Reacciones al decreto de emergencia económica del gobierno Petro

El decreto con el que el presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica por 30 días abrió un intenso debate político y jurídico en el país. La medida, que permitirá al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley para crear nuevos impuestos, busca cerrar un faltante cercano a los $16 billones en el Presupuesto General de 2026, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.

Con la firma de todo el gabinete, el llamado “decreto madre” ya entró en vigencia y, según anunció el Gobierno, será seguido por normas reglamentarias que establecerán los nuevos tributos. Desde el Ejecutivo se insiste en que se trata de una decisión necesaria para enfrentar la estrechez fiscal y garantizar el funcionamiento del Estado.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Para varios analistas, la emergencia económica se convierte en una vía excepcional para imponer impuestos que no lograron respaldo en el Legislativo. En ese sentido, advierten que el mensaje político es claro: el Gobierno recurre a un estado de excepción para superar el bloqueo que encontró en el Congreso.

Uno de los principales focos de cuestionamiento es la legalidad del decreto. Expertos en derecho constitucional sostienen que no se cumplen los requisitos exigidos por la Carta Política, que establece que una emergencia económica debe basarse en hechos sobrevinientes, imprevisibles y extraordinarios. A su juicio, la crisis fiscal actual es estructural y conocida desde hace varios años.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, aseguró que los argumentos del Gobierno no responden a eventos inesperados que justifiquen la declaratoria. En la misma línea, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo expresó su expectativa de que la Corte Constitucional revise con celeridad el decreto y lo declare inexequible.

Las críticas también se han concentrado en el uso del sistema de salud como sustento de la emergencia. El Gobierno incluyó la financiación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) entre los argumentos centrales, lo que generó rechazo entre especialistas del sector. Para algunos analistas, la desfinanciación no es un hecho repentino, sino el resultado de decisiones presupuestales tomadas en los últimos años.

Desde el Congreso, varios legisladores pidieron que el decreto sea revisado de manera urgente. El senador Carlos Fernando Motoa solicitó la convocatoria inmediata del Legislativo y calificó la medida como inconveniente, mientras que la senadora Angélica Lozano aseguró que la Corte Constitucional terminará tumbando el decreto por abuso de poder y ruptura de los equilibrios institucionales.

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El rechazo también fue contundente desde los gremios empresariales. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que el decreto representa la imposición de $16 billones en impuestos que no fueron aprobados por el Congreso y advirtió que ninguna de las razones expuestas encaja dentro de las causales constitucionales para una emergencia económica.

Camacol, por su parte, alertó que el uso de estados de excepción para resolver problemas fiscales genera inseguridad jurídica y afecta la confianza de los inversionistas. El gremio recordó que existen mecanismos ordinarios, como el recorte o aplazamiento del gasto, para enfrentar la situación sin acudir a medidas extraordinarias.

Desde la academia, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que la emergencia podría sentar un precedente riesgoso para la democracia. Según ese centro de análisis, el Gobierno estaría utilizando la crisis fiscal como una “profecía autocumplida” para aprobar por decreto una reforma tributaria que no superó el debate legislativo.

Mientras la Corte Constitucional define el futuro del decreto, el país entra en una nueva etapa de confrontación institucional, en la que se debate no solo la viabilidad de los nuevos impuestos, sino también los límites del poder Ejecutivo en el manejo de la política fiscal.

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