Las tres polémicas medidas para combatir las pandillas en El Salvador

El gobierno de Nayib Bukele aprobó tres medidas para combatir las pandillas en el país. Las acciones han sido consideradas exageradas y son el centro de la polémica en el país centroamericano.

Entre las medidas que se aprobaron por la Asamblea legislativa se encuentran sanciones a medios y periodistas que reproduzcan mensajes de las llamadas maras. Así como la prohibición de grafitis alusivos a las pandillas y la incautación y uso posterior de bienes y armas para combatirlas.

Por su parte, el presidente Bukele amenazó con dejar morir de hambre a los pandilleros presos si en la calle sus grupos comienzan a "vengarse" por el régimen de excepción declarado tras la ola de asesinatos. Las acciones para combatir las maras se viven en medio de la muerte de más de 80 personas y la detención de más de 6.000 pandilleros.

El mandatario expresó: "Y no me importa lo que digan los organismos internacionales", "Que vengan a llevarse a estos pandilleros si tanto los quieren. Se los entregamos todos, al dos por uno", agregó. A continuación las tres polémicas medidas aprobadas:

1. Sanciones para los medios

Los medios de comunicación que reproduzca o transmita "mensajes o comunicados originados o presuntamente originados" por pandillas serán sancionados, se definió en la Asamblea Legislativa.

Se trata la 'Ley mordaza' como la llaman lo medios locales. Fue aprobada por 63 congresistas. Tras la decisión, Bukele expresó:

Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo

En su respuesta, la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) expresó su preocupación. "Amenaza con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que desde la actual administración (...) se busca esconder", se lee en un un comunicado.

"Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad", se agregó.

2. Prohibición de grafitis

La reforma del Código Penal sanciona la elaboración y reproducción de propaganda, mensajes, señales o grafitis alusivos a las pandillas.

Quienes elaboren, participen o faciliten la ejecución de "textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier otra forma de expresión visual en inmuebles públicos y privados", donde se transmitan mensajes explícitos e implícitos que hagan alusión a las pandillas, serán condenados con una pena de diez a quince años de prisión.

Según el diputado Guillermo Gallegos la decisión "Les cierra otro espacio a las pandillas para tratar de infundir miedo o terror y querer tomar, a través de símbolos, un control dentro de las comunidades".

Por su parte, Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, expresó que "La Asamblea aprobó una reforma que criminaliza hasta pintar un grafiti sobre maras y la publicación de información sobre ellas en medios si generan zozobra".

3. Reutilización de bienes y armas

El Estado quedó autorizado para utilizar el armamento, dinero y bienes incautados a las pandillas para luchar contra ellas mismas. "De esta manera, ocuparemos sus mismos recursos para combatirlos", detalló Bukele en su cuenta de Twitter.

La reforma describe que los bienes, armas, dinero, valores y activos incautados e inmovilizados a estructuras del crimen organizado, terrorismo y narcotráfico, que estén bajo custodia judicial, "podrán ser utilizados por las autoridades de seguridad pública".

Se trataría, según el diputado Caleb Navarro de un "certero golpe a las finanzas y bienes de las pandillas". Pues "Utilizaban el dinero de extorsiones para dotarse de armamento y vehículos para seguir delinquiendo", agregó.

Sin embargo las medidas han generado la reacción de todos los sectores. La oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos mostró su preocupación, la portavoz, Liz Throssell expresó:

Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos", aseguró este martes su

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) también cuestionó la reciente aprobación de una ley que permite enjuiciar como adultos a menores de hasta 12 años. "Encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no es la solución", indicó en un comunicado la Unicef, a la vez que condenó la violencia reciente en el país.

Mientras tanto, El Salvador permanece bajo estado de excepción desde el 27 de marzo, cuando la Asamblea lo decretó, tras una solicitud de Bukele, después de que se reportaran más de 80 asesinatos durante un fin de semana.

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