Piden a la JEP investigar a dos militares por desaparición forzada en caso que salpica a Lucho Herrera

La Fiscalía General de la Nación remitió copias a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que investigue a los militares Fredy Espitia y Édgar Arbeláez, señalados por presuntamente participar en la desaparición forzada de cuatro campesinos en el año 2002. Los hechos habrían sido cometidos por las Autodefensas Campesinas del Casanare, grupo paramilitar que operaba en la región, en un caso en el que también está siendo investigado el exciclista Lucho Herrera.

El informe del ente acusador, revelado por el diario El Tiempo, indica que Espitia y Arbeláez eran miembros del Ejército Nacional para la época de los hechos. La Fiscalía compulsó copias a la JEP con el fin de esclarecer su posible responsabilidad en el crimen.

Las víctimas fueron identificadas como Diuviseldo Torres Vega, Gonzalo Guerrero Jiménez y los hermanos Víctor y José del Carmen Rodríguez Martínez. De acuerdo con versiones de exparamilitares, entre ellos Luis Fernando Gómez, alias Ojitas, los campesinos fueron señalados falsamente como milicianos de las extintas FARC para despojarlos de sus tierras.

Alias Ojitas declaró que en 2003 sostuvo una reunión con Lucho Herrera, entonces propietario de una finca en la vereda Aguadita, jurisdicción de Silvania (Cundinamarca), y que el exciclista habría entregado dinero a los paramilitares a cambio de apoyo para "despejar" la zona. Según su testimonio, las víctimas fueron recogidas por hombres que portaban brazaletes del DAS, asesinadas y enterradas en los terrenos de la finca “Terra Negra” o “Agua Negra”, propiedad de Herrera.

El exciclista, campeón de la Vuelta a España en 1987, ha negado cualquier vínculo con grupos armados ilegales y aseguró que en 2003 fue extorsionado por paramilitares. Según su relato ante la Fiscalía, en 2016 pagó 10 millones de pesos para desligarse de las acusaciones. El pasado 5 de junio, Herrera fue escuchado por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

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Su defensa, a cargo del abogado Hernando Benavides Morales, reiteró que el procedimiento se rige por la Ley 600 y que por el momento Herrera no está vinculado formalmente como sujeto procesal. “Él ha sido mencionado por personas detenidas que buscan beneficios judiciales. Corresponde a la Fiscalía establecer si hay fundamento en esas versiones”, explicó Benavides.

Sobre una eventual orden de captura, el abogado señaló: “Creemos que no. Cuando uno puede declararse inocente, el que nada teme, nada debe… pero desde luego le preocupa, porque eso mortifica a cualquier persona y más cuando se trata de una gloria del ciclismo”.

El caso continúa bajo indagación y ahora, con la compulsa de copias a la JEP, se abre una nueva línea de investigación enfocada en la presunta participación de miembros del Ejército en estos hechos. Mientras tanto, la opinión pública sigue con atención un proceso judicial que involucra a una de las figuras más emblemáticas del deporte colombiano.

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