispuesta a hacer valer sus derechos como propietaria al primer policía que vio en su finca, no dudó en decirle que ella y su esposo eran los dueños.
Aunque en el papel y en lo jurídico, el propietario era una persona jurídica Mejía Moreno Sociedad en Comandita, la respuesta que les dieron los uniformados fue unas esposas que apretaban sus muñecas y una celda en la cárcel de Manizales.
El asunto se demoró ocho meses en esclarecerse. Eran los tiempos de la ley 600 de 2000, la cuerda procesal penal de la época, amada por algunos abogados que la señalan de ser más garantista y odiada por otros pues el procesado quedaba a potestad casi eterna de la Fiscalía.
En aquella ley procesal penal, no se le negaba un carcelazo a nadie, como irónicamente decían los fiscales de la época. Con ese sistema de juzgamiento el fiscal del caso investigaba y si consideraba que había mérito profería una resolución de acusación y ahí sí el encartado judicial era llevado ante un juez, en el entretanto tenían que esperar que eso sucediera desde un lugar de reclusión.
Y exactamente eso fue lo qué pasó. La pareja de esposos Mejía Moreno fue recluida en la cárcel de Manizales.
Las pruebas
Varias pruebas sirvieron para aclarar la situación. La primera, un contrato de arrendamiento que había suscrito Sara Moreno con José Hernando Ramírez, en la cual se pactó que él le cancelaría la suma de $350.000 mensuales y una cláusula que resultó fundamental y es que la pareja arrendadora se reservó el uso de una de las casas para guardar muebles y ropa.
Otra prueba en favor del matrimonio fueron los testimonios de quienes aseguraron que Aurelio Mejía fue por última vez a esa finca a comienzos de 1993 y el laboratorio empezó a crearse en febrero de ese año, según moradores del lugar. Un fulano que aseguró ser un policía, mediante un anónimo intentó salpicar a otros policías, advirtió que el difunto no era el arrendatario si no el celador.
Sin embargo, este señalamiento quedó sin piso con un documento de la Registraduría en la que José Hernando Ramírez aseguró era comerciante, una versión confirmada por su entonces esposa, Margarita Arroyave quien además le narró al fiscal que su marido en vida le había contado su intención de alquilar una finca.
Los abogados del matrimonio pudieron desmentir la versión inicial de los policías, incluso frente a las armas encontradas. Una de estas tenía permiso de tenencia y porte y la otra a la que los judiciales dijeron que se trataba de una de uso exclusivo de las Fuerzas Militares no era tal.
Pues en el informe indicaron que se decomisó un rifle sin marca calibre 22 pero el peritaje se la hicieron a una de distintas características. El mismo supuesto uniformado que envió un anónimo aseguró que se desaparecieron unas grabaciones sobre "los hechos del laboratorio", pero olvidó un detalle y es que intentaron incorporarse después de la investigación.
Lo cierto es que un fiscal delegado ante el Tribunal Nacional el 20 de abril de 1994 precluyó la investigación en contra de la pareja, ordenó la libertad inmediata y el levantamiento de embargos y medidas cautelares.
Esculcando el pasado
Han pasado 30 años desde entonces. Sara Moreno hoy tiene 70 años de edad. Entre hastiada y aburrida dice que intentó enterrar en el pasado el peor negocio que ha hecho en su vida, arrendar una finca que primero intentó vender pero no encontró cliente y terminó arrendándola con la promesa de que si le gustaba al inquilino se la compraría.
Pero al inquilino le gustó tanto que terminó montándole un laboratorio de cocaína y produciendo más de 120 kilos de alcaloide y cuando lo sorprendieron se enfrentó a bala con la fuerza pública.
Mejía y Moreno salieron de prisión en 1994. Se dedicaron a la finca raíz. A pesar de que la justicia los absolvió, pues una resolución de preclusión en ley 600 equivale a una sentencia absolutoria en ley 906 o Sistema Penal Acusatorio, en el último tiempo su pasado que creyó enterrado, regresó.
Un negocio de finca raíz realizado en el año 2021 les puso de nuevo el reflector y los dejó en la mitad de un pulso por un organismo de control: la Procuraduría.
La casa
El 17 de marzo de 2015 en la Notaría Primera de Pereira, Marcela Yepes Gómez esposa del ex contralor Carlos Felipe Córdoba, compró una casa en el Conjunto Samanes de Tucurumbi en Pereira. Con los vendedores Néstor Tavares y Marisol Rico se comprometió a pagar un precio final de $400 millones. $120 millones a la firma y $280 millones con un crédito hipotecario aprobado por el banco BBVA.
Cinco años después Yepes le apostó a otra vivienda. Adquirió una casa en el conjunto Malabar también de Pereira. El negocio quedó sellado en la Notaría Quinta de la misma ciudad el 5 de octubre de 2021.
Aquí apareció en la vida de Marcela Yepes y Felipe Córdoba, el nombre de Sara Moreno. Para ese momento Córdoba ya empezaba a transitar por la recta final de su periodo como contralor general de la República.
Yepes y Casas suscribieron una permuta el 16 de octubre de 2020. En un documento de cinco páginas se obligaron mutuamente. La primera, es decir la esposa del entonces contralor, le transferiría la propiedad que había adquirido cinco años atrás, en el Conjunto Residencial Campestre de Samanes de Tucurumbi, ubicado en el centro de Cerritos.
El bien consistía en un lote de 1.554 metros cuadrados y una casa de enormes proporciones en la cual Yepes se comprometió a declarar la construcción en la escritura pública.
Por su parte, Sara Moreno pactó entregar el lote 7B denominado Malabar con una extensión de 4.175 metros cuadrados, así como la casa que estaba en obra gris y cuyos planos arquitectónicos fueron anexados.
Moreno también se obligó a pagar y levantar un embargo que pesaba sobre ese predio. Los acabados de la casa de Malabar se pagaron con recursos de Yepes y Córdoba, para ello la pareja constituyó una hipoteca por $1.000 millones la cual quedó establecida en la escritura 6821 del 12 de noviembre de 2021.
El crédito fue otorgado por el Banco de Bogotá con un plazo de 180 meses, de las cuales, el ex contralor ha pagado 19 cuotas, cada una por casi $6 millones. Como cláusula penal para afrontar un eventual incumplimiento de la permuta fijaron el 5% del valor, es decir, $55 millones.
En diálogo con la Agencia de Periodismo Investigativo, API, Sara Moreno en un tono de hastío, informó que a la firma de la promesa de permuta no le contó a la pareja Córdoba-Yepes que había estado en prisión investigada por cuenta de su inquilino que le montó un laboratorio de coca treinta años atrás en su finca. Argumentó que no lo encontró necesario porque a ella y a su esposo le precluyeron la investigación. (Ver entrevista anexa).
En otras palabras, al ex contralor Córdoba lo cuestionan por hacer un negocio con Sara Moreno quien estuvo investigada cuando él tenía 13 años de edad y a ella la señalan de narcotraficante a pesar de tener un fallo a su favor.
La elección de procurador
Pero todo huracán tiene un ojo y éste tiene nombre propio: la elección de procurador General de la Nación. Recientemente ha tomado fuerza el nombre de Carlos Felipe Córdoba por cuenta de una solicitud de concepto que estudia el Consejo de Estado en el que se analiza si el exvicecontralor general, ex auditor general y ex contralor general cumple los requisitos académicos y de experiencia para ocupar dicho cargo.
Y aunque en el sonajero hay mas candidatos que posibilidades, muchos suenan o están haciendo campaña para ser ternados o por la Corte Suprema, el Consejo de Estado o el Presidente de la República.
Entre ellos, el exministro de justicia Wilson Ruiz; la mano derecha de German Vargas Lleras, el exministro Luis Felipe Henao, el contralor encargado Carlos Mario Zuluaga, el exvicefiscal Jorge Perdomo, el otrora abogado del presidente Julio César Ortiz y los exmagistrados Humberto Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas, entre otros, sin embargo, con siete de meses de anticipación el nombre a vencer parece ser uno solo: Córdoba.
Consultado por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, el excontralor Córdoba señaló: "La verdad hoy no puedo ser candidato". (Ver entrevista anexa).
Por ello le cuestionan también el contrato que suscribió junto con su esposa con una empresa domiciliada en Bogotá para realizar obra blanca y acabados en la casa que permutaron con Sara Moreno.
Esto bajo el supuesto que el representante legal de dicha firma es socio de Albeiro Rivera quien construyó el edificio de la Contraloría en Pereira. Pero al revisar el expediente desde su fundación la Agencia de Periodismo Investigativo, API halló otra cosa. El contrato de obra civil para la realización de acabados y obra blanca que Yepes y Córdoba suscribieron con la sociedad Cub S.A.S. se realizó por $1.000 millones.
El representante legal de CUB SAS y quien suscribió dicho contrato es Aly Said Carmona Tom. Se ha señalado que Carmona es socio de Albeiro Rivera, un contratista de la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, entidad creada en el año 2012 en el gobierno de Juan Manuel Santos, inicialmente para diseñar y ejecutar un proyecto de desarrollo y renovación urbana en el área denominada Centro Administrativo Nacional, CAN en Bogotá.
En los primeros tres años dicha entidad además de encargarse del CAN también se encargaría de los ministerios del centro de Bogotá y el traslado de la Base Naval de Cartagena. En el año 2015 pasó de denominarse Empresa Nacional de Renovación a Agencia Nacional Inmobiliaria adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre cuyo propósito era la gestión inmobiliaria y de infraestructura de las entidades oficiales.
Edificio de la Contraloría en Pereira
De esta manera, fue esta entidad la que se encargó de ejecutar la construcción del edificio de la Contraloría en Pereira. Lo cierto es que CUB SAS, la empresa que contrató el entonces contralor Felipe Córdoba y su esposa Marcela Yepes para realizar la obra blanca y acabados de la casa que recibieron en permuta, se constituyó mediante escritura pública el 3 de septiembre de 2004 en Bogotá.
Sus socios fundadores de la entonces sociedad de responsabilidad limitada fueron Ana Carolina Castellanos con 300 cuotas, Mirian Bernhard Spillett con 300 cuotas Edwin Urrutia Teuber y Aly Said Carmona con 700 cuotas cada uno.
El objeto social fue el desarrollo de actividades relacionadas con la arquitectura y la ingeniería En el año 2013, Bernhard Spillett cedió sus cuotas a Aly Said por $21 millones, convirtiéndose así en el socio mayoritario junto a Juan David Orrego Jaramillo.
En el año 2016 mediante asamblea extraordinaria de junta de socios se transformó a SAS y mantuvo a los mismos socios. En julio de 2022 en él acta suscrita el día cinco de ese mes quedó en evidencia que Cub SAS tenía un único socio Aly Said Carmona Tom.
Dos procesos
Ahora bien, en cuanto al edificio de la Contraloría que se construyó en Pereira existen dos procesos con un fallo de cierre.
El primero es una acción popular cuya accionada fue la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y que conoció la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda.
Y es que en el año 2019 la Contraloría y la Agencia Inmobiliaria suscribieron un convenio interadministrativo para la adquisición de predios para el funcionamiento de las sedes de la Contraloría a nivel nacional.
Los accionantes solicitaron que la Agencia como supervisora terminara o mejor profiriera resolución de la promesa de compraventa celebrada entre Albeiro Rivera Duque y la Fiduciaria Colpatria como vocera administradora de los patrimonios autónomos FC PAD Contraloría Convenio 402 y FC PAD Contraloría - Gerencia Risaralda
En dicha acción el Grupo Rivera se opuso argumentando que una vez suscribió el proceso de compraventa reunió los documentos necesarios para obtener la licencia urbanística la cual fue otorgada el 28 de junio de 2021 por la Curaduría Urbana número uno de Pereira.
En cuanto el uso del suelo arguyó que este fue incluido en el uso de equipamientos colectivos la cual se suscribe a aquellos establecimientos que prestan un servicio social comunitario y actividades del Estado.
Con respecto al valor del terreno este argumento que había sido un negocio entre éste y Bancolombia y que el precio del terreno y de la obra obedeció a un avalúo realizado por el IGAC, justo lo que solicitaban los accionantes.
Quince lotes
Por su parte, la Contraloría como tercera involucrada en la Acción Popular advirtió que visitó quince lotes e inmuebles que no cumplieron a cabalidad con los requerimientos geográficos, técnicos y jurídicos requeridos para el funcionamiento de la sede y que fue la Gerencia Administrativa y Financiera la que identificó en una página de Internet dedicada a la finca raíz, un edificio en construcción que se encontraba en obra gris y que había sido abandonado por su anterior propietario por razones económicas.
Se ofició a Bancolombia quien confirmó que no estaba disponible e indicó al Grupo Rivera PS en CS, empresa que entre el 7 de diciembre de 2020 y el 11 de febrero de 2021 entregó la documentación para el estudio de títulos del inmueble.
En marzo de 2021 se suscribió la promesa de compraventa entre el Grupo Rivera PS en C y la Fiduciaria Colpatria SA por valor de $12.157 millones. En la misma acción se indicio que el valor del metro cuadrado en esa zona era de $4.6 millones y el Grupo Rivera lo entregó por $4 millones el metro cuadrado, es decir un 12% más barato.
Lo cierto es que un fallo de 76 páginas el Tribunal declaró no probada la excepción de ausencia de cumplimiento por parte del accionante del requisito de procedibilidad de la acción popular, negó las súplicas y archivó.
Noticia criminal y un veedor
En el año 2021, un derecho de petición sin firma dirigido a la Agencia Nacional Inmobiliaria y una denuncia posterior terminó en la apertura de la noticia criminal 2021-52716, por los presuntos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Meses después, un fiscal avocó conocimiento e impartió órdenes de policía judicial, entre ellos toda la documentación que reposaba en Secop II. Un mes después la Fiscalía 28 solicitó al Director Seccional de Risaralda la variación de la asignación a la Unidad Nacional Especializada contra la Corrupción argumentando que éste no solo era el competente si no el idóneo por la complejidad del caso. Cuatro meses después mediante Resolución 0-1649 se cambió la asignación de un fiscal de Pereira a dicha unidad especializada.
El primero de diciembre de 2021 un investigador del CTI ubicó a dos funcionarios de la Contraloría, miembros del sindicato Confispcol que actuó como denunciante con el propósito de ampliar la denuncia. Sin embargo, ellos remitieron al investigador a que se comunicara con Carlos Alfredo Crosthwaite, quien aunque era un tercero ajeno a la denuncia, los denunciantes aseguraron que era él quien tenía la información.
El 11 de enero de 2022, Crosthwaite le aseguró al CTI que él era un veedor y no el denunciante, y que conocía del caso porque algunos miembros del sindicato lo habían buscado ora que en virtud de su conocimiento y experiencia informara sobre el derecho de petición presentado ante la Agencia Inmobiliaria.
El autodenominado veedor aportó once documentos entre estudios de títulos, archivos de correos entre la Contraloría y el Grupo Rivera, revista Constudata entre otros. Así mismo se decretó una inspección a la Alcaldía de Pereira para obtener la documentación referente al licenciamiento del proyecto de la nueva sede de la Contraloría Departamental de Risaralda ubicado en el barrio Maraya.
También se determinó una inspección al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda con el propósito de obtener los documentos de la Acción Popular interpuesta.
De la misma forma, se mandó escuchar a la directora y subdirectora de la Agencia Inmobiliaria, Victoria Restrepo Uribe y Juanita Sanín, respectivamente y Andrés Gallego como secretario general. Del lado de la Contraloría se tomó entrevista de Sandra Bohórquez gerente administrativa y financiera y de Antonio Díaz Montiel, subdirector de infraestructura Bienes y Servicios del organismo de control.
Los costos
Uno de los hechos que se reprochó por parte del denunciante es que antes de ser adquirido el inmueble por el Grupo Rivera mediante escritura 4396 del 19 de diciembre de 2020 a Bancolombia, “la alta dirección de la Contraloría, conocía de la existencia del inmueble y no adelantó en conjunto con la Agencia Inmobiliaria las negociaciones para adquirir el inmueble con Bancolombia y con ello ahorrarse $1.984 millones”.
Sin embargo, el investigador del CTI halló que el 13 de noviembre de 2020 mediante oficio terminado en 3197 la Contraloría, a través de la gerencia administrativa le manifestó a Bancolombia el interés en adquirir el inmueble, Proyecto Neuricentro ubicado en la carrera 10 # 41-29 Barrio Maraya y ofertó $4.000 millones por el mismo.
Pero ese mismo día Elkin Alfonso Giraldo Zuluaga respondió un correo electrónico que firmó como gerente de gestión comercial de la Vicepresidencia de Asuntos Administrativos de Bancolombia asegurando que el inmueble no estaba disponible por venta del mismo sin indicar el nombre del comprador.
Luego, a mediados de enero de 2021 la Contraloría y la Agencia Inmobiliaria le indicaron al entonces propietario su intención de adquirir el predio. El fiscal archivó la investigación asegurando que para la fecha de respuesta de Bancolombia se desconocía para la Contraloría quien había sido el comprador, que en la propuesta que realizó el ente de control éste aseguró que no podía superar el valor del avalúo del IGAC, que si existió legítimo interés de la entidad en adquirir el inmueble.
También indicó que de los informes de auditoría realizados no se evidenció sobrecostos, el precio se fijó de manera integral y que Bancolombia aceptó la venta a un particular por un valor inferior al avalúo del IGAC, "ello no significa que el buen inmueble haga disminuido su valor comercial y ello le permite al nuevo dueño quien fue el comprador realizar un nuevo negocio jurídico", indicó la providencia
Así mismo reiteró que la Contraloría no había suscrito contrato de obra para la adecuación del buen inmueble como se afirmó en la denuncia En cuanto a los recursos, el fiscal aseguró que se constituyeron como patrimonio autónomo y se administraron mediante fiducia y que si bien el avalúo utilizado en la compraventa no fue solicitado directamente por la entidad estaba vigente y había sido emitido por Autoridad competente, esto es el IGAG.
En cuanto al precio final, el ente acusador aseguró que el avalúo final realizado por el IGAG fue de $12.848 millones y el valor pagado fue $691 millones menos, esto es $12.157 millones.
'Calzones' y el excontralor
A Córdoba también le han escudriñado los amigos. Uno de ellos es Cesar Giraldo, el mismo que el 20 de agosto de 2018 tras la elección como contralor general, le dijo a un noticiero: “Aquí apoyando al doctor Felipe”.
A ambos los une una ciudad: Pereira. Giraldo nació en Santa Rosa de Cabal, tiene 50 años de edad y su familia es de Él Peñol, Antioquia. Inició en 1987 en las plazas de mercado comercializando tomate chonto y hoy es un hombre de múltiples ceros a la derecha. Ha tenido empresas de pollos, tomate, aguacate y en especial de cultivo y comercialización de café en Antioquia, Risaralda y Quindío.
Al despuntar la década del dos mil cuando estaba dando el salto comercial del tomate chonto al café conoció a Carlos Felipe Córdoba, el primero acababa de montar un concesionario y el segundo era el secretario de Gobierno de Pereira. Así se hicieron amigos.
Llegó el año 2011 y con este prácticamente la roya comercial para los cafeteros. Fenómenos climáticos y un exceso de lluvia en un 33% por encima de los niveles históricos hicieron que éste fuera uno de los más difíciles de la historia.
El café tenía un precio de sustentación pero este fue eliminado bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, éste no escuchó y se convocó a una paro nacional cafetero.
Allí empezó Giraldo a hacerse público y mediático, se acercó a Álvaro Uribe para que lo ayudara a recuperar el precio de sustentación del grano para los cafeteros a nivel nacional y terminó siendo uno de los impulsores en la fundación del Centro Democrático del cual es militante activo.
La elección
Pero a pesar de ser un peso pesado en el partido no logró que la colectividad de Uribe le retirara el respaldo a José Félix Lafaurie quien ante la victoria presidencial de Iván Duque en 2018, daba por descontado que sería el próximo contralor general, pues se suponía tendría las aplanadora del presidente.
El partido Liberal fue el primero en anunciar públicamente su adhesión a Córdoba, horas después a las afueras de la Casa de Nariño y segundos antes de entrar a una reunión con Duque, Aurelio Iragorri entonces presidente de La U y Germán Vargas Lleras de Cambio Radical, se sumaron.
Días después hizo lo propio el Partido Conservador, no sin antes varios de sus militantes intentarán persuadir a Iragorri de sumar su fuerza política a Wilson Ruiz quien también aspiraba.
Hasta el día de la elección el Centro Democrático respaldo a Lafaurie quien tenia casada una pelea con Aurelio Iragorri porque en momentos en que se desempeñó como ministro de Agricultura de Santos le dio un golpe de gracia a Fedegàn y sus finanzas.
A última hora el Centro Democrático se sumó a Córdoba, pero ni siquiera en unanimidad, pues Lafaurie obtuvo 12 votos. Sin embargo, en el Congreso estaba Cesar Giraldo, quien dijo que estaba apoyando a Córdoba,
Giraldo y la campaña presidencial
Hoy cuando se avecina la contienda de la Procuraduría, el nombre de Giraldo le vuelve a ser enrostrado al ex contralor Córdoba, con un hecho que abruptamente le endilgaron al cafetero de marras.
Y es que en plena campaña electoral, a mediados de mayo de 2022 el entonces candidato, Gustavo Petro en un evento público en Soacha, Cundinamarca, aseguró que Cesar Giraldo Montoya conocido como `Calzones` era la persona que estaba detrás de las amenazas de muerte en su contra y dijo ser ésta la razón para cancelar su gira en el Eje Cafetero.
Petro a ese señalamiento le agregó otro tanto. Dijo que el pereirano manejaba préstamos gota a gota y que la banda delincuencial La Cordillera era la encargada de cobrar ese dinero.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API entrevistó a Giraldo. Aseguró que todo empezó porque en los Llanos Orientales hay otro hombre al que también denominan calzones, aseguró no conocerlo. Negó cualquier vínculo con Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco" y con la banda La Cordillera.
"A mi me vincularon con un expediente. Usted sabe que cualquier policía coge la foto de uno y lo incluye en un organigrama", señaló. (Ver entrevista anexa).
Interceptaciones y la campaña
Hubo respuesta de las autoridades frente al caso. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol con fecha 27 de noviembre de 2023, contestó que Giraldo no tenía asuntos pendientes con las autoridades judiciales. Por su parte, la Dirección de Inteligencia Policial -Dipol, señaló que su función no es adelantar investigaciones penales y en cuanto al organigrama en el que aparece Giraldo relacionado con banda La Cordillera aseguró desconocer lo indagado.
Para esa misma época el fiscal Séptimo Especializado, Luis Manuel Alzate informó que se inició una indagación el 2 de junio de 2021 a petición de Policía Judicial con informe ejecutivo del 31 de mayo el cual planteaba la existencia de un grupo organizado de personas dedicadas a actividades ilegales
En comunicación oficial indicó que en virtud de lo anterior se decretó la interceptación de varias líneas telefónicas y las cuales fueron archivadas por inexistencia del hecho, "le reiteró que frente a la investigación penal de la referencia no ostenta usted al día de hoy calidad alguna como parte o interviniente (…) la condición de víctima que usted refiere tener lo es probablemente frente a la investigación por amenazas en el caso 660016000059xxxx".
Adicionalmente, esta Agencia conoció declaraciones entregadas por varios altos funcionarios del Estado en momentos de la campaña presidencial de 2022 y quienes fueron preguntados por el presunto atentado que denunció el entonces candidato Gustavo Petro.
Por ejemplo, el otrora ministro del Interior, Daniel Palacios afirmó, "Yo estuve en una reunión, la cual fue solicitada por mi, luego que él entonces candidato Petro y su equipo de campaña manifestaron públicamente de que cancelaban la agenda en Risaralda porque al parecer iban a atentar en su contra en Dosquebradas", aseguró el hoy exfuncionario.
Pero éste arrojó otras luces. Aseguró que el Gobierno Duque se enteró de ello por los medios y que nunca lo hicieron a través de canales oficiales como por ejemplo que el Coronel Feria lo reportara a la Policía, que interpusieran denuncia en Fiscalía o se comunicaran incluso con el Gobierno.
"En ese momento, el punto de contacto con la campaña era el doctor Armando Benedetti, a quien yo le llame y le consulté (…) yo le dije que nosotros como gobierno no teníamos ninguna información de amenazas contra el candidato o de un presunto atentado", señaló.
La reunión
Acto seguido dijo que la reunión se llevó a cabo en el Congreso, en la oficina de Armando Benedetti, con él llegó el candidato Petro, Augusto Rodríguez actual director de la Unidad Nacional de Protección, UNP y Luis Eduardo Parra actual contralor Delegado para el Sector Defensa, así como Laura Sarabia quien acudió un rato allí pero se fue.
Por el lado del gobierno Duque estuvo el ministro Palacios, el director de la Policía Jorge Luis Vargas y el entonces director de la UNP, Alfonso Campo.
"Augusto Rodríguez relató que un muchacho era el encargado de planear y ejecutar el atentado por parte de la banda La Cordillera, éste le dijo al papá y que el papá era Petrista y éste se acercó a la sede de campaña y les contó", se lee en una declaración en poder de esta Agencia.
El general Jorge Luis Vargas presente en la reunión preguntó por quien era la persona pero ellos dijeron que no podían suministrar el nombre. Al preguntar por más detalles como en qué lugar sería el atentado o algún otro elemento, no dijeron nada más.
La declaración del entonces director de la Policía Jorge Luis Vargas confirmó la de Palacios y éste agregó que, "Llamé a la Fiscalía para que asignaran a un fiscal. Llame a la vicefiscal, producto de esa reunión" el oficial reiteró que hasta el día en que estuvo al frente de la institución no recibió información de capturas o de que se hubiera podido corroborar el presunto atentado.
Es el abrebocas de lo que será la campaña a procurador general de la Nación. Con muchos aspirantes, Carlos Felipe Córdoba es sobre quien se enfilan ahora todas las baterías. Su pasado, presente y movidas futuras están bajo la lupa. Seguramente vendrán nuevos cuestionamientos contra quienes intenten llegar a dirigir el Ministerio Público, en el contexto de una elección trascendental en donde todo valdrá para hacerse al reemplazo de Margarita Cabello Blanco.
"Hoy no puedo ser candidato"
Carlos Felipe Córdoba
Excontralor general
¿Cuál es su relación con Sara Moreno y cómo la conoció?
A la señora Sara Moreno la conocí durante el proceso de venta de nuestra primera casa en el condominio Samanes de Tacurumbi. No tenemos relación distinta a esa.
¿En 1993 ella fue capturada y estuvo en prisión, como no supo de este antecedente antes de hacer el negocio del predio?
Vinimos a darnos cuenta de esa captura por un medio de comunicación ya que eso pasó en el año de 1993 y luego fue exonerada. Declarada inocente. Era muy difícil dar la cuenta de ese hecho. Ya que cinco años después se borran los antecedentes judiciales. Si le busca hoy sus antecedentes penales van a ver que no aparece nada
¿Quién es César Giraldo, 'Calzones', como lo conoció y qué tipo de relación tiene con el? ¿Sabía usted que fue incluido en un organigrama de la Banda Criminal La Cordillera como supuesto implicado para hacerle un atentado al presidente Gustavo Petro y además fue perfilado como narcotraficante?
Conozco a César Giraldo así como conozco a la mayoría de empresarios y comerciantes Pereiranos. Recuerde que yo trabajé en la Cámara de Comercio de Pereira, fui secretario de Gobierno del Municipio y secretario privado de un Gobernador de 2008 a 2010. Esa información fue pública y espero que él pueda defenderse de esos señalamientos.
¿Giraldo le ha financiado a usted alguna campaña política?
Ni César Giraldo ni ninguna otra persona me ha financiado ninguna campaña.
¿Quién es Albeiro Rivera? ¿Qué tipo de relación tiene con él?
El Señor Albeiro Rivera es un Constructor de la Región. Lo conocí después de que la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco contratara la construcción y puesta en marcha del edificio de la Contraloría General en Pereira durante una visita para ver el estado del edificio. No tengo ninguna relación con él más que la que se tuvo para la construcción del edificio de la contraloría en Pereira
¿De donde salieron los recursos para comprar su casa en Pereira que aseguran le costó $1.500 millones?¿Cómo fue el negocio?
Los recursos para la compra de nuestra casa en Pereira ha salido del fruto de nuestro trabajo. Es importante aclarar que nuestra primera casa se vende por 1.500 millones por intermedio de una permuta donde se establecía en el intercambio un lote y una construcción hasta la obra gris porque hasta allí alcanzaban los recursos. Luego tuvimos que pedir un crédito al banco de Bogotá por 1.000 millones de pesos el cual estamos pagando, para poder terminar la obra de la casa.
¿Es usted candidato a la Procuraduría?
La verdad hoy no puedo ser candidato.
¿Cómo interpreta el hecho de que lo relacionen con una persona que hace 31 años fue procesada, con un empresario mencionado en un organigrama de una banda criminal por un supuesto atentado al entonces candidato Gustavo Petro y señalado en su caso de no tener claridad de los recursos con los que compró una casa con su esposa en Pereira?
Se puede ver que hay gente mal intencionada tratando de relacionarme en ese sentido para dañar mi reputación. Sobre todo queriendo conectar conmigo temas en los cuales nunca he participado o que simplemente no tienen relación con mi vida personal ni profesional. Mi vida ha sido transparente y por eso se tienen todos los soportes para demostrar que no se ha realizado nada que vaya en contra de la ley.
¿Usted fue vicecontralor, auditor general, contralor general, entre otros cargos, ¿percibe que todas las denuncias en su contra son de enemigos políticos que no quieren que sea procurador general de la nación?
Si, creo que quienes están queriendo relacionarme con circunstancias y relaciones espurías lo único que quieren es dañar mi reputación. Eso dado a que hay muchas especulaciones sobre una posible candidatura a la Procuraduría General de la Nación que hoy no existe. Quién sabe a quién le incomoda tanto que un humilde pereirano, montañero y provinciano suene porque es solo eso. Sonar para un cargo nacional
"Estoy dispuesta a aclarar lo que sea"
Sara Moreno
Comerciante en finca raíz
¿Cómo conoció al doctor Carlos Felipe Córdoba?
Yo compré un lote en Pereira en una urbanización, ya tenía los planos y estaba haciendo la casa, pero allí fue donde me puse a pensar casa en Medellín, casa en Pereira, voy a comprar mejor una casa más pequeña porque yo pensaba hacer una casa muy grande. Entonces me puse a averiguar una casa, entonces me dijeron que alguien estaba vendiendo una casa en esa urbanización, no me dijeron de quién era. Entre allá, pregunté de quién era y me dijeron como comunicarme con ellos y les propuse con el arquitecto que me estaba trabajando que dividieran el lote y entonces hacíamos un intercambio y yo me quedaba con la casa, así lo conocí.
¿La propuesta a quien se la hizo?
Esa vez estaba Marcela, la esposa, la idea era intercambiar la casa por el lote con lo que le había metido en obra y al fin se dio el negocio.
¿Y el lote donde está ubicado?
En una urbanización muy grande y muy bonita. Yo iba a hacer una casa que había empezado, pero después me puse a pensar que no estaba en el momento para hacer más gastos y decidí que mejor si podía vender el lote lo vendía y me compraba una casa lista que no le tuviera que meter más plata. Y así fue, la ofrecí, ellos fueron, les gustó, allí fue donde conocí al doctor Felipe, cuando fueron a ver el lote porque a él yo no lo conocía
¿Cómo conoció a Albeiro Rivera y qué relación tiene con él?
Yo lo conozco en Pereira y ese señor vende propiedad raíz y construye y él me mostró un lote que estaban vendiendo por Cerritos que todavía tengo y por intermedio de él yo le compré ese lote, pero fuera de eso no he tenido más negocios con él.
¿Usted y su esposo a qué se dedican?
Nosotros tenemos fincas, toda la vida hemos tenido fincas y cuando decidimos salirnos de Caldas, nos vinimos para Medellín, creamos una empresa Bienes y Proyectos de compraventa de propiedades, las compramos, las arreglamos y las volvemos a vender. Otras nos quedamos con ellas y así. Tenemos también una empresa que se llama Inversiones Mejía a la que estaba a nombre la finca del problema.
¿Usted tiene alguna relación con un señor que se llama Aly Tom?
¿El arquitecto?, si claro. A mí me lo presentaron en Pereira cuando estaba buscando quien me hiciera la casa en ese lote. Me mostró el brochure y las cosas que ha hecho, me gustó como trabaja.
¿Qué opina usted que se conozca este tema en momentos que se afirma que el señor Carlos Felipe Córdoba podría aspirar a ser procurador general de la Nación?
El problema de la finca a mí me afectó mucho para muchas cosas porque usted sabe cómo es este país, sacamos todo en limpio, me devolvieron todo, y está todo por ley, pude vender esa finca porque de lo contrario el gobierno me la hubiera quitado. Eso parece es una persecución según me dijo a mí, mi esposo que es el que entiende de política, usted sabe cómo es la política en este país. El que nada debe nada teme y estoy dispuesta a aclarar lo que sea porque no tengo problemas con nadie.
"Estos señalamientos han derivado en amenazas contra mi y mi familia"
Cesar Giraldo
Comerciante de vehículos y cafetero
¿Cómo conoció al ex contralor Carlos Felipe Córdoba y cómo es su relación con él?
El doctor Felipe Córdoba fue secretario de gobierno de Pereira, si mal no estoy en 2005, lo conocí en el concesionario que está ubicado en la avenida 30 de agosto con calle 24 por mi tema comercial. Si mal no estoy, él me compró una camioneta Vitara eso fue tal vez en el año 2006.
¿A partir de entonces como fluye su amistad con él?
Normal, a veces espacio físico molestaba por el concesionario entonces me tenia que relacionar con él.
¿A usted lo han ubicado también cercano al Centro Democrático, le gusta la política? ¿Ha aspirado a algún cargo?
En el año 2011 el precio del café estaba muy bajo, tenía un precio de sustentación que le quitaron pedimos ayuda del presidente Juan Manuel Santos pero no lo hizo por eso convocamos un paro nacional cafetero. Allí me visibilice con los medios, le pedimos el favor al expresidente Álvaro Uribe que nos ayudara, él nos colaboró no para que el gobierno nacional nos escuchara y se logró que nos dieran a todo el gremio un billón de pesos y eso alivió nuestras cargas. En 2013 Uribe creó un partido político que en ese momento no era el Centro Democrático, me llamaron para acompañar esas campañas y así lo hice, esto luego que nos tendieron la mano a todos los cafeteros. Y luego me volví militante del Centro Democrático al cual sigo perteneciendo.
¿Por qué le dicen calzones?
Porque en el año 90 cuando vendía tomate a una cadena de almacenes llamaron a una reunión a Medellín porque se estaban quedando sin este y otros productos, allí necesitaban una persona que garantizara el tomate llegara a los almacenes porque había momentos que escaseaba, pidieron firmar unos pagarés nadie lo hacía entre veinte personas que había en la reunión, yo tomé la decisión de hacerlo y el gerente dijo: “ustedes no tienen la verraquera y los calzones que tiene este muchacho que si los tiene bien puestos”, y desde entonces todos cariñosamente me empezaron a decir así.
¿Usted financió la campaña de Córdoba a la Contraloría y por qué no apoyó para ese momento a José Félix Laurie si él era como usted, del Centro Democrático?
Yo en ningún momento lo he financiado, para nada. Simplemente aquí hay unos actores políticos que no me querrán a mí o lo querrán a él dijeron que yo era el que lo financiaba o que era amigo mío. Todo empieza porque tengo entendido que en los Llanos Orientales, en Casanare hay un tipo condenado que le dicen John Calzones entonces tratan de mezclar y confundir a la gente conmigo y sacan una foto mía con el doctor Felipe. De hecho el día de la elección de él estábamos en Bogotá y yo me hablaba con él. De hecho en estos momentos llevamos días sin hablar, no sé puede desconocer que él es amigo mío pero yo no he cometido ningún delito. Tampoco tengo nada que ver con el señor John Calzones.
¿Pero usted empieza apoyando a Carlos Felipe Córdoba o a José Félix Laurie?
Yo no puedo apoyar porque los que votan son los congresistas. Los partidos tienen unos directores, estos son los que llaman a las bancadas y allí se toman las decisiones. Al final, imagino yo, el expresidente Uribe fue el que tomó la decisión de apoyar al doctor Córdoba. Yo allí no tengo nada que ver porque no tengo voz ni voto. Yo simplemente soy un militante en Risaralda de allí en adelante no soy nada más.
¿Se ha hablado que usted tiene vínculos con el narcotráfico y con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco?
Eso es falso completamente de toda falsedad. A mí me hicieron una vinculación con un expediente, con mis abogados de oficio a la Fiscalía para saber mi situación y si existía investigación penal en mi contra. Respondieron oficialmente que yo no estoy investigado por ningún tema de esos. Entiendo yo que eso ha sido político. Eso empieza en la campaña presidencial de Federico Gutiérrez, porque ellos acá no se puede desconocer que en el tema cafetero uno lideraba. Lo que han creado es un monstruo sobre mentiras y sobre supuestos diciendo que yo era amigo, pero al señor Gutiérrez no lo conozco.
¿Y ese expediente con el que lo relacionaron en qué consiste?
Es un expediente en el que dicen que yo aparezco en un organigrama. Usted sabe que un organigrama lo realiza un policía cualquiera, lo monta en un computador con una foto en blanco y negro y la colocan allí. Eso por hacer los favores que quieren hacer de uno u otro lado.
¿Y organigrama en una organización que dirige quién o con quien?
En una organización criminal llamada la banda Cordillera. De eso dicen que yo iba a atentar contra el presidente de la República Gustavo Petro cuando era candidato.
¿Y de dónde sale esa versión?
Sale de la campaña del hoy presidente de la República Gustavo Petro. En su momento cuando están en campaña dice que no puede venir a Pereira que porque una banda criminal va a atentar en contra de él, y que esa banda criminal es liderada por un gota a gota que se disfraza. Yo por el contrario trabajo con el dinero de la banca de Davivienda y todos estos bancos que me prestan dinero. Afirman que yo soy un gota a gota que financio, que soy presuntamente financiador de ese atentado. Nosotros con los abogados le hemos pedido a la Fiscalía que nos dé el informe que nos diga en qué estamos inmersos. Lo que haya que hacer lo haremos y responderemos a la justicia.
¿Usted inició acciones legales por esos señalamientos que hicieron en su contra?
Estamos trabajando con unos abogados, con nuestro equipo de defensa y vamos avanzando en unos temas. Estos señalamientos por el contrario han derivado en amenazas a mi, contra mis hijos, yo ando solo, aunque dicen que tengo cien escoltas. De hecho hace ocho días a mi hijo lo estuvieron llamando de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.
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