Tras la elección de la penalista Luz Adriana Camargo Garzón como fiscal general de la Nación, las aguas no parecen apaciguarse del todo. Un ajedrez de intereses cruzados parece no dar tregua, ahora por la designación de vicefiscal y con varios aspirantes de origenes diversos.
Y es que con el pasar de las horas se acrecenta la versión que la renuncia de la candidata Amelia Pérez calificada de abrupta, extemporánea e indelicada, pues se realizó diez minutos antes de iniciarse la sala Extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, está lejos de haberse producido de manera unipersonal y voluntaria.
Un suceso que se interpretó como un intento de frustración de la elección de Camargo quien incluso, la noche anterior a su elección llegó a 19 votos y no 18, por lo tanto la maniobra Pérez, incluso en los cercanos al ministro Iván Velásquez, no fue bien recibida.
Precisamente esa es la otra margarita que se está deshojando. Hasta hace unas semanas, se hablaba de un cambio en el Ministerio de Defensa, se barajaron nombres como el del actual director de la Policía, William Salamanca, el exdirector del Gaula, el general en retiro Guatibonza y hasta el actual embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, quien siempre ha anhelado estar a la cabeza de esa entidad.
En este contexto, la pregunta que se hacen al interior de las filas castrenses es que si con la llegada de Camargo a la Fiscalía, en Casa de Nariño estarán aún dispuestos de prescindir de una de las personas más cercanas a la nueva fiscal. Por ello y como pocas veces ha sucedido, el cargo de vicefiscal empieza a ser un pulso feroz. Más de una veintena de fuentes consultadas por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, refieren a que cuatro frentes están en la línea de batalla.
Candidato del ministro de Defensa
El primer candidato de la línea del ministro Ivan Velásquez, es José Reyes Rodríguez Casas, un erudito en el derecho penal. Es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en derecho penal de la Universidad Santo Tomas, en derecho procesal de la Universidad Libre y en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia en la Universidad de Los Andes. Actualmente es el director general de la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar y Policial.
Inició su carrera como sustanciador, luego como Juez Penal del Circuito, de allí pasó a ser Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y más tarde fue magistrado auxiliar de la Comisión de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia.
En el cartel de la Toga fue protagonista pero como víctima. De hecho, en parte, gracias a su testimonio fue judicializado y condenado el magistrado de la Sala Penal, Gustavo Malo.
También es considerado víctima del tristemente célebre magistrado y otrora presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, condenado, como bien está en los anaqueles de la justicia.
Reyes fue nombrado como procurador judicial II pero sus malquerientes demandaron su designación. Con Iván Velasquez y Luz Adriana Camargo, un hecho puntual los une. Él también participó en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG. Con él, aseguraron cercanos a la actual fiscal ella se sentiría cómoda trabajando pues se ciñe al estricto derecho.
El ´zar anticorrupción´
Otro de los candidatos, pero esta vez cercano a la Casa de Nariño y al embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, es Roberto Andrés Idarraga Franco. Este bogotano actual secretario de Transparencia de la Presidencia, fue contratista de la Corporación para la Educación y la Investigación Popular en el Instituto Nacional Sindical, asesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, asesor de programas sociales de Cafam y abogado de la fundación Sendero.
Entre los años 2009 y 2010 fue coordinador de área en la Asociación Centro Nacional de Salud, Ambiente y Trabajo, Censat Agua Viva. Durante seis meses en el año 2011 fue contratista en el Secretariado Nacional de Pastoral Social y durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, se desempeñó como contratista de la Secretaría Distrital de Salud, Secretaría del Hábitat y Secretaria de Gobierno.
Así mismo, estuvo en el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal, repitió en la Secretaría de Gobierno entre julio de 2013 y mediados de 2014. También fue contratista de la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, Unidad Administrativa Especial para la Atencion y Reparación Integral de Víctimas.
En la época de Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá fue contratista de la Secretaría de Ambiente y en 2019 lo fue de la Universidad Libre y abogado de la Corporación para la Salud Popular Grupo Guillermo Fergusson. En el año 2020 en la Alcaldía de Claudia López fue director de la oficina jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno.
Una empresa y la esposa del exfiscal Barbosa
El actual secretario de Transparencia de la Presidencia de la República fue jefe de la elegida como nueva fiscal, precisamente en esa entidad. En la hoja de vida de la fiscal Camargo se consignó que ella fue asesora de esa entidad desde el 11 de julio al 31 de agosto de 2023, es decir hasta un mes antes de que fuera ternada por el presidente Gustavo Petro, en reemplazo de Amparo Ceron.
Entre sus funciones estuvo el asesorar a dicha entidad en la detección de fortalezas y debilidades en los mecanismos de contratación pública en Colombia, también en las buenas prácticas internacionales sobre contratación pública para optimizar los mecanismos de cooperación interinstitucional en materia de transparencia. Sin embargo, dicha asesoría no la hizo como persona natural si no a través de la empresa Consucol SAS.
Esta firma tiene una particularidad. Fue constituida el 9 de septiembre de 1994 en la Notaría 18 de Bogotá. Los socios fundadores fueron Luis Yesid Brito y Walfa Constanza Tellez Duarte, la esposa del exfiscal Francisco Barbosa.
El objeto social que acordaron fue la prestación de servicios de gestión, promoción y asesoría en proyectos de inversión, consultoría socioeconómica e institucional, planificación sectorial, estudios de prefactibilidad, dirección de proyectos entre otros. El capital suscrito fue de $3 millones un aporte que se realizó en partes iguales por los socios.
En 1999 los socios y Eduardo Verano de la Rosa publicaron la obra Región y Estado de 325 páginas. Nueve años después de la constitución de la sociedad, a pesar que WalfaTéllez venía oficiando como gerente de la empresa.
El 29 de diciembre de 2003, a través de la escritura 2021 en la Notaría 16 de Bogotá cedió sus cuotas en favor de su socio Luis Yesid Sandoval Brito por $1’350.000, otras quince cuotas las cedió en favor de Milton Edien Sandoval Brito. Días después Walfa Téllez se posesionó en el año 2004 como secretaria de Hacienda de Cundinamarca de la administración de Pablo Ardila Sierra.
En el año 2011 la empresa se transformó en SAS y se especificó el objeto social de apoyo a gobiernos, empresas y ONG definiendo los campos de trabajo en Desarrollo Territorial, Urbano y Rural; Finazas Publicas, Planeacion del Desarrollo, Servicios Públicos e infraestructura Física, principalmente.
En diciembre de 2022 se aumentó el capital a $300 millones por parte de los socios Luis Yesid Sandoval Brito y Eugenia Zapata Ortega, el primero con el 80% de las cuotas y el segundo socio con el 20%.
El nombre de Idárraga como posible vicefiscal también se hizo público hace cuatro semanas por el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, con quien tuvo una fuerte confrontación en los meses finales de su mandato.
“Hoy el secretario de Transparencia de la Presidencia fue a los medios de comunicación con calumnias y mentiras. El mismo que en diciembre me mandó a amenazar, a decirme que él iba a ser vicefiscal General de la Nación, que me evitara problemas y que mejor cooperara con temas de interés del Gobierno. Eso no puede ser. Eso es lo que hacen en Venezuela y en Nicaragua, ¿y eso es lo que pretende hacer aquí, presidente?”, dijo Zuluaga, el pasado 19 de febrero.
Un penalista reconocido
El otro posible nominado de los lados de la Casa de Nariño sería el reconocido abogado Mauricio Pava, ese nombre le gusta sobremanera a Laura Sarabia, la persona más poderosa del gobierno de Gustavo Petro, y quien en menos de dos años ha pasado de ocupar la jefatura de gabinete, de la que se apartó tras el escándalo del polígrafo ilegal a la niñera de su hijo Marelbys Meza, tras el hurto de una maleta con fajos de dinero lo que se desencadenó en la muerte del Coronel Óscar Dávila.
Sarabia a quien señalan de ser cercana a Euclides Torres y quien pasó de ser la integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, de Armando Benedetti, regresó semanas después para ser la cabeza del DPS y desde hace unos días del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre.
El apoderado judicial de Sanabria Torres es justamente el jurista Pava, quien según varias versiones recogidas por esta Agencia se habría convertido en un padre para ella. A esto se suma su cercanía con el gobierno. “Desde que asumi la defensa del presidente, de Verónica (Primera Dama) tengo un continuo y permanente relacionamiento”, explicó a la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
El abogado Mauricio Pava Lugo es egresado de la Universidad de Caldas, especialista en Casación Penal y quien además tiene un curso superior en Complience de la Universidad de Barcelona.
Es conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Seccional Caldas del Instituto Nacional de Derecho Procesal. También oficia como conjuez de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, miembro de la Comisión Asesora de Política Criminal, entre otras. Pava también es abogado del presidente Gustavo Petro. Es además un reconocido abogado de empresas del sector privado. “Es uno de los mejores penalistas del país”, señaló el presidente de uno de los grupos empresariales más importantes del país, a esta Agencia.
Consultado por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, sobre una aspiración a vicefiscal, Pava señaló: “No tengo información con respecto a la situación”.
Vicefiscal con más poder
Aunque el cargo más importante por supuesto después del titular es el de vicefiscal, ahora cobró mayor relevancia con las nueve resoluciones que inexplicablemente e suscribió la fiscal encargada Martha Mancera en la segunda semana de marzo.
Estas normas asignan supra poderes a dicho cargo y dejan casi como una figura más política que juridica a la titular entrante de la entidad que tiene previsto posesionarse en dos semanas. Sin embargo, dichos actos administrativos son sujetos de ser derogados por la propia Luz Adriana Camargo.
Lo cierto es que la fiscal Camargo de una planta de 23.747 funcionarios dispone de 238 cargos de libre nombramiento y remoción. Entre los que se cuenta 13 delegados, un director ejecutivo, subdirector de Talento Humano, director de Asuntos Jurídicos, de Planeación, 5 asesores, secretario privado, director de Asuntos Internacionales, 32 direcciones secciónales, 32 asesores del CTI, y subdirectores de apoyo a la gestión. A ello se suma un presupuesto para 2024 de seis billones de pesos.
Camargo Garzón recibe una entidad con un organismo de investigación, CTI con deficit de investigadores, desestructurado y con fiscales que tienen a su cargo hasta mil procesos, precisamente en aquellas unidades donde se manejan los delitos de mayor impacto cotidiano en la ciudadanía como hurtos, lesiones personales, violencia familiar, entre otros.
De una buena elección de vicefiscal, su compañero o compañero de fórmula, dependerá en parte su buena gestión de los proximos cuatro años de su mandato. De allí la importancia del cargo y el ajedrez que Luz Adriana Camargo se esta jugando en el amanecer de su mandato.
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