Argumentando una supuesta calidad de adjudicataria dentro de un proceso de remate de inmueble, y como cesionaria de unos derechos litigiosos, Luisa Fernanda Cardona Velásquez, la exnuera de Luis Enrique Ramírez Murillo, alias "Miki", narcotraficante y financiador de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, intentó despojar a las víctimas de uno de los predios más emblemáticos de la guerra ubicado en la región de los Montes de María, una prolongación de la Serranía de San Jerónimo, conformada por 15 municipios de Bolívar y Sucre.
Una zona icónica en el mapa de la violencia en Colombia, donde ocurrió una de las mayores atrocidades en la historia reciente del país, la masacre de El Salado. Durante seis días del mes de febrero, entre el 16 y el 21 del calendario del año 2000, 450 paramilitares asesinaron a 60 personas; los sobrevivientes huyeron y de aquella población solo quedó el rótulo de pueblo fantasma.
En aquella región de los Montes de María, entre 1999 y 2001 se perpetraron 42 masacres que dejaron 354 víctimas mortales. Se trata del predio Hato Viejo ubicado en Zambrano, Bolívar, con una extensión de 605 hectáreas que hace parte de un globo de terreno conocido como "El Hacha Jesús del Río".
En este lugar, según documentaron y relataron testigos a la Fiscalía que se reunieron los hermanos Fidel y Carlos Castaño y Hernán Giraldo, conocido como 'El Señor de la Sierra', así como los jefes de cuadrillas paramilitares, quienes recibieron entrenamiento del mercenario israelí Yair Klein.
Un predio que además fue denunciado por el postulado de Justicia y Paz, Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias "Gordo Lindo", desmovilizado del Bloque Pacífico - Héroes del Chocó y narcotraficante camuflado en las autodefensas
En su versión del 2 de marzo de 2007, el paramilitar evidenció dos fincas como bienes del paramilitarismo, "La Esmeralda" y "El Hacha Jesús del Río".
Tres años después, en otra diligencia practicada el 21 de diciembre de 2010, alias "Gordo Lindo", hombre de la guerra y del narcotráfico señaló que alias "Miki" Ramírez era un paramilitar con un grupo "legalizado" bajo el manto de 'Las Convivir', tuvo a su nombre la finca "Jesús del Río" con 70 hectáreas correspondientes a la casa principal, pero que además tenía otras 1950 hectáreas.
Las jugadas
El narcotraficante y paramilitar "Miki" Ramírez, había comprado mediante escritura 129 del 29 de enero de 1988 a Iván de Jesús Jiménez Zuleta los bienes "El Hacha Jesús del Río", "Veranillo" y "Hato Viejo".
Por ello, la Sala de Justicia y Paz, a solicitud de la Fiscalía, ordenó el 27 de enero de 2021 medidas cautelares consistentes en el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el predio.
Pero dos años después, el 13 de febrero de 2023, Luisa Fernanda Cardona Velásquez, quien estuvo casada con Fernando Ramírez Gasca, hijo de "Miki" Ramirez, radicó un incidente de oposición de terceros ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, reclamando el bien como suyo, pero el alto tribunal determinó que no tenía competencia para decidir el asunto.
Un mes después, la magistratura de Control de Garantías del Tribunal Superior de Barranquilla Sala de Justicia y Paz conoció del tema y convocó a una audiencia y a práctica de pruebas. Todo con mediante maniobras jurídicas inadvertidas y de filigrana en las que participaron varios allegados que comenzaron años atrás.
El 4 de abril de 2013, el abogado Fermín Amado Saavedra radicó para reparto un proceso ejecutivo en contra del narcotraficante y paramilitar Luis Enrique Ramírez Murillo, alias "Miki", porque supuestamente éste le adeudaba $500 millones por concepto de honorarios, y para garantizar el pago de la obligación, el narco le firmó un título valor como garantía de pago.
Solo quince días después, el juez libró mandamiento ejecutivo, es decir, ordenó el pago y en el mismo dispuso medidas cautelares de embargo y secuestro del bien.
Incluso, como pocas veces sucede en este tipo de procesos, se logró la notificación personal, se aportó la liquidación del crédito, es decir, de lo adeudado por alias "Miki", así como otros trámites procesales.
Remate y abogados blandos
El 2 de diciembre se fijó fecha de remate y trece días después el juzgado fue informado que paradójicamente el abogado Fermín Armado Saavedra, a pesar de su profesión y con suficiente experiencia, no quiso continuar con el proceso sino que prefirió vender ese derecho litigioso a la Luisa Fernanda Cardona Velásquez, exnuera de su deudor por $100 millones. Dicha cesión fue aceptada el 15 de diciembre de 2014.
Lo mismo sucedió con otro litigante, Carlos Trujillo Parra, quien también había iniciado un proceso ejecutivo, supuestamente para que el narco le pagara sus honorarios, acumuló su demanda en dicho proceso y también, a pesar de su profesión de abogado, se abstuvo de continuar con el litigio y prefirió también venderle los derechos litigiosos a la mujer por $150 millones. Estos pagos la exnuera los hizo con cheques de gerencia de Bancolombia.
Luisa Fernanda Cardona Velásquez, en su calidad de cesionaria, pasó a ser la acreedora dentro del pleito civil y su exsuegro y abuelo de sus dos hijas, su deudor.
Como éste no le "pagó" la supuesta deuda de la cual ella compró la cesión, continuó con el impulso procesal hasta que se decretó el 3 de octubre del año 2016 como la fecha en la que se realizaría el remate; día en el que finalmente le fue adjudicado. Dieciocho días después, el remate fue aprobado.
Sin embargo, la maniobra jurídica se evaporó el 23 de julio de 2018 cuando la Agencia Nacional de Tierras, ANT se presentó como tercero interesado y solicitó la suspensión de todas las actuaciones dentro del proceso y emitió una resolución en la que se afectaba dicho inmueble. El 20 de abril de 2019 se le comunicó a dicho juzgado la resolución del proceso de extinción de dominio de dicho inmueble.
Es por ello que la mujer ha intentado por todos los medios intentar convencer a jueces y magistrados que ella en todo este lío simplemente es un tercero de buena fe, por ello promovió un incidente de oposición de terceros en contra de las medidas cautelares decretadas por la Fiscalía.
Nuera y agricultora
La mujer, a través de su apoderado, le dijo a los magistrados que ella había desarrollado actividades agrícolas en Uruguay pero que había regresado al país para invertir, "las jugosas divisas ganadas" con la venta de cosechas de soya y trigo pero que necesitaba una infraestructura logística y por ello había pensado en Hato Viejo, que hace parte del englobe de la hacienda El Hacha Jesús del Río.
También se describió como una prominente comerciante en agricultura que lleva en su ADN una vocación de empresaria pues su padre se dedica en Medellín al comercio y diseño de calzado. Para demostrar su genealogía emprendedora también advirtió que su hermana melliza vende colchones en la capital de Antioquia y su madre al comercio en San Andrés.
Otro detalle que entregó la mujer para deslindarse de cualquier señalamiento es que ella sí mantuvo una relación sentimental con uno de los hijos de alias a "Miki", llamado Francisco Ramírez Gasca, pero que no tienen ninguna comunicación, que jamás contrajeron matrimonio y que no hicieron separación de bienes.
Luego relató que tiene un establecimiento de comercio tipo spa y que adquirió el inmueble Hato Viejo con recursos lícitos de cosechas en el exterior de los cuales devengó entre US$80.000 y $100.000 anuales.
Pidió entonces que se levantaran las medidas cautelares decretadas por Justicia y Paz y arremetió contra Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias "Gordo Lindo" pues aseguró que nunca había sido el titular del derecho de dominio de dicho inmueble, que este bien no hace parte de la masa de activos destinados a la reparación de víctimas.
Paradójicamente confesó que alias "Miki" era el abuelo de sus dos hijos pero se afianzó en que ella había comprado de buena fe y remató diciendo que alias "Gordo Lindo" había errado en señalar a su exsuegro porque este había sido indultado y que sus delitos apenas llevaron a peculado y falsedad en documento.
Cuando le preguntaron por qué Hato Viejo no había sido incluido en el proceso de extinción de dominio en contra de alias Miki aseguró desconocer el motivo, en cambio aseguró que, "continuar refiriéndose a esta temática constituye una revictimización".
Y como si esto no fuera suficiente en el proceso la Fiscalía demostró que la mujer ni siquiera había visitado el predio y que Andrés Tapias Buelvas el que supuestamente era el administrador del predio y trabajador de ella aparentemente lo era pero de alias "Miki".
En cuanto al abogado a quien ella supuestamente le compró los derechos litigiosos aseguró la mujer que lo conocía poco pues del contrato se encargó una abogada cuyo nombre dijo no recordar.
Luisa Fernanda Cardona, incluso a pesar de mostrarse como una próspera empresaria, no había pagado el predial del inmueble; las declaraciones de renta que presentó fueron posteriores al remate del inmueble, es decir, en 2021, y aseguró que ella declaraba impuestos pero en Uruguay y no en Colombia, pero esto tampoco lo demostró.
El prontuario de "Miki"
Otra de las aseveraciones de la mujer y sus apoderados, en los que se intentó mermar el prontuario criminal de alias "Miki", se cayó por el peso de la justicia.
La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de casación del 26 de marzo de 2007, confirmó la providencia del Tribunal Superior de Cartagena que lo declaró responsable como autor del delito de concierto para delinquir con fines de promoción de grupos paramilitares.
En 1997, Ramírez Murillo confirmó una estructura armada para su seguridad personal y la de sus bienes en Zambrano, Bolívar. Dicho grupo incluso tenía autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, bajo el nombre de Montes de María Ltda.
Dicho departamento de seguridad incurrió en retenes militares, ajusticiamiento, desaparición de personas, entrenamiento en métodos de guerra, utilización de uniformes y armas de uso privativo de las fuerzas armadas, entre otras conductas.
En los predios de este sujeto, El Hacha Jesús del Río y Esmeralda funcionaba una empresa de su propiedad, Frutas Tropicales de Colombia S.A. Para proteger dicha firma, el departamento de seguridad pasó, sin que mediara autorización, de 10 a 178 escoltas.
Tres sicarios que hacían parte de dicho grupo de seguridad privada, los hermanos Ezequiel, Jairo y Ober Valdez, asesinaron en enero de 1996 a dos propietarios de una tienda de víveres en el corregimiento Bajo Grande porque supuestamente ellos le vendían productos a la guerrilla.
Un testigo incluso le contó a la Fiscalía que la finca El Hacha Jesús del Rio había sido propiedad de Pablo Escobar y en donde se realizaron sendas reuniones con los máximos cabecillas del paramilitarismo y los entrenamientos por parte de Yahir Klein.
También en ese predio, alias "Miki", según se desprende de uno de los procesos por lavado de activos, ordenaría el homicidio del capitán Juan Carlos Álvarez, comandante de la red de inteligencia de la Armada en Bolívar.
Según informe de topógrafo forense, el predio Hato Viejo hizo parte de uno de mayor extensión denominado El Hacha Jesús del Río; esta sería la razón del porqué alias "Gordo Lindo" al denunciarlo lo hizo con el nombre genérico.
Cargamento de cocaína en Uruguay
Para la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que no le dio la razón a la exnuera de alias "Miki", argumentó que la buena fe calificada exige tomar precauciones que van más allá de un estudio de títulos y más en zonas donde es de conocimiento público que fueron azotadas por el crimen y la intimidación.
Y es que precisamente una de las subreglas del principio de buena fe enunciadas por la Corte Suprema de Justicia es que el supuesto tercero, al momento de la negociación, se debe determinar si este realmente tenía la posibilidad o no de conocer la titularidad del bien que adquiere o de un hecho indicativo de que debía realizar verificaciones adicionales.
En cuanto a la mujer que intentó hacer toda una maniobra jurídica para retener el bien en su familia. Ella fue la pareja de Francisco Enrique Ramírez Gasca, hijo de alias "Miki" Ramírez, señalado por las autoridades de Uruguay de liderar en ese país una red de narcotráfico, de donde huyó en abril de 2011.
La Policía uruguaya, el 24 de ese año, realizó una operación tras detectar movimientos sospechosos en una finca ubicada en el barrio Capurro en la calle Coraceros 3533; allí encontraron un montacargas en cuyos contenedores se hallaron 119 kilos de clorhidrato de cocaína, cuyo destino iba a ser Alemania.
En una propiedad de Ramírez Gasca fueron capturadas cuatro mujeres, una de ellas Luisa Fernanda Cardona Velásquez. Desde el año 2002, el hombre se había radicado en ese país y aparecía como dueño de la empresa EmbriinTech S.A.
En las declaraciones que le entregó a la justicia aseguró que tenía dos hijas con Francisco Ramírez Gasca, que al abogado Fermín Amado Saavedra, quien fue el que le ofreció el negocio de comprarle a él los derechos litigiosos, se lo presentó su exsuegro y abuelo de sus hijas alias "Miki" quien a su vez es el dueño del predio.
Cuando le preguntaron los magistrados en qué etapa del proceso compró los derechos litigiosos, no supo explicar porque dijo que de esos términos no entendía, tampoco sabía el nombre de la abogada que la había representado, ni cuánto le había pagado y ni siquiera tenía claro si había firmado o no contrato.
Asimismo, negó conocer que sobre el predio existiera una hipoteca, una posesión inscrita y una alerta de desplazamiento forzado. En fin, la exnuera no sustentó cómo hizo un negocio que nunca entendió.
El epílogo
No obstante a que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla negó las pretensiones de Cardona Velásquez de quedarse con la hacienda, recientemente apeló junto con los abagados la decisión ante la Corte Suprema de Justicia.
"Miki" Ramírez, disfruta de sus bienes y recursos producto de su actividad de varias décadas del narcotráfico en el departamento de Antioquia, una situación extensiva a su hijo. Los abogados que pujaron en un momento por la hacienda siguen en sus actividades profesionales.
Entretanto, miles de victimas de las autodefensas entrenadas por Yair Klein en su momento, esperan con paciencia para poder ser reparadas, entre otros bienes, con las 605 hectáreas en donde se gestó una barbarie que el país nunca olvidará.
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