Gobernador Jorge Rey ejecuta estrategia para hacer 179 obras en Cundinamarca

El auditorio de la Gobernación de Cundinamarca se convirtió en el escenario de una maratón administrativa que dejó cifras inéditas para el departamento.

Bajo el nombre de “firmatón”, el gobernador Jorge Emilio Rey oficializó convenios y contratos por más de $190.000 millones, en lo que se presenta como el punto de partida de una estrategia de inversión que ya compromete $1,5 billones y proyecta $500.000 millones adicionales en vigencias futuras.

Más allá del acto, lo que está en juego es un modelo de financiación y ejecución que busca equilibrar las cuentas del departamento, responder a miles de habitantes de los municipios y dejar un marco fiscal sostenible en medio de la coyuntura nacional de recortes y déficit.

“Seguimos impulsando el desarrollo local con obras que incluyen el mejoramiento de vías secundarias y terciarias, puentes vehiculares, plazas de mercado, centros culturales y parques recreodeportivos, entre otros proyectos”, señaló el gobernador Rey.

Los números detrás de la “firmatón”

En una sola jornada se suscribieron 179 proyectos, divididos en 162 convenios interadministrativos, 11 licitaciones y seis contratos por emergencia.

La suma inicial de $190.000 millones proviene en su mayoría de recursos del presupuesto departamental de inversión, con adiciones parciales de caja libre y contrapartidas municipales.

El gobernador explicó que, con lo acumulado en 2024 y lo que va de 2025, la administración ya ha comprometido $1,5 billones en proyectos de infraestructura, una cifra que equivale a cerca del 30 % del presupuesto anual total de Cundinamarca.

Además, se dejó listo un paquete de $500.000 millones que deberá ser aprobado por la Asamblea para ejecutarse como vigencias futuras, es decir, compromisos que se financiarán con ingresos de próximos años.

Este esquema implica que el departamento está utilizando su capacidad de endeudamiento y proyección fiscal para garantizar continuidad de las obras, evitando que los proyectos se detengan cada vez que cambia la vigencia presupuestal.

El peso de la infraestructura vial

De los $190.000 millones iniciales, la mayor tajada —$149.726 millones— se destinó al mejoramiento de nueve corredores viales secundarios. La lógica económica detrás de esta decisión está en los costos logísticos: los tramos seleccionados son los más críticos para el transporte de café, panela, leche y productos agrícolas que representan la base de las economías locales.

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Reducir tiempos de viaje y evitar pérdidas en cosechas puede generar, según cálculos de la propia Gobernación, ahorros del 15 % en costos de transporte rural y un incremento de la productividad agrícola en provincias como Rionegro, Gualivá y Sumapaz.

El efecto multiplicador se calcula en tres frentes: incremento del comercio interno, dinamización del turismo y mejora en la recaudación local por mayor actividad económica.

Placas huella y el impacto en la economía campesina

La construcción de 151 placas huella en 53 municipios —una inversión de $20.344 millones— representa otro capítulo clave. Aunque son obras pequeñas en comparación con los grandes corredores, su costo-efectividad es alta: cada kilómetro pavimentado de placa huella puede reducir hasta en 40 % los costos de mantenimiento de vehículos rurales, además de garantizar el tránsito de ambulancias y transporte escolar.

La lógica económica aquí no es de megaproyectos, sino de microintervenciones de alto impacto. Un campesino que antes perdía parte de su cosecha en temporada de lluvias puede ahora transportar su producto con mayor regularidad, lo que se traduce en incrementos de ingreso familiar directo.

Financiamiento de obras sociales

El paquete incluyó también recursos para plazas de mercado, puentes vehiculares, centros de desarrollo infantil y colegios, por más de $9.500 millones. En términos fiscales, estas inversiones se catalogan como gasto de capital en infraestructura social, y buscan dos efectos:

Fortalecer cadenas de abastecimiento en municipios intermedios y aumentar el valor catastral y comercial de zonas urbanas mediante equipamientos públicos.

Este tipo de infraestructura genera retornos en impuestos locales (predial y de industria y comercio), lo que permite a los municipios mejorar sus ingresos propios a mediano plazo.

Transparencia, trazabilidad y riesgo fiscal

El gobernador Rey ha insistido en que todos los convenios están publicados en SECOP, con el objetivo de garantizar control social y trazabilidad. Pero más allá de la transparencia, el punto económico de fondo es la gestión del riesgo fiscal.

Al comprometer vigencias futuras por $500.000 millones, la Gobernación está proyectando ingresos de transferencias, regalías y recursos propios que todavía no se han recaudado.

Si bien esto permite acelerar la ejecución, también aumenta la dependencia de que las proyecciones de recaudo se cumplan. Un desplome en las transferencias nacionales o una caída en la recaudación podría tensionar las finanzas del departamento.

El desafío: ejecución y sostenibilidad

Los expertos en finanzas territoriales coinciden en que el verdadero reto no es la firma, sino la ejecución. Según los balances de la Contraloría, en muchos departamentos los proyectos de infraestructura se retrasan por licencias ambientales, sobrecostos o falta de interventoría.

En el caso de Cundinamarca, la apuesta es distinta: concentrar el gasto en proyectos que pueden empezar de inmediato, como las placas huella o los tramos críticos de vías secundarias. De lograrse, la ejecución rápida permitirá mostrar resultados antes de que se materialice el peso de las vigencias futuras en el presupuesto.

En suma La “firmatón” de Jorge Rey no es solo un acto público, sino una operación financiera de gran escala. La estrategia combina recursos presentes y futuros para garantizar obras visibles en el corto plazo, con el riesgo implícito de comprometer ingresos de próximas administraciones.

Desde la lógica económica, el paquete prioriza la reducción de costos logísticos rurales, la dinamización de mercados locales y la valorización de activos sociales, con el objetivo de traducir cada peso invertido en un efecto multiplicador en la economía departamental.

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