Desarticulan red que vendía expedientes judiciales por hasta $1.000 millones

La Fiscalía General de la Nación informó este lunes 29 de diciembre que logró desarticular una red dedicada a la venta ilegal de expedientes judiciales, en la que estarían involucrados funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

De acuerdo con el ente acusador, en la red ilegal participaban cuatro funcionarios, dos adscritos al CTI y dos a la Dijín, quienes presuntamente aprovechaban su acceso a investigaciones en curso para obtener información reservada de procesos judiciales.

Según la investigación, los implicados contactaban a personas vinculadas a organizaciones criminales, principalmente relacionadas con el narcotráfico, y les hacían creer que existían órdenes de captura o procesos en su contra. A cambio de elevadas sumas de dinero, ofrecían eliminar pruebas, ocultar bienes o entregar expedientes completos.

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La Fiscalía estableció que los cobros por estos servicios ilegales oscilaban entre los 400 y los 1.000 millones de pesos, dependiendo de la información o del material probatorio solicitado. En algunos casos, los funcionarios habrían eliminado elementos materiales de prueba y alterado el curso de las investigaciones.

Una representante de la Fiscalía explicó que los hechos se detectaron en al menos tres procesos judiciales relacionados con casos ocurridos entre los años 2014, 2019, 2024 y 2025. Además, se evidenció que los funcionarios extraían informes y los entregaban a terceros, incluso mediante memorias USB, en reuniones realizadas en ciudades como Villavicencio y Bogotá.

Por ahora, la Fiscalía no ha revelado los nombres de los funcionarios implicados ni los detalles específicos de los casos afectados, así como tampoco la identidad de las personas que habrían pagado para la eliminación o manipulación de los expedientes. Las investigaciones continúan para establecer la totalidad de responsabilidades y llevar a los involucrados ante la justicia.

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