Presidente Petro se pronuncia sobre orden de captura contra fiscal Camargo y embajador Velásquez

“La fiscalía de Guatemala cono la fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías.

Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos. Los crímenes  cometidos por las mafias, contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad, son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer.

Invito a equipos de abogados independientes a redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas y condenadas en tribunal internacional”.

Con este mensaje, expresado en su red social X, el presidente Gustavo Petro, se pronunció sobre la decisión de la justicia de Guatemala que solicitó a la Interpol orden de captura contra la fiscal general Luz Adriana Camargo y el embajador de Colombia en El Vaticano, Iván Velásquez.

Todo se originó por la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala que emitió órdenes de captura contra Iván Velásquez Gómez, actual embajador de Colombia ante la Santa Sede, y Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia.

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Ambos fueron requeridos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala en el marco de una investigación que los vincula con presuntas irregularidades en el manejo del caso Odebrecht cuando participaron como integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La FECI señala a Velásquez y Camargo por supuestos delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión.

De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, durante su labor en la CICIG habrían favorecido a empresarios de la constructora Odebrecht mediante maniobras jurídicas que evitaron sanciones penales en su contra, lo cual habría implicado un perjuicio patrimonial para el Estado de Guatemala estimado en más de 3 mil millones de quetzales (aproximadamente 385 millones de dólares).

La acusación se basa en resoluciones internas de la CICIG, convenios de colaboración con implicados y actuaciones judiciales que presuntamente encubrieron responsabilidades de altos funcionarios y empresarios involucrados en sobornos y sobrecostos de obra pública.

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