Renuncias en la URF tras plan del Gobierno para repatriar fondos de pensiones

En un contexto de tensiones institucionales y directrices económicas en proceso de ejecución, al menos seis funcionarios han dejado sus cargos en la Unidad de Regulación Financiera (URF), entidad adscrita al ministerio de Hacienda.

Las renuncias, que comenzaron a ser aceptadas recientemente, se dan en medio del proceso de implementación de una estrategia del Gobierno nacional para repatriar recursos significativos de los fondos de pensiones privados actualmente invertidos en el exterior.

La salida de estos funcionarios ocurre semanas después de que se conociera el retiro de la directora de la URF, Mónica Higuera.

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Su renuncia se produjo tras la expedición de una directriz del Ministerio de Hacienda orientada a consolidar una política que busca traer al país aproximadamente $125 billones de inversiones realizadas por los fondos de pensiones en mercados internacionales.

El objetivo de esta medida es que dichos recursos se redirijan hacia inversiones en territorio colombiano.

La propuesta contempla un plazo de seis meses para la ejecución de este proceso. Sin embargo, desde diversos sectores del sistema pensional, particularmente desde Asofondos, se han manifestado objeciones.

El gremio que agrupa a los fondos privados ha advertido que una repatriación de este tipo podría incrementar los riesgos financieros y disminuir los rendimientos que actualmente recibe el ahorro previsional de millones de afiliados.

En este contexto, se conoció que ya se ha producido el nombramiento de los nuevos funcionarios que ocuparán las vacantes dejadas por las renuncias en la URF.

Entre los designados figuran los economistas Juan Oswaldo Manrique, Andrea Paola Santanilla, Lucas Rodríguez y Carlos Sandoval, así como las abogadas Lina Rodríguez y Violeta Aguilar.

Estas designaciones han generado interrogantes en algunos sectores técnicos y económicos.

Fuentes cercanas al proceso han expresado dudas respecto a la experiencia en temas de regulación financiera de varios de los nuevos integrantes del equipo de la URF.

La entidad, encargada de proponer y estructurar normas técnicas en los sectores financieros, de seguros y pensional, requiere un conocimiento altamente especializado en diseño regulatorio, análisis económico y evaluación de riesgos macrofinancieros.

El Ministerio de Hacienda ha incluido en su agenda regulatoria la expedición del mencionado decreto en el primer trimestre de 2026.

Esta decisión busca responder a necesidades de financiación interna del Gobierno y se inscribe en un marco más amplio de políticas orientadas a dinamizar el mercado de capitales local, ampliar el acceso al crédito y fortalecer la inversión pública y privada en sectores estratégicos.

El debate alrededor de la repatriación de inversiones de los fondos de pensiones ha escalado en las últimas semanas en escenarios técnicos y gremiales.

Las preocupaciones se centran en los eventuales efectos sobre la diversificación de los portafolios de inversión, la estabilidad financiera de largo plazo y la capacidad de los fondos para cumplir sus obligaciones con los afiliados.

Voceros de Asofondos han insistido en que el modelo actual ha permitido a los trabajadores contar con rendimientos que en muchos casos superan el promedio regional, gracias precisamente a la diversificación internacional.

El Gobierno, por su parte, ha defendido la medida como un instrumento necesario para canalizar mayores recursos hacia la economía interna en un momento de necesidad fiscal, desaceleración en algunos sectores productivos y mayores requerimientos de inversión pública. 

El ministerio de Hacienda no se ha pronunciado sobre las observaciones relacionadas con la idoneidad técnica de los nuevos funcionarios, ni sobre el impacto específico que las renuncias puedan tener en el cumplimiento del cronograma de regulación previsto.

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