ONU alerta sobre tensiones políticas en el país tras atentado a Miguel Uribe

El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio, ha encendido las alarmas en la comunidad internacional. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en su más reciente informe trimestral, calificó el hecho como un recordatorio de que el país necesita “trabajar por la paz” en medio de un contexto político tenso y previo a elecciones.

El informe, que abarca el periodo del 27 de marzo al 26 de junio de 2025 y que será presentado este viernes 18 de julio ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ofrece una visión mixta sobre la implementación del Acuerdo de Paz y los desafíos que enfrenta el país. Aunque resalta avances importantes, también advierte sobre la persistencia de riesgos que afectan la participación política, especialmente en algunas regiones donde las garantías democráticas aún son frágiles.

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“El incidente recordó la violencia política del pasado y suscitó preocupación por las garantías de seguridad en el próximo proceso electoral”, señala el documento, que además informa que el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una investigación exhaustiva para identificar y judicializar a los responsables.

A raíz del atentado, se crearon iniciativas como el “Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia”, liderado por la Defensoría del Pueblo con respaldo de organismos como la Conferencia Episcopal, la OEA, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la propia Misión de Verificación. La ONU destacó la condena unánime de los partidos políticos al ataque como un paso positivo hacia una política libre de violencia.

El informe, el último bajo el liderazgo de Carlos Ruiz Massieu —quien dejará su cargo a fin de mes para asumir funciones en Haití—, también da cuenta del aumento de tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso por las reformas sociales propuestas por el gobierno y la intención del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular que abriría la puerta a una eventual Asamblea Nacional Constituyente en 2026.

A nivel institucional, la Misión celebró la reactivación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y la formalización del Programa de Protección Integral para excombatientes. No obstante, advirtió que persisten obstáculos como la falta de cobertura, financiación y articulación interinstitucional, así como la inactividad de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, paralizada desde hace casi un año.

“La violencia contra excombatientes, líderes sociales y actores políticos, junto con las limitaciones estructurales del Estado, siguen siendo barreras para consolidar la paz en Colombia”, concluye el informe, que insiste en que el Acuerdo Final de 2016 sigue siendo la hoja de ruta fundamental para transformar el país.

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