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Organizaciones exigen que bienes de Chiquita Brands sean usados para reparar a las víctimas
Más de 4.000 hectáreas vinculadas a la multinacional podrían pasar al Fondo de Víctimas, en medio de la advertencia de que los crímenes prescribirán en 2025.

Organizaciones sociales y de derechos humanos exigieron que los bienes de Chiquita Brands en Urabá, Antioquia —un total de 73 predios con más de 4.000 hectáreas— sean destinados a la reparación de las víctimas del paramilitarismo que fue financiado por la multinacional.
Las tierras, que equivalen en tamaño a la isla de San Andrés, están en los municipios de Chigorodó, Apartadó, Carepa y Turbo, zonas estratégicas para el desarrollo de Puerto Antioquia. Una de ellas ya fue declarada de utilidad pública por la Gobernación. Estos predios pertenecen a Agrícola El Retiro S.A., filial de Chiquita Brands y socia fundadora de Banadex, compañía que en 2004 vendió sus bienes a Banacol, y que en 2020 pasó a formar parte de Greenland Investments S.A.S.
Investigaciones judiciales han establecido que entre 1997 y 2004 Agrícola El Retiro financió a la convivir Papagayo con más de 4.600 millones de pesos, a través de descuentos en nóminas de trabajadores y contratistas. Estos recursos terminaron en manos de las estructuras paramilitares que operaron en Urabá.
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En julio de 2025, siete exdirectivos de Chiquita Brands —entre ellos Reinaldo Escobar de la Hoz, uno de los artífices de los acuerdos de pago con los hermanos Castaño— fueron condenados en Colombia a 11 años y tres meses de prisión y al pago de 13.800 millones de pesos. Sin embargo, las víctimas aún no han recibido esos recursos. En Estados Unidos, la multinacional también fue sancionada, incluida una condena que la obliga a indemnizar con 38 millones de dólares a ocho familias colombianas.
Organizaciones como Forjando Futuros, el IPC, Pares y Cinep insisten en que estas tierras no deben tratarse como simples activos de mercado. “Los predios deben pasar al Fondo de Víctimas y convertirse en un instrumento de reparación y reconstrucción para las comunidades que sufrieron la violencia en Urabá”, recalcaron, advirtiendo además que en 2025 podrían prescribir los crímenes atribuidos a Chiquita Brands.
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