Nueva versión en caso 'Lucho' Herrera apunta a supuesta venganza por secuestro

Una nueva versión ha surgido en el proceso judicial que involucra al exciclista colombiano Luis Alberto "Lucho" Herrera, investigado por la presunta desaparición forzada de cuatro campesinos en Fusagasugá, Cundinamarca, en 2002. De acuerdo con testimonios revelados recientemente, el hecho podría estar relacionado con un supuesto acto de venganza tras su secuestro ocurrido dos años antes a manos de las Farc.

El señalamiento fue hecho por Óscar Rodríguez, sobrino de una de las víctimas, durante una entrevista en el programa "El Reporte Coronell" de W Radio. Rodríguez afirmó que Herrera, tras ser secuestrado en marzo del año 2000, habría actuado en represalia contra personas que consideraba erróneamente vinculadas a la guerrilla.

Según su relato, “en compañía de su hermano, trajeron un grupo paramilitar desde los Llanos Orientales para hacer justicia por mano propia”, en referencia a las Autodefensas Campesinas del Casanare. Las víctimas, sin embargo, eran vecinos del exdeportista y trabajadores agrícolas de la zona.

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El testimonio se suma a las declaraciones de dos exparamilitares, Luis Gómez Flores, alias Ojitos, y Óscar Huertas Sarmiento, alias Menudencias, quienes señalaron que Herrera les entregó fotos de las personas que debían ser “recogidas”, acusándolas de pertenecer a milicias subversivas. En uno de los sobres, afirmaron, había 40 millones de pesos como parte de la operación.

El hecho ocurrió el 23 de octubre de 2002, según documentos oficiales divulgados por Noticias Uno. Las víctimas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega.

Rodríguez, familiar de una de las víctimas y miembro activo de la Policía, señaló que su familia, incluida la víctima, había trabajado durante años en fincas propiedad de la familia Herrera, y negó cualquier vínculo con grupos armados.

El exciclista, quien niega los cargos, ha declarado públicamente que “jamás ha pretendido causar daño a persona alguna”.

El caso avanza en medio de la revisión de testimonios y documentos por parte de las autoridades, en un proceso que pone en el centro del debate la responsabilidad de civiles en hechos ocurridos durante el conflicto armado colombiano y sus secuelas en regiones rurales del país.

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