Extinción de dominio a petrolera internacional por nexos con paramilitares

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dos oficinas de propiedad de una petrolera internacional, señalada de haber financiado actividades del paramilitarismo en el departamento de Casanare.

Las oficinas, ubicadas en un edificio del centro financiero de Bogotá, tienen un valor comercial estimado de $41.318 millones, es decir, aproximadamente US$10 millones. Estos bienes fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, para que sean administrados con fines de indemnización a la población afectada por la violencia paramilitar en esa región del país.

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La medida fue ordenada por un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, tras una solicitud de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía. La decisión se fundamentó en pruebas que revelan presuntos vínculos entre la empresa extranjera y el bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según versiones libres de postulados a Justicia y Paz como Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, la petrolera habría financiado de manera ilegal a los paramilitares entre 1997 y 2005. El grupo armado ilegal habría recibido dinero, combustible, alimentación y transporte a cambio de ofrecer seguridad en los pozos de extracción de crudo, lo que habría contribuido al crecimiento patrimonial de la empresa durante ese periodo.

La Fiscalía logró identificar y vincular los bienes tras un detallado análisis de la estructura corporativa de la compañía, apoyado por la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). También se recolectó información clave sobre contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos.

Las labores investigativas estuvieron a cargo de fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Grupo Investigativo de Jurisdicciones Especiales de la Dijin, el ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y otras entidades judiciales.

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