Gobierno dice que crisis humanitaria en Catatumbo era imprevisible y justificó la conmoción interior

El Gobierno Nacional presentará ante el Congreso un informe en el que expondrá los motivos para la declaratoria de conmoción interior en la región del Catatumbo, ubicada en Norte de Santander.

Según reportó El Colombiano, la medida se fundamenta en la crisis humanitaria y de orden público derivada de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El documento, elaborado por el ministerio del Interior, detalla la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas excepcionales.

Informe gubernamental sobre la crisis en Catatumbo

El Ministerio del Interior ha preparado un informe de doce páginas firmado por el ministro Juan Fernando Cristo, en el cual se explican los factores que llevaron a la crisis.

Se indica que la emergencia humanitaria no pudo preverse, se registran 38 homicidios confirmados y se advierte sobre la posibilidad de que el número real de víctimas sea mayor.

Además, se estima que las pérdidas económicas ascienden a $58.465 millones. Como parte de la respuesta estatal, se evalúa la implementación de esquemas de subsidios o apoyo económico para los afectados.

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Desde el 16 de enero, la región ha experimentado una alteración significativa del orden público debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Según el documento, las acciones militares, las hostilidades y las operaciones ofensivas han generado una crisis humanitaria que afecta a sectores especialmente vulnerables, incluidos indígenas, líderes sociales, menores de edad y campesinos.

Desplazamiento forzado y homicidios

El balance oficial reporta que, al 22 de enero, 36.137 personas han sido desplazadas en Catatumbo, lo que representa un incremento del 318% en comparación con los 5.422 desplazamientos registrados en todo el año 2024.

En relación con la violencia, hasta el 21 de enero se habían confirmado 38 homicidios, entre los cuales figuran cinco firmantes del Acuerdo de Paz. Sin embargo, el Gobierno admite que las condiciones en el territorio dificultan la identificación y recolección de cuerpos, por lo que el número real de víctimas podría ser mayor. También se han registrado múltiples casos de desapariciones forzadas y lesiones personales.

Crisis en el sistema de salud y colapso de infraestructuras

El informe menciona la afectación del personal de salud debido a amenazas y restricciones en el traslado de pacientes que requieren atención médica. La presión sobre la red hospitalaria de la región ha superado su capacidad instalada, lo que ha dificultado la prestación de servicios.

Asimismo, los albergues habilitados para la población desplazada enfrentan problemas relacionados con el acceso a agua potable y saneamiento básico.

Además, el documento advierte sobre los riesgos en la infraestructura energética y vial, ya que existen amenazas de ataques contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, las vías nacionales, subestaciones eléctricas, torres de comunicaciones, puentes y edificaciones tanto públicas como privadas.

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de la Gobernación de Santander estima que las pérdidas económicas superan los 58.465 millones de pesos.

Medidas extraordinarias para enfrentar la crisis

El ministerio del Interior considera que la única forma de atender la crisis humanitaria y garantizar la seguridad de la población es mediante la implementación de medidas excepcionales.

Se plantea la restricción en la comercialización y transporte de bienes, insumos y servicios utilizados por los grupos armados para financiar sus actividades. También se reconoce la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública y mejorar la gobernabilidad en la zona.

El Gobierno sostiene que la declaratoria de conmoción interior genera demandas de recursos no contempladas en el Presupuesto General de la Nación, lo que requiere ajustes fiscales y presupuestales para responder de manera efectiva.

En este sentido, se prevé la habilitación de mecanismos que permitan a las entidades territoriales gestionar recursos adicionales en el marco de su autonomía.

Finalmente, el informe contempla la posible implementación de subsidios o apoyos financieros para garantizar el equilibrio económico de los operadores afectados, así como la adopción de herramientas jurídicas, técnicas y administrativas que permitan asegurar el mínimo vital a la población de los municipios incluidos en la declaratoria.

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