JEP cita a excomandantes del Bloque Noroccidental de las Farc por secuestros y crímenes de lesa humanidad

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a siete exmandos medios del Bloque Noroccidental de las extintas Farc para que reconozcan su responsabilidad en secuestros y crímenes cometidos durante el conflicto armado en Antioquia, Chocó, Córdoba, Caldas y Risaralda. La audiencia pública de reconocimiento de verdad se realizará los próximos 24 y 27 de junio en Caicedo y Medellín.

Los citados a comparecer son Luis Óscar Úsuga (‘Isaías Trujillo’ o ‘El Viejo’), Jesús Mario Arenas (‘Marcos Urbano’), Rodolfo Ruiz Restrepo (‘Víctor Tirado’), Martín Cruz Vega (‘Rubín Morro’), Ovidio Antonio Mesa Ospina (‘Anderson’ o ‘Carranza’), Pedro Baracutao y Jhover Man Sánchez Arroyave (‘Rubén Cano’ o ‘Manteco’). De todos ellos, solo Arenas había sido procesado previamente por la justicia ordinaria.

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Según la JEP, el Bloque Noroccidental fue la segunda estructura más activa en materia de secuestros entre las siete que conformaban la organización, siendo responsable de aproximadamente el 25 % del total de casos registrados en el país.

Entre los hechos más graves se encuentran el secuestro y asesinato en 2002 del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y de su asesor de paz, Gilberto Echeverri. También se documentó el caso del cabo José Norberto Pérez, asesinado en 2002 tras intentar escapar de sus captores, meses después de que su hijo Andrés Felipe, enfermo de cáncer, muriera sin poder despedirse de él.

La estructura también fue responsable del secuestro del entonces representante a la Cámara, Óscar Tulio Lizcano, ocurrido en agosto de 2000. El congresista logró fugarse ocho años después con ayuda del guerrillero que lo custodiaba.

En total, la JEP documentó 310 secuestros individuales y colectivos atribuidos a estos siete excomandantes, quienes fueron imputados en septiembre de 2024 como responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad como toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, asesinato, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, atentados contra la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos. Por su gravedad, estos delitos no son susceptibles de amnistía ni perdón judicial.

Tras un riguroso proceso de contrastación, la JEP concluyó que los comparecientes desempeñaron un papel determinante en la implementación de la política de secuestros impuesta por el Secretariado de las Farc-EP. Estos crímenes respondieron a tres patrones: financiamiento de la estructura, presión para intercambios de prisioneros y control territorial.

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