En menos de seis meses, Gloria Amparo Alonso Másmela, directora del Departamento Nacional de Planeación, cambió de opinión. De cuestionar duramente la implementación de fracking en Colombia en su condición de vicecontralora general de la Nación, pasó a impulsarlo como directora de una de las entidades más importantes del Ejecutivo y que por estos días ha tenido gran relevancia en virtud de la discusión en el Legislativo del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Hoy, el nombre de la funcionaria simultáneamente, encabeza dos documentos trascendentales para el país aunque excluyentes.
Hace menos de un mes, el 6 de febrero, el gobierno del presidente Iván Duque, a través de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y de Gloria Alonso directora del Departamento Nacional de Planeación, llegaron hasta la secretaria general de la Cámara de Representantes, para radicar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, una especie de ‘Constitución’ para el desarrollo del país en el próximo cuatrienio. Se trata de la ley más importante de cada gobierno, pues allí se materializan los principios, las metas, el financiamiento y los pilares en los cuales se enmarcará el desarrollo y crecimiento de Colombia en el futuro.
Pero tan importante como el contenido que en esta ocasión es de 183 artículos, son las bases del Plan, un documento de 1281 páginas que establece los propósitos del Gobierno. Allí se encuentra una de las áreas más importantes, la denominada Seguridad Energética para el Desarrollo Productivo. Precisamente, contiene uno de los componentes determinantes, el sector de hidrocarburos. En concreto, destaca que a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH el Gobierno se enfocó en promocionar las áreas costa afuera en las que se adjudicaron 14 bloques en el Caribe y nueve pozos exploratorios.
En detalle, la página 644 de las Bases del Plan registra los desafíos para mejorar el sector. “El reto del gobierno nacional es incrementar las reservas para preservar la autosuficiencia de hidrocarburos en el mediano y largo plazo. En este sentido, adicional al incremento de los factores de recobro en campos de producción, existen dos grandes oportunidades: (1) proyectos costa afuera y (2) yacimientos no convencionales (YNC)”. En otras palabras, en esa página se evidencia la apuesta del gobierno para mejorar las reservas, el fracking.
Así mismo, reitera que sobre los yacimientos no convencionales, es decir aquellos donde se podría hacer fracking, “se requiere un diálogo nacional con la participación de expertos de alto nivel. También, realizar investigaciones y exploraciones piloto con el fin de identificar los principales riesgos asociados con el desarrollo de estos recursos y determinar si la regulación e institucionalidad actual pueden garantizar su explotación de una manera responsable con el medio ambiente y las comunidades”, resalta el informe.
De esta manera se proyecta la realización de un hecho que desde los primeros días el gobierno, a través de la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, ha venido promoviendo, la técnica de fracturación hidráulica, fracking. En sus primeras declaraciones públicas, la jefe de la cartera advirtió “tengo que convencer al presidente Duque sobre el ‘fracking’. además de promover sus “bondades” como que mediante esta técnica el país podría pasar de 11.2 años a 19 años en las reservas de gas y de 5.7 a 8 años en petróleo.
Justamente, ocho días después de que la directora del DNP, Gloria Alonso, radicara el Plan Nacional de Desarrollo en el legislativo. El gobierno le anunció al país que la Comisión de expertos avalaba el fracking para proyectos de exploración. La denominada Comisión Interdisciplinaria Independiente de Especialistas, determinó que si se cumplían unas pautas el país podría avanzar en proyectos pilotos con dicha técnica. Es decir, de esta manera se daba el primer paso de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, diálogo con la participación de expertos de alto nivel.
Pero al tiempo que se sigue discutiendo el Plan de Desarrollo en el Congreso, bajo el liderazgo de la directora Gloria Alonso, la Contraloría, acaba de divulgar un informe de 204 páginas, suscrito por el Contralor, Felipe Córdoba, su antecesor Edgardo Maya y quien fuera su vicecontralora, precisamente, Gloria Alonso. El documento denominado Riesgos y Posibles Afectaciones Ambientales al emplear la Técnica de Fracturamiento Hidráulico en la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales, hace serios reparos a los efectos que puede producir el fraking en el ecosistema del país.
En concreto, al efectuar un profundo diagnóstico que incluye antecedentes y contexto de la situación, la descripción técnica del fracking, el estado del agua en el país y diversos aspectos económicos y contractuales, el organismo fiscal se va en contra de los postulados del Plan Nacional de Desarrollo en lo que tiene que ver con la posibilidad de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales.
Una de las principales advertencias recae sobre la abundancia del recurso hídrico en Colombia, pues el país según un informe de la ONU, ocupa el tercer lugar a nivel mundial en volumen. Por esta razón llama la atención frente al agua superficial y subterránea con respecto a la proximidad que esta pueda tener con los bloques de yacimientos no convencionales.
El informe establece además que las posibles afectaciones ambientales sobre el recurso hídrico presentadas corresponden al análisis de los efectos registrados a nivel internacional y que podrían ocurrir en el país al implementar la técnica del fracturamiento hidráulico.
Según el diagnóstico, teniendo en cuenta que esta técnica requiere grandes volúmenes de agua durante todo el ciclo de producción de petróleo y gas, el documento llama la atención frente al impacto que puede generar la captación del agua superficial y subterránea. Al respecto, advierte la necesidad de tener claridad sobre las fuentes de las cuales se va a sustraer agua para hacer fracking toda vez que entre el 90 y el 97% del total del líquido inyectado en un pozo, es agua. Se estima, que se requiere 1.5 millones de galones para cada pozo, esto en el caso de Estados Unidos.
Con respecto a Colombia, según la presentación realizada por la ANH en julio de 2018, se cuantificó que por cada pozo en yacimientos no convencionales el consumo estimado es de 25 mil metros cúbicos. En contraste, la Contraloría estableció que ese volumen estaba 10 mil metros cúbicos por encima del promedio de todas las fuentes consultadas, en otras palabras con el fracking, según el informe del organismo fiscal, requiere más agua de la que se utiliza en otras partes del mundo.
La alarma va mas allá. También se estudio la calidad de agua que se suele emplear en esta técnica. Al respecto se detalló que se utiliza agua dulce para maximizar el rendimiento del fluido, un hecho que no se compadece con el consumo que se realiza en varias partes del país de agua no potable.
En cuanto a los riesgos ambientales, preocupa la disminución del agua, eventuales derrames o fugas de fluidos y el volumen de agua requerido. Inquieta además la manipulación del agua de producción, su manejo y disposición, así como la dificultad o incertidumbre para especificar los efectos tóxicos y ambientales generados por los aditivos del fracking.
El afloramiento de fluidos, como sucedió en el caso de Lizama en el departamento de Santander, es objeto de reparos adicionales. A este componente se suma los vacíos en la reglamentación relacionada con la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, YNC.
Son q15 conclusiones que elaboró, el equipo técnico del organismo fiscal, integrado por la entonces vicecontralora, Gloria Alonso. Por ello, se solicita mayor estudio del tema, se ratifican las observaciones en cuanto a la gran cantidad de agua que se necesita para hacerlo. Así mismo, se conmina al gobierno a tomar medidas de prevención y a mejorar la capacidad técnica del Estado. También la necesidad de tener en cuenta los sistemas acuíferos, páramos, y parques nacionales a la hora de delimitar bloques petroleros. Un entorno que además se afecta por deficiencias en el marco regulatorio de las entidades oficiales del sector, “aún falta establecer condiciones adecuadas para el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales de nuestro país”, remata el extenso informe.
Con más de dos décadas de una destacada trayectoria profesional en el sector público, privado y la academia, y con el reconocimiento y liderazgo que la han caracterizado en su entorno, esta vez, la economista Gloria Alonso, tendrá que deshojar la margarita y precisar técnicamente cuál es su posición frente al fracking.
