Consejo de Estado revisa legalidad del aumento del salario mínimo 2026 decretado por Gustavo Petro

El Consejo de Estado recibió una demanda que busca la anulación del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno fijó un aumento del 23 % en el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia para 2026. La acción fue presentada por la abogada Heimy Blanco Navarro, gerente de litigios de Chapman Wilches, y argumenta que el decreto no cumplió con los criterios legales y técnicos establecidos.

La demanda se dirige contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, e incluye una solicitud de suspensión provisional inmediata del decreto, así como la anulación del artículo primero que fijó el salario mínimo en $1.750.905.

Blanco Navarro sostiene que el Gobierno debía considerar cinco factores establecidos en la ley: la meta de inflación del Banco de la República (3 %), la productividad reportada por el Comité Tripartito de Productividad (0,91 %), la contribución salarial al ingreso nacional según el Dane (2,81 %), el crecimiento del PIB (3,6 %) y el Índice de Precios al Consumidor (5,3 %). Según la demanda, la suma de estos factores daría un ajuste de 15,62 %, muy por debajo del 23 % decretado.

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Además, la acción judicial cuestiona el uso del estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como respaldo técnico del aumento. La abogada señala que, aunque el informe estima la canasta vital para un hogar promedio colombiano en $1.658.957 y se acerca al salario decretado tras aplicar el IPC, la OIT no tiene competencia normativa en Colombia para definir indicadores oficiales ni ponderar los cinco criterios legales.

El escrito asegura que el decreto no explica cómo se ponderaron los factores legales, ni analiza impactos económicos, costos laborales o presiones inflacionarias derivadas del aumento, incumpliendo la obligación de motivar técnicamente la decisión.

La demanda también advierte que el Gobierno excedió competencias legales al fijar el incremento. “La norma no faculta al presidente a sustituir los criterios legales”, afirma Blanco Navarro, indicando que la decisión debe ajustarse a la ley y la jurisprudencia constitucional vigente.

En cuanto a los montos definidos por el decreto, se establecieron: salario mínimo legal mensual vigente para 2026 en $1.750.905, auxilio de transporte en $249.095 y salario mínimo integral de $22.761.765. La solicitud formal pide la suspensión provisional mientras se resuelve la legalidad de fondo del aumento.

El Consejo de Estado deberá pronunciarse primero sobre la viabilidad de la medida cautelar y, posteriormente, emitir un fallo definitivo sobre la validez del incremento salarial decretado por el Gobierno.

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