Cancillería pide que excarcelaciones en Venezuela incluyan a colombianos detenidos

El Gobierno colombiano volvió a pronunciarse sobre el proceso de excarcelaciones anunciado en Venezuela y pidió que este incluya de manera explícita a los ciudadanos colombianos que permanecen privados de la libertad en ese país. La solicitud fue hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un pronunciamiento público en la red social X.

En el mensaje, la Cancillería saludó el anuncio realizado por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana sobre la liberación de detenidos nacionales y extranjeros, pero advirtió que hasta ahora no se han entregado cifras claras ni detalles concretos sobre el alcance real de las excarcelaciones. Según indicó, solo se ha hablado de un “número importante” de personas beneficiadas.

La cartera, encabezada por la ministra Rosa Yolanda Villavicencio, expresó que Colombia espera que los procesos de revisión y liberación se materialicen en acciones concretas a favor de los connacionales recluidos en centros penitenciarios venezolanos. En ese sentido, subrayó la necesidad de señales claras por parte de las autoridades del vecino país.

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Entre los colombianos detenidos en Venezuela se encuentran Martín Emilio Rincón Quitián, Carlos Alberto Cañas Carreño, Danner Gonzalo Baraja Luque, Manuel Alejandro Tique Chaves, Arlei Danilo Espitia Lara, Luis Eduardo Quinchia, Pantaleón de la Asunción Aragón, José Luis de la Asunción Aragón, Moisés David Uribe Garizao y Luis Carlos Peña.

Familiares de los detenidos han denunciado la falta de información sobre su situación jurídica y de salud, así como dificultades para acceder a la asistencia consular. Víctor Manuel Tique, padre de uno de los connacionales privados de la libertad, aseguró que la incertidumbre es constante y que obtener información oficial resulta cada vez más complejo.

Las autoridades venezolanas han señalado a varios de los colombianos por presuntos delitos relacionados con terrorismo, aunque desde la Cancillería colombiana se advierte que en muchos casos no existen pruebas suficientes. A esto se suma que, durante el último año, la labor consular se ha visto limitada por obstáculos impuestos por el gobierno anfitrión, lo que ha dificultado el acompañamiento a los detenidos y a sus familias.

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