Juez avala imputación contra Nicolás Petro por presuntas irregularidades en contratos del Atlántico

El juez 14 de control de garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz Ángel, avaló este miércoles 24 de noviembre la imputación de cargos presentada por la Fiscalía contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en la celebración irregular de contratos millonarios en el departamento de Atlántico. Durante la diligencia, el investigado se declaró no culpable frente a los señalamientos del ente acusador.

En la audiencia, la fiscal del caso, Lucy Laborde, retiró el delito de falso testimonio y mantuvo las imputaciones por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Aclaró que la conducta inicial se considera subsumida en falsedad ideológica en documento público, figura que —según la representante del Ministerio Público— se ajusta de forma más precisa a los hechos en investigación.

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De acuerdo con la Fiscalía, parte de las irregularidades corresponderían a registros con información inexacta en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), en especial sobre la experiencia laboral del exdiputado del Atlántico. Ese comportamiento, señaló la fiscal, encajaría en el delito de falsedad en documento público. 

La diligencia fue suspendida a las 5:43 p.m. y se reanudará el martes 2 de diciembre a las 8:30 a.m. para resolver la solicitud de medida de aseguramiento.

La investigación indica que en 2021 Nicolás Petro, en compañía de su entonces pareja Daysuris Vásquez, habría intervenido en la celebración de contratos con fines personales a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso). Para ello, según el ente acusador, Petro habría instruido a Vásquez para contactar al secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl José Lacouture Daza, así como a Pedro Name y Gustavo de la Ossa, quienes habrían influido en adjudicaciones directas entre el departamento y la fundación.

Paralelamente, el hijo del presidente afronta en Barranquilla un segundo proceso por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por hechos investigados desde 2023. Las autoridades sostienen que, cuando era diputado en 2022, habría desviado parte del dinero presuntamente destinado a la campaña presidencial de Gustavo Petro para su beneficio personal. 

La defensa, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, argumentó que la imputación simultánea de peculado podría vulnerar el principio de no doble incriminación, dado que Petro ya enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito, al considerar esta conducta como subsidiaria frente a los presuntos delitos fuente.

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