Pacto entre ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’ en La Picota genera dudas sobre proceso de paz urbana

En las instalaciones de la cárcel La Picota de Bogotá, el pasado 2 de octubre, se formalizó públicamente un acuerdo entre dos de las principales estructuras criminales que operan en la región Caribe: ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’.

El acto fue encabezado por sus máximos líderes, Digno José Palomino Rodríguez y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, quienes estrecharon manos y anunciaron un cese de hostilidades hasta el 20 de enero de 2026.

Este gesto fue interpretado por algunos sectores como un paso hacia la pacificación urbana, mientras que para otros representa una peligrosa legitimación de actores al margen de la ley sin un respaldo normativo claro.

El evento fue transmitido por el sistema de medios públicos RTVC y contó con la participación de Camilo Pineda Serje, delegado de la Consejería Comisionada de Paz en el Atlántico, funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y los abogados defensores de los cabecillas.

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La intervención de Díaz Collazos incluyó la lectura de un documento firmado, donde se comprometieron a detener las actividades ilícitas, propiciar escenarios de convivencia y convocar a otras estructuras criminales a unirse al proceso.

Este desarrollo se conecta con los anuncios realizados meses atrás por el presidente Gustavo Petro desde Barranquilla, donde planteó la intención de su Gobierno de establecer mesas de diálogo con organizaciones dedicadas a actividades ilegales en contextos urbanos, en línea con su propuesta de ‘paz total’.

Sin embargo, el acto en prisión también fue percibido como un espectáculo con tintes políticos, lo que ha generado diversas reacciones, tanto desde el ámbito académico como desde las comunidades afectadas por la violencia.

Uno de los puntos destacados del acuerdo fue la mención expresa de las fiestas de picó —eventos populares con equipos de sonido de alta potencia—, las cuales fueron vinculadas con prácticas de control territorial por parte de estas estructuras.

Castor, al mencionar la desvinculación de estos eventos del crimen organizado, abrió la discusión sobre el papel que estas celebraciones han jugado en la legitimación social de grupos delincuenciales.

La Fiscalía ya había identificado en 2023 al menos cinco homicidios asociados a personas vinculadas a sistemas de sonido, en un contexto donde también se investigaban denuncias de que dichas fiestas eran financiadas por las estructuras para distribuir estupefacientes y reclutar jóvenes en barrios vulnerables.

El pasado viernes, apenas días después del anuncio del cese, se produjo una nueva masacre en el suroccidente de Barranquilla: tres personas fueron asesinadas en una barbería del barrio Pinar del Río por hombres armados que se movilizaban en motocicleta.

Este hecho ha puesto en entredicho la efectividad inmediata del acuerdo y ha avivado el debate sobre el fondo real del pacto carcelario.

Luis Fernando Trejos, investigador experto en conflicto urbano, calificó el pacto como una posible oportunidad de alivio temporal, especialmente para comerciantes extorsionados, pero advirtió sobre la falta de institucionalidad en la mesa.

Señaló la ausencia de representantes de la Alcaldía, la Gobernación y de organizaciones de víctimas en el acto de firma, lo que —a su juicio— afecta la legitimidad del proceso.

Además, cuestionó la viabilidad operativa del acuerdo en un contexto de restricciones fiscales derivadas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías a partir de noviembre, lo que limita la capacidad de contratación pública por parte de los gobiernos territoriales.

Trejos también planteó interrogantes sobre el papel del Gobierno nacional y si este asumirá funciones que constitucionalmente corresponden a autoridades locales en la implementación de rutas de transición para jóvenes y poblaciones vulnerables.

Insistió en que se requiere una articulación con gremios como Undeco y Asocentro, así como con sectores del transporte, para incorporar sus perspectivas en el diseño de soluciones frente al fenómeno de violencia urbana.

El académico enfatizó que no se trata de un proceso de paz como tal, pues no existe un marco legal que habilite procesos de desarme, desmovilización ni reintegración, sino que se trataría de una contención negociada de la violencia sin consecuencias penales inmediatas.

A su vez, sostuvo que debe evitarse presentar este pacto como un acto simbólico de reconciliación cuando aún no se ha abordado de forma integral la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de estos grupos.

Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, manifestó a través de la red social X que el acto fue “un show mediático” conducido desde el centro del país con fines proselitistas de cara a las elecciones de 2026.

En su análisis, criticó que se intentara presentar una disminución de homicidios como efecto exclusivo del pacto, ignorando acciones estratégicas de la Policía Metropolitana y la Alcaldía.

Melamed advirtió que experiencias similares en otras ciudades —como Buenaventura, Medellín o Quibdó— han demostrado que las treguas entre grupos armados suelen tener efectos rebote y no atacan las causas estructurales de la violencia, como el narcotráfico y las rentas ilegales.

Añadió que una real intención de paz debería incluir compromisos verificables como la suspensión del microtráfico, cuya expansión ha generado dependencia entre consumidores jóvenes y alimenta financieramente a las bandas.

La exclusión de tales aspectos —consideró— revela los límites del proceso y la posibilidad de que el acuerdo funcione más como una herramienta narrativa que como una estrategia de transformación territorial efectiva.

Ambos expertos coincidieron en la necesidad de incluir a las víctimas en las mesas de diálogo y de esclarecer las razones que llevaron al enfrentamiento entre ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, así como las condiciones que ahora los unen.

Coinciden también en que la sociedad requiere transparencia en las motivaciones de este acercamiento, especialmente si los cabecillas se conocían desde antes y se distanciaron por disputas relacionadas con rentas ilegales.

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