Desplazamiento masivo en el sur de Bolívar por enfrentamientos entre grupos armados

La confrontación entre organizaciones armadas que operan en el sur de Bolívar ha generado un aumento en el desplazamiento de la población durante los primeros meses del año.

La disputa por el dominio territorial y el control de economías ilícitas ha impactado gravemente a comunidades rurales, particularmente en Montecristo y Santa Rosa del Sur, donde se reporta un incremento en la crisis humanitaria.

De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, la Secretaría de Víctimas de la Gobernación de Bolívar informó que, solo el último fin de semana, más de 500 personas de las veredas Mina Gorila y Mina Plaza abandonaron sus viviendas debido al deterioro de las condiciones de seguridad.

De manera simultánea, al menos 104 personas permanecen en confinamiento en el corregimiento de Mina Piojó, en medio del temor generado por la intensificación de la violencia.

El secretario de Víctimas de Bolívar, Iván Sanes, explicó que la situación en la región se ha vuelto crítica debido al aumento de los enfrentamientos.

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Según sus declaraciones, la administración departamental ha implementado medidas de asistencia inmediata para la población afectada, aunque insistió en la necesidad de mayor intervención estatal.

El funcionario comparó la situación con la del Catatumbo, una región que ha recibido atención prioritaria en términos de seguridad y asistencia humanitaria, señalando que el sur de Bolívar requiere un enfoque similar.

Los registros oficiales evidencian un crecimiento sostenido en los casos de desplazamiento y confinamiento. En 2023, la cifra de personas afectadas se duplicó con respecto al año anterior y, en 2024, casi se triplicó.

En 2025, la tendencia se mantiene al alza, con más de mil personas desplazadas en los primeros meses. Los municipios más impactados por estos hechos incluyen Montecristo, Santa Rosa del Sur, Arenal del Sur, Norosí y Río Viejo.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre la gravedad del conflicto en la región. Según sus reportes, en lo que va del año se han registrado cuatro desplazamientos masivos y al menos cinco comunidades permanecen en confinamiento.

Además, se han documentado homicidios selectivos, amenazas contra líderes sociales, reclutamiento de menores de edad y un aumento en la utilización de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados.

El escenario de violencia en la zona está marcado por la presencia de varias organizaciones armadas. Entre los actores que se disputan el control territorial figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias bajo el mando de alias Calarcá Córdoba, autodenominadas ‘Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF)’, y el ‘Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)’.

Líderes comunitarios han reiterado que la falta de presencia estatal es un factor determinante en la crisis.

Un representante de la comunidad, cuya identidad fue reservada por motivos de seguridad, denunció que la ausencia de inversiones gubernamentales ha facilitado el fortalecimiento de los grupos armados en la región.

Según su testimonio, la comunidad ha solicitado en reiteradas ocasiones la formalización de actividades como la minería, sin obtener respuesta.

El líder comunitario enfatizó que la construcción de infraestructura esencial, como colegios y vías, ha recaído sobre la población, sin apoyo de las autoridades.

En su opinión, la falta de atención gubernamental ha contribuido al crecimiento de la violencia y al control que los grupos armados ejercen sobre las actividades económicas en la región.

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