Venta de expedientes en la Fiscalía: denuncian red que cobraba $200 millones por expediente

Un nuevo escándalo compromete a la Fiscalía General de la Nación en Colombia, luego de que se conocieran denuncias sobre un presunto negocio ilícito que consistiría en la venta de expedientes confidenciales de investigaciones de alto impacto.

De acuerdo con revelaciones hechas por la revista Semana, funcionarios de la entidad habrían convertido en mercancía información sensible, ofreciendo documentos a cambio de sumas que alcanzaban los 200 millones de pesos por cada caso filtrado.

La información señala que el esquema, bautizado por las fuentes como “cartel de expedientes”, se sustentaba en el tráfico de archivos reservados entregados en dispositivos USB a abogados y personas investigadas.

Con ello, quienes pagaban por el acceso podían anticiparse a las decisiones de los fiscales, incluyendo órdenes de captura.

La práctica fue identificada principalmente en la Dirección de Lavado de Activos, aunque sus implicaciones se extendían a diversas áreas de la institución.

Un fiscal relató al medio que en una ocasión un abogado llegó a su despacho con pleno conocimiento de las medidas que se iban a adoptar en un proceso, lo que levantó sospechas de filtración.

Los señalamientos apuntan a que la vulnerabilidad del Modelo Único de Investigación Financiera (Muif) facilitó estas irregularidades.

Dicho modelo, creado bajo la dirección de la fiscal general Luz Adriana Camargo, buscaba centralizar y digitalizar expedientes para fortalecer la coordinación entre diferentes equipos.

Sin embargo, el acceso masivo a carpetas digitales habría debilitado la reserva judicial al permitir que numerosos funcionarios tuvieran contacto con información estratégica.

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Entre los expedientes comprometidos se encontrarían casos de alto perfil, como el de Manuel Castañeda, conocido como el “narcochofer”, investigado por lavado de activos; el de un contratista vinculado con los procesos judiciales alrededor de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro; y otros relacionados con la extinción de dominio a un local de ropa en Barranquilla y un restaurante de comida mexicana.

Según una denuncia interpuesta este año en la Unidad de Reacción Inmediata de Usaquén, Bogotá, en uno de los episodios los involucrados habrían pagado 200 millones de los 500 millones exigidos por la entrega de documentos.

Las acusaciones indican que la obligatoriedad de cargar todos los expedientes en el sistema del Muif expuso la información a asesores y funcionarios de la Delegada para las Finanzas Criminales, quienes podían intervenir en los procesos y conocer en detalle cada decisión en curso.

Un fiscal aseguró que este modelo reproducía prácticas aplicadas en Guatemala por Camargo, y que en la Fiscalía colombiana resultó en una intromisión constante en la labor de los investigadores.

La preocupación se amplió cuando se conocieron correos electrónicos enviados por asesores de la Dirección contra el Narcotráfico, solicitando a los fiscales listados de órdenes de captura emitidas y pendientes.

Para varios funcionarios, esa exigencia constituyó una intromisión en la autonomía judicial y una vulneración directa de la reserva legal.

Algunos fiscales decidieron no compartir información relevante por desconfianza, especialmente en procesos con cooperación internacional en los que participaban la DEA y la Embajada de Estados Unidos.

Señalaron que revelar datos estratégicos ponía en riesgo no solo las investigaciones sino también la seguridad de los propios investigadores.

La Fiscalía, en respuesta, sostuvo que el Muif se implementó con el objetivo de unificar actuaciones dispersas y que solo un número limitado de funcionarios tenía acceso a los expedientes priorizados.

Negaron tener conocimiento de filtraciones a través del sistema. Sin embargo, los denunciantes afirmaron que las directivas de Finanzas Criminales habían sido alertadas desde mayo, aunque al ser consultadas por Semana lo negaron.

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