Juez rechaza principio de oportunidad a Olmedo López y genera riesgos de impunidad en caso UNGRD

El proceso judicial en contra de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha sufrido un giro inesperado tras la decisión de un juez de la República de no avalar el principio de oportunidad suscrito entre el exfuncionario y la Fiscalía General de la Nación.

La resolución judicial, emitida el lunes 4 de agosto, deja sin efecto el acuerdo mediante el cual López se había comprometido a colaborar con las autoridades a cambio de beneficios jurídicos, y reconfigura el escenario procesal de uno de los expedientes más relevantes en materia de corrupción administrativa durante el actual mandato presidencial.

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El principio de oportunidad, negociado por el ente acusador y la defensa del exfuncionario, contemplaba una pena de seis años y dos meses de prisión, la cancelación de una multa equivalente a $724 millones y la ejecución de medidas de reparación simbólica y material dirigidas a comunidades del departamento de La Guajira, especialmente aquellas que aún enfrentan deficiencias estructurales en el acceso al agua potable.

Dentro del mismo convenio se incluía un componente de asesoría técnica por parte del exdirector a las comunidades afectadas, así como la obligación de suministrar información clave sobre otros involucrados en la red de irregularidades que se investiga en la entidad estatal.

La decisión judicial ha generado incertidumbre tanto en el ámbito jurídico como político, en la medida en que López había sido considerado uno de los testigos más importantes en el caso por presuntas irregularidades en la adquisición de 40 carrotanques destinados a enfrentar la crisis hídrica en La Guajira.

La Fiscalía lo había presentado como un testigo cooperante capaz de aportar elementos probatorios que permitirían establecer responsabilidades en distintos niveles del Ejecutivo, incluidas figuras de alto rango designadas directamente por el presidente de la República, Gustavo Petro.

La negativa del juez obedecería a errores sustanciales cometidos por la Fiscalía al momento de sustentar la solicitud del principio de oportunidad. Entre las falencias advertidas por el togado se encuentran deficiencias en la argumentación jurídica y omisiones en la presentación de elementos que acreditaran con suficiencia la procedencia del beneficio.

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Esta situación habría debilitado el marco legal del acuerdo, conduciendo a su rechazo y generando implicaciones directas sobre la validez de los testimonios que el exdirector ha entregado en el curso de la investigación.

La defensa de López, encabezada por el abogado José Luis Moreno, prepara un pronunciamiento oficial en el que se prevé rechazar la decisión del juez, argumentando que el fallo representa un retroceso en el proceso de esclarecimiento de los hechos y pone en riesgo la integridad del testimonio de su representado.

Aunque hasta el momento la Fiscalía no ha emitido un comunicado sobre el asunto, Moreno ha anticipado en redes sociales su desacuerdo con la decisión judicial, recurriendo incluso a metáforas para aludir a la situación procesal de su cliente.

En una publicación en la red social X, el abogado escribió: “Metafóricamente, el señor Olmedo López es como un acordeón que se abre y se cierra, revelando las notas más profundas y sinceras de una canción.

Pero esas notas solo pueden ser escuchadas si el instrumento se mantiene intacto, protegido del daño. Sin la protección adecuada, su música se perdería en el caos, ahogada por la amenaza latente, como una espada de Damocles”.

La frustración del acuerdo judicial podría tener efectos sobre las demás líneas de investigación derivadas del caso UNGRD, ya que varias de las capturas y vinculaciones se han fundamentado en declaraciones rendidas por López en calidad de testigo cooperante.

Su testimonio, que sirvió para trazar conexiones entre contrataciones irregulares y altos mandos del Gobierno, se encuentra ahora en entredicho si el principio de oportunidad que lo sustentaba queda sin validez legal.

En este contexto, se abre una nueva etapa de incertidumbre jurídica en torno a un proceso que ha revelado presuntas prácticas de corrupción en la administración de recursos destinados a atender emergencias humanitarias.

La negativa judicial representa un obstáculo para la estrategia del ente acusador, que había apostado por la colaboración de exfuncionarios como herramienta para develar una presunta estructura de corrupción al interior de la entidad encargada de coordinar la respuesta del Estado frente a desastres naturales y crisis sociales.

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