Embajador Iván Velásquez se pronuncia sobre orden de captura en su contra expedida por Fiscalía de Guatemala

“El 16 de abril del 2015, hoy hace exactamente 10 años, empezó en Guatemala un período floreciente de lucha contra la impunidad. La población, de la mano de la CICIG y de la FECI, conoció entonces el tamaño de la corrupción y de la cooptación del Estado.

Luego vendría la reacción de los sectores más retardatarios del país y empezó una feroz persecución liderada por una fiscal general que el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó como corrupta estableciendo sanciones en su contra y en contra de su instrumento, un fiscal de poca monta pero de gran perversidad.

También fueron sancionados por la Unión Europea. Esas medidas continúan vigentes.

La persecución desatada por los señalados corruptos lanzó al exilio a decenas de jueces, fiscales, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otras figuras democráticas del país, quienes el próximo año podrán regresar a su tierra una vez concluya el reino de la oscuridad judicial y Guatemala retome el camino de la verdad y la justicia.

Como escribió Julia Esquivel: “Podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. Florecerás, Guatemala!”.

Con este mensaje en su red social X se pronunció el embajador de Colombia ante El Vaticano, Iván Velásquez, luego que se conociera la orden de captura que en su contra y contra la fiscal general Luz Adriana Camargo, expidió la justicia de Guatemala.

Y es que este lunes, la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala emitió órdenes de captura contra Iván Velásquez Gómez, actual embajador de Colombia ante la Santa Sede, y Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia.

Ambos fueron requeridos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala en el marco de una investigación que los vincula con presuntas irregularidades en el manejo del caso Odebrecht cuando participaron como integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La FECI señala a Velásquez y Camargo por supuestos delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión.

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De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, durante su labor en la CICIG habrían favorecido a empresarios de la constructora Odebrecht mediante maniobras jurídicas que evitaron sanciones penales en su contra, lo cual habría implicado un perjuicio patrimonial para el Estado de Guatemala estimado en más de 3 mil millones de quetzales (aproximadamente 385 millones de dólares).

La acusación se basa en resoluciones internas de la CICIG, convenios de colaboración con implicados y actuaciones judiciales que presuntamente encubrieron responsabilidades de altos funcionarios y empresarios involucrados en sobornos y sobrecostos de obra pública.

Velásquez fue comisionado de la CICIG entre 2013 y 2019. Su mandato fue ampliamente reconocido a nivel internacional por liderar investigaciones complejas que desmantelaron redes de corrupción dentro del Estado guatemalteco.

Bajo su dirección, la CICIG impulsó casos emblemáticos como “La Línea”, que condujo a la renuncia y captura del entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015.

Durante su gestión se fortalecieron mecanismos de investigación penal conjunta con el Ministerio Público de Guatemala y se promovieron reformas legales para combatir la corrupción estructural.

Velásquez se convirtió en una figura central en el esfuerzo por depurar el sistema político-judicial guatemalteco, lo que generó fuertes resistencias de sectores económicos y políticos tradicionales.

A su vez Camargo integró el equipo jurídico internacional de la CICIG como fiscal delegada y asesora técnica entre 2014 y 2017.

Su labor incluyó la elaboración de estrategias procesales, coordinación de grupos de análisis de estructuras criminales y participación directa en investigaciones penales.

Fue una de las juristas colombianas que, junto a Velásquez, promovieron la judicialización de redes ilícitas que operaban desde altas esferas del Estado.

Participó en los casos conocidos como “Construcción y Corrupción” y “Cooptación del Estado”, que involucraron a empresarios contratistas y exfuncionarios públicos por el desvío de fondos públicos a través de licitaciones amañadas.

Su trabajo fue considerado clave en la documentación probatoria y en la estructuración jurídica de los procesos adelantados en colaboración con el Ministerio Público guatemalteco.

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, anunció que se solicitó una alerta roja a Interpol para lograr la captura internacional de los exfuncionarios.

Además, se planea la solicitud formal de extradición ante Colombia, país que hasta ahora no ha emitido una respuesta oficial sobre la viabilidad de entregar a Velásquez y Camargo a las autoridades guatemaltecas.

Cabe señalar que tanto Velásquez como Camargo gozan de fuero diplomático en razón de sus actuales cargos, lo que representa un obstáculo adicional para que estas órdenes puedan ejecutarse sin una negociación previa entre los Estados.

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La emisión de las órdenes de captura ha provocado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y entes multilaterales que respaldaron la labor de la CICIG.

Diversos analistas consideran que se trata de un intento de criminalizar la lucha contra la corrupción y de revertir el legado de investigaciones que afectaron intereses poderosos en Guatemala.

En Colombia, sectores académicos y judiciales han expresado inquietudes frente a los funcionarios señalados.

Por su parte, la Cancillería expidió un comunicado en el cual rechazó la decisión de la justicia de Guatemala.

“Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”, dice el comunicado.

Indica que esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales.

“La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso”, resalta la comunicación

Dice además que el Gobierno de Colombia reafirma su compromiso con el respeto al derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados. Sin embargo, advierte que dichos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados como instrumentos de persecución política o personal, ni para justificar decisiones carentes de legitimidad.

Precisa también que ante esta situación, se activaron los canales diplomáticos correspondientes para manifestar formalmente nuestro rechazo ante las autoridades guatemaltecas.

“Colombia confía en que la comunidad internacional sabrá reconocer esta actuación como parte de una preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe prevalecer en las relaciones entre Estados”, puntualizó la cancillería.

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