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Exasesora de Hacienda revela órdenes de exministros y congresistas en escándalo UNGRD
Las nuevas revelaciones de María Alejandra Benavides a la justicia.

La exfuncionaria del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, entregó a la Corte Suprema de Justicia una declaración extensa en la que relató presuntas instrucciones que habrían recibido desde distintos niveles de Gobierno para direccionar proyectos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Su testimonio se suma a los elementos recopilados en torno al desfalco que investiga la justicia.
Benavides, quien se desempeñó como asesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, indicó que su ingreso a las gestiones con la UNGRD se produjo tras una presentación realizada por el propio Bonilla ante Olmedo López, exdirector de la entidad.
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De acuerdo con la versión de la testigo, le encomendaron tramitar iniciativas vinculadas a varios congresistas.
La exasesora mencionó proyectos en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado (Bolívar). Señaló que en el caso de Cotorra recibió un planteamiento directo del representante Wadith Manzur, quien habría expresado que trabajaba junto a la senadora Liliana Bitar y el representante Julián Peinado.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema indaga sobre contratos que suman $92.000 millones y que, según los testimonios, habrían sido asignados de manera directa. Se trata de tres convenios: uno en Cotorra por $50.000 millones, otro en El Salado por $12.356 millones y uno más en Saravena por $30.000 millones.
Todos estaban orientados a obras de contención y mitigación de inundaciones, aunque ninguno llegó a ejecutarse.
Benavides también mencionó que en Saravena intervino la representante a la Cámara Karen Manrique, de la circunscripción de víctimas, quien habría manifestado que el proyecto estaba a nombre suyo y del exrepresentante Juan Diego Muñoz, de la Alianza Verde, quien renunció a su curul en febrero del año pasado. Según la testigo, Bonilla conocía los avances de esas gestiones.
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Otro de los apartes de su declaración se centró en la senadora Liliana Bitar. Benavides relató que la congresista le sugirió eliminar conversaciones de WhatsApp vinculadas a estos asuntos.
“Ella me dijo que si yo me sentía acomodada borrándolo, y yo lo borré frente a ella”, señaló ante los magistrados.
Benavides también relató la existencia de un encuentro en la Presidencia de la República el 27 de noviembre de 2023. Según su versión, en la reunión estuvieron presentes el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez —hoy precandidata presidencial— y Olmedo López.
Este encuentro coincide con el “cónclave” que López había mencionado previamente ante la Fiscalía y en declaraciones públicas.
Durante su comparecencia, Benavides afirmó que recibió amenazas contra su familia y su abogado con el fin de evitar que entregara información a las autoridades.
Explicó que los mensajes incluyeron imágenes de calaveras y lápidas como advertencia.
La Fiscalía le otorgó en julio a Benavides un principio de oportunidad por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El acuerdo contempla inmunidad total a cambio de declarar sobre los hechos y aportar pruebas en contra de otros implicados, en particular sobre su exjefe, el exministro Ricardo Bonilla.
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