Mintrabajo propone acuerdo nacional en pensiones para destrabar la reforma

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, propuso un "acuerdo nacional" en materia pensional para garantizar la implementación de la reforma que entrará en vigor el 1 de julio. En su intervención en el Congreso de Asofondos en Cartagena, Sanguino pidió a la Corte Constitucional que convoque una audiencia pública para debatir las más de 40 demandas en contra de la reforma.

"Queremos enviar un mensaje claro a la Corte para que entienda que este proceso necesita el respaldo de todo el Estado y la sociedad colombiana", afirmó el ministro, quien se mostró confiado en que la reforma no tiene vicios de trámite y será implementada según lo previsto.

El Gobierno también ha moderado su postura frente a los fondos privados de pensión, planteando su posible participación en el nuevo sistema. Según Sanguino, estas entidades podrán operar como administradores de portafolios del Banco de la República o gestionar el ahorro voluntario de los colombianos.

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"La implementación de esta reforma es un ejemplo de cómo podemos unir fuerzas para lograr un objetivo común. Los fondos privados tienen la experiencia y los recursos necesarios para ayudar en este proceso", destacó el ministro, en un tono más conciliador que el mantenido durante el debate legislativo.

Mientras tanto, los fondos de pensión han advertido sobre la incertidumbre jurídica que rodea la reforma. Juan David Correa, presidente de la junta directiva de Asofondos, instó a la Corte Constitucional a pronunciarse pronto sobre su exequibilidad.

"A 87 días de la entrada en vigencia de la ley, faltan definiciones fundamentales por parte del Gobierno, como el decreto reglamentario del sistema pensional y las reglas de juego para el Banco de la República", enfatizó Correa.

Pese a las tensiones, el sector financiero ya ha empezado a invertir en la transición al nuevo modelo. En el caso de Porvenir, los ajustes han requerido más de 10 millones de dólares en inversiones.

La expectativa ahora está puesta en la decisión de la Corte Constitucional y en la respuesta del Gobierno a las inquietudes de los fondos privados, en un intento por evitar que las demandas frenen la implementación de la reforma pensional.

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