Gobierno busca frenar alzas desproporcionadas en la VIS tras aumento del salario mínimo

El Gobierno nacional anunció un nuevo proyecto de decreto orientado a proteger la estabilidad de los precios de la vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés prioritario (VIP), ante prácticas de aumentos desproporcionados asociadas al incremento del salario mínimo para 2026.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), busca salvaguardar los derechos de los compradores y garantizar información clara y suficiente en el mercado inmobiliario. El objetivo central es evitar que el alza del salario mínimo, que para 2026 fue del 23 %, se traslade de manera automática al precio final de las viviendas.

Según explicó el Gobierno, el proyecto armoniza el tope máximo general de la VIS en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo, pero aclara que el valor de las viviendas debe pactarse desde el inicio en pesos colombianos y no mediante indexaciones automáticas al salario mínimo.

Las autoridades señalaron que la medida no constituye un control de precios, sino un mecanismo de protección al consumidor. El decreto reafirma que cualquier ajuste en el valor de la vivienda solo podrá responder a la evolución de los costos de construcción, respetando lo acordado desde la separación del inmueble, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario.

El Ministerio de Vivienda y la SIC también advirtieron que prácticas como fijar precios en salarios mínimos, aplazar la firma de contratos para trasladar incrementos salariales a los compradores o incluir cláusulas que generen desequilibrios contractuales van en contra de los derechos del consumidor y podrían acarrear sanciones.

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Desde la óptica de la SIC, publicar precios de vivienda en unidades distintas a la moneda legal puede inducir a error, dificultar la comparación entre proyectos y vulnerar el derecho a una información clara y verificable. Por ello, reiteró que la publicidad y fijación de precios debe realizarse exclusivamente en pesos colombianos, conforme al Estatuto del Consumidor.

Las entidades recomendaron a la ciudadanía verificar que el valor informado sea claro, completo y definitivo al momento de manifestar la voluntad de compra, recordando que los precios no pueden modificarse por el simple paso del tiempo y que las cláusulas abusivas en contratos de adhesión son ineficaces de pleno derecho.

El proyecto de decreto permanecerá en consulta pública hasta el 24 de enero de 2026, mientras el Gobierno insiste en su compromiso con la transparencia, la seguridad jurídica y la protección de los hogares que buscan acceder a vivienda nueva en el país.

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