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Procuraduría investiga presunto carrusel de contratos en la Unidad de Víctimas vinculado al senador Gustavo Moreno
La Procuraduría y la Contraloría abrieron investigaciones por un presunto carrusel ligado al senador Gustavo Moreno.

Un nuevo escándalo sacude a la Unidad para las Víctimas del Conflicto Armado, tras revelarse un presunto carrusel de contratación que comprometería al senador Gustavo Moreno, al director de la entidad, Adith Rafael Romero, y al alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach. Las denuncias apuntan a un supuesto fortín político en Santander.
De acuerdo con una investigación divulgada por Revista Semana, al menos 479 contratos adjudicados por la Unidad tendrían vínculos con el entorno político de Moreno. La mayoría de beneficiarios serían contratistas santandereanos, algunos con presuntas conexiones familiares y políticas con el congresista.
Los hallazgos señalan que Romero, exescolta de la Alcaldía de Barrancabermeja y actual director de la Unidad, habría direccionado 157 contratos hacia su departamento de origen, Santander. El resto se concentra en Bogotá (104), Norte de Santander (39), Boyacá (29) y otros 20 departamentos (150).
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Según las denuncias, este esquema estaría ligado a un pacto político entre Moreno y el Gobierno de Gustavo Petro, que buscaría asegurar respaldo legislativo para las reformas oficiales. El fortalecimiento de ese poder habría comenzado en junio de 2024, con la llegada de Romero a la dirección de la Unidad, donde además se habrían promovido acciones proselitistas en favor del senador.
La Unidad para las Víctimas maneja cada año un presupuesto cercano a 4,5 billones de pesos para atender a más de 9,8 millones de colombianos afectados por la violencia. El presunto desvío de estos recursos hacia intereses políticos abre un nuevo debate sobre la transparencia en la gestión pública y el riesgo para la población víctima.
Ante la magnitud del escándalo, la Procuraduría General y la Contraloría General confirmaron la apertura de indagaciones preliminares para establecer responsabilidades. El caso pone bajo la lupa a uno de los presupuestos más sensibles del Estado y podría escalar hasta convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción política en la era Petro.
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