FBI allana casa de periodista del Washington Post en investigación por filtración de documentos clasificados

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) efectuó un operativo de registro en el domicilio de una periodista vinculada al diario The Washington Post como parte de una investigación en curso sobre presunta retención ilegal de documentos oficiales protegidos por normas de confidencialidad estatal.

El procedimiento fue ejecutado en horas recientes en la vivienda de Hannah Natanson, periodista asignada a la cobertura de la administración del expresidente Donald Trump y reconocida por su participación en un equipo galardonado con el Premio Pulitzer en 2022 por la cobertura de los sucesos ocurridos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

El diario, con sede en Washington, calificó la acción de las autoridades federales como atípica y de carácter inusualmente intrusivo, al subrayar que en investigaciones relacionadas con filtraciones de información clasificada no suele contemplarse el allanamiento a propiedades de periodistas.

Según informó el propio medio de comunicación, durante el registro efectuado en el domicilio ubicado en el estado de Virginia fueron incautados varios dispositivos electrónicos personales de Natanson, entre ellos un teléfono móvil, dos ordenadores portátiles y un reloj inteligente. La periodista se encontraba presente durante el procedimiento.

El FBI, de acuerdo con información recogida por el periódico, no dirige la investigación contra la reportera, sino contra Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas radicado en Maryland. Pérez Lugones enfrenta señalamientos por el presunto acceso y extracción indebida de información clasificada perteneciente al gobierno federal.

Según fuentes vinculadas al proceso, el objetivo del operativo consistía en recolectar posibles elementos de prueba que permitieran establecer el alcance de la filtración y la eventual difusión no autorizada de documentos de inteligencia.

Consultado por el propio Washington Post, el FBI no ofreció una respuesta inmediata sobre los motivos específicos del allanamiento, ni sobre los procedimientos jurídicos que permitieron su ejecución.

Tampoco aclaró si el contenido incautado en el domicilio de la periodista forma parte de una línea de investigación orientada a determinar contactos, comunicaciones o eventuales transferencias de información entre el sospechoso y terceros, incluyendo representantes de medios de comunicación.

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En paralelo, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió un pronunciamiento a través de su cuenta oficial en la red social X, en el cual expresó que la administración del entonces presidente Donald Trump mantenía una postura estricta frente a la divulgación no autorizada de documentos clasificados.

En el mensaje, Bondi afirmó que “no se tolerarán filtraciones ilegales de información clasificada que, al ser divulgadas, representen un grave riesgo para la seguridad nacional”.

El hecho ha generado reacciones en diversos sectores del periodismo estadounidense, debido a la sensibilidad de los temas relacionados con libertad de prensa, confidencialidad de las fuentes y la protección de la actividad periodística frente a acciones estatales.

Observadores han recordado que en contextos similares, los medios de comunicación han invocado garantías constitucionales vinculadas con la Primera Enmienda para cuestionar la legalidad y proporcionalidad de medidas adoptadas por entidades encargadas de la seguridad nacional.

Hasta el momento, ni la periodista involucrada ni sus representantes legales han emitido una declaración pública sobre los acontecimientos ocurridos.

El Washington Post indicó que continuará informando sobre el desarrollo del caso, en la medida en que las autoridades proporcionen nuevos detalles o se conozcan actuaciones adicionales por parte de la fiscalía o el FBI.

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