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Policía exige liberación inmediata del intendente secuestrado en Chocó
Mauricio Vargas y un ingeniero contratista cumplen ocho días en poder del ELN, mientras sus familias claman por su regreso.
El secuestro del intendente de la Policía Mauricio Vargas y el ingeniero Miguel Andrés González, ocurrido hace ocho días en el departamento del Chocó, sigue generando repudio y llamados a su liberación por parte de las autoridades y la ciudadanía.
En un comunicado reciente, la Policía Nacional exigió la pronta liberación del uniformado, haciendo eco del clamor de su familia. “Colombia y su familia lo esperan. ¡Libérenlo ya!”, escribió la institución en sus redes sociales, reiterando su rechazo a este acto de violencia.
El secuestro
El pasado 27 de diciembre, Vargas y González se encontraban viajando en lancha desde el municipio de Istmina hacia Sipí, en el Chocó. Según los reportes, fueron interceptados a plena luz del día por hombres armados pertenecientes a un grupo armado ilegal, identificado posteriormente como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Ambos hombres habían supervisado unas obras en la Estación de Policía de Sipí, parte de las actividades que realizaba González como contratista de la Alcaldía de Istmina.
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La situación actual
Iván Vargas, hermano del intendente, informó que la familia ha tenido acceso limitado a información sobre el estado de los secuestrados. Sin embargo, se conoció que las delegaciones encargadas de negociar en la zona han logrado comunicarse con el uniformado y confirmaron que se encuentra sano y salvo.
"No hemos podido tener pruebas directas de él. Sin embargo, las delegaciones que se encuentran en la zona han manifestado que se han podido comunicar con él y que se encuentra sano y salvo", manifestó Iván Vargas, hermano del intendente Mauricio Vargas.
Por su parte, la guerrilla del ELN habría manifestado su disposición para liberar tanto al intendente como al ingeniero. A pesar de estas declaraciones, las familias y la Policía insisten en que el proceso debe acelerarse para evitar mayores sufrimientos.
La Policía Nacional ha reforzado su presencia en la región y trabaja en coordinación con las autoridades locales para garantizar el regreso seguro de ambos secuestrados. La situación pone nuevamente de manifiesto los riesgos que enfrentan los funcionarios públicos y contratistas que trabajan en zonas de alta incidencia de grupos armados ilegales.
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