Ministerio de Igualdad solo ejecutó el 2,5% del presupuesto, según exviceministra

La dimisión de Támara Ospina, quien hasta hace poco se desempeñaba como viceministra de las mujeres, volvió a generar cuestionamientos sobre la gestión del Ministerio de Igualdad.

La exfuncionaria, en declaraciones entregadas al diario El Tiempo, explicó los motivos que la llevaron a apartarse del cargo, y sostuvo que durante su permanencia no contó con la posibilidad de ejecutar el presupuesto ni de participar en la toma de decisiones relevantes dentro de su despacho.

En su análisis, Ospina detalló que, a lo largo del último año, enfrentó múltiples barreras administrativas que, según sus palabras, impidieron el avance de la agenda institucional dirigida a promover los derechos de las mujeres.

La exviceministra señaló que la imposibilidad de ejercer autoridad operativa fue una constante, y que, a pesar de los recursos asignados al Ministerio de Igualdad, los niveles de ejecución presupuestal se mantuvieron en niveles mínimos.

En 2023, el ministerio recibió una asignación cercana a 1,5 billones de pesos. De ese total, no se logró ejecutar ni el cinco por ciento. Para mayo de 2025, la cifra de ejecución se situaba en apenas el 2,51 por ciento.

Ospina afirmó que, desde el inicio de su gestión, identificó limitaciones técnicas al interior del ministerio, acompañadas de una falta de voluntad política para consolidar una estructura administrativa funcional. “En materia de autonomía, no hay avances. Especialmente en lo relacionado con la gestión de recursos”, indicó durante la entrevista.

La situación, a juicio de la exfuncionaria, se agravó tras la designación de Carlos Alfonso Rosero como nuevo titular de la cartera el 27 de febrero de 2025.

Según relató, la primera conversación formal con el ministro sobre la necesidad de renovar el equipo directivo solo se produjo hasta el 23 de abril, casi dos meses después de su llegada.

En esa ocasión, su propuesta fue rechazada sin consideraciones adicionales. Esta respuesta se sumó a la ausencia prolongada de dirección en áreas clave como la encargada de prevenir violencias contra las mujeres.

Ospina describió un entorno institucional donde sus observaciones eran desestimadas y su participación en los procesos de decisión era restringida. “Cuando una viceministra expone conceptos técnicos que no se escuchan, se ignoran o se ridiculizan, el ejercicio del cargo se convierte en una tarea inviable”, expresó.

Lea también: (Donald Trump entrega trofeo al Chelsea en final del Mundial de Clubes y exalta a Pelé como el mejor)

Estas declaraciones se alinean con versiones previamente difundidas por El Colombiano, medio que reveló el testimonio de funcionarios del Ministerio de Igualdad, quienes aseguraron operar en un contexto laboral tenso.

Según las fuentes, existía un patrón de exclusión hacia quienes habían trabajado con la exministra Francia Márquez, anterior cabeza de la cartera, previo a su separación del cargo por decisión del presidente.

En palabras de los entrevistados, la estrategia predominante consistía en no convocarlos a reuniones y mantenerlos al margen de las discusiones operativas.

En ese sentido, Ospina manifestó que la exclusión no solo fue personal, sino también estructural. Indicó que las decisiones sobre ejecución presupuestal, contratación y lineamientos técnicos eran adoptadas directamente por el ministro o por terceros, sin consulta ni autorización de su despacho.

“No se nos otorgó permiso para contratar personal técnico ni para establecer un equipo de apoyo adecuado. No hubo condiciones para ejecutar el presupuesto asignado al viceministerio”, sostuvo.

La carta de renuncia fue presentada por Ospina el pasado 3 de junio ante la Presidencia de la República y aceptada oficialmente el 10 de julio. Aunque atribuye su salida a factores internos relacionados con el funcionamiento institucional, su retiro del cargo ha coincidido con informaciones no confirmadas sobre la existencia de hasta 30 denuncias por acoso laboral, racismo y violencia por parte de exempleados bajo su dirección.

En respuesta a estas versiones, la exviceministra declaró que no ha recibido notificación alguna por parte del Ministerio de Igualdad ni de la Procuraduría General de la Nación sobre apertura de investigaciones formales en su contra.

Rechazó de forma categórica haber incurrido en conductas que constituyan acoso o discriminación, y afirmó que su equipo jurídico se encuentra recopilando información con el fin de ejercer acciones legales para salvaguardar su reputación. “Estoy completamente convencida de que los procesos demostrarán mi inocencia. No pararé hasta que los expedientes sean archivados”, precisó.

Ante la pregunta de si ella misma fue víctima de violencia de género durante su paso por el Ministerio de Igualdad, respondió afirmativamente. Sostuvo que el trato recibido por parte de algunas autoridades del ministerio evidenció patrones de discriminación y exclusión basados en su género y en su rol dentro de la entidad.

Otras noticias