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Supersociedades somete a control al Deportivo Pereira

Pormenores de la actuación administrativa.

Deportivo Pereira
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 16/01/2026 - 11:23 Créditos: Deportivo Pereira. Tomada de X: @DeporPereiraFC

La Superintendencia de Sociedades tras adelantar una actuación administrativa decidió someter a “control”, a la sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A., con fundamento en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995. 

Esta medida obedece a la verificación de una situación crítica de orden jurídico, contable y administrativo, que hace necesario aplicar el máximo grado de supervisión previsto por la ley para proteger la estabilidad de la empresa.

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El control implica el ejercicio de amplias facultades por parte de la Superintendencia de Sociedades, entre ellas la posibilidad de impartir órdenes, exigir planes de mejoramiento, autorizar o restringir determinados actos y operaciones, y realizar un seguimiento permanente a la gestión de los administradores. Estas atribuciones buscan asegurar el cumplimiento del marco legal, la transparencia en la información financiera y la adopción de correctivos oportunos frente a los riesgos identificados.

La finalidad de la medida es propiciar la recuperación integral de la empresa, mediante un acompañamiento más detallado y técnico que permita corregir las debilidades detectadas y fortalecer su gobierno corporativo. El control facilita una vigilancia cercana y preventiva, orientada a restablecer la normalidad operativa y la sostenibilidad de la sociedad en el tiempo.

Esta decisión es susceptible de los recursos de reposición y de apelación.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló, “el sometimiento a control del Deportivo Pereira F.C. S.A. pretende la protección de los diferentes grupos de interés que interactúan con esta empresa a través de acciones preventivas y correctivas que propicien un mejor gobierno corporativo y la adopción de estrategias efectivas de recuperación”.

La Superintendencia de Sociedades continuará cumpliendo su objetivo de preservar el orden público económico, garantizando los principios y derechos previstos en la Constitución y la ley.

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