Distrito exige judicializar a indígenas responsables de vandalismo en Bogotá

Desde la madrugada de este jueves 3 de abril, un grupo de aproximadamente 30 guardias indígenas se tomó la carrera 10, en el centro de Bogotá, atacando buses de servicio público y afectando la movilidad de la ciudad. Ante la situación, la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) intervino para restablecer el orden.  

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El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, hizo un llamado enérgico para judicializar a los responsables de los actos de vandalismo. Según denunció la administración distrital, los manifestantes, identificados como miembros de comunidades indígenas de Putumayo, Nariño y Cauca, no solo atentaron contra la infraestructura del transporte público, sino que también agredieron a ciudadanos.  

"El ataque a la ciudad y a los ciudadanos son actos criminales, no actos de protesta", afirmó Restrepo en entrevista con Blu Radio, rechazando cualquier justificación de estos hechos como expresión de descontento social.  

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Las comunidades indígenas llegaron a Bogotá hace dos días con la intención de dialogar con el Gobierno nacional. Sin embargo, ante la falta de una reunión concreta, se establecieron en la Plaza de Bolívar, donde permanecieron con sus vehículos, incluidos buses tipo chiva cargados con pipetas de gas.  

El Distrito solicitó la intervención de la Policía Metropolitana y del escuadrón antidisturbios UNDMO, aunque el operativo se retrasó a la espera de la autorización del Gobierno nacional, la cual se concedió alrededor de las 6:30 de la mañana.  

A pesar de los daños y las agresiones registradas, hasta el momento no se han efectuado capturas. El secretario de Seguridad insistió en la necesidad de aplicar las medidas judiciales correspondientes. "Hemos solicitado a la Policía Metropolitana que se hagan capturas bajo la estricta aplicación de la ley", declaró Restrepo, asegurando que la ciudad no permitirá impunidad en estos casos.  

Además, advirtió que la presencia de niños en medio de las protestas aumenta los riesgos de seguridad y agrava la situación. "La violencia y la destrucción no son mecanismos válidos para la resolución de conflictos", concluyó.

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