ELN secuestra a seis personas en Arauca

El Ejército Nacional confirmó el secuestro de seis personas en la vereda Caño Tigre, zona rural del municipio de Arauquita, Arauca. Según las primeras investigaciones, el frente de guerra oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría detrás de este nuevo acto de violencia que agrava la situación de seguridad en el departamento.

Entre las víctimas se encuentra Ricardo Ramos, un firmante del acuerdo de paz, quien fue retenido junto a sus allegados. Hasta el momento, el paradero de los secuestrados es desconocido. Tropas de la Octava División del Ejército Nacional han desplegado operaciones en el área para localizar a los afectados y capturar a los responsables.

El sitio del secuestro está a solo 12 kilómetros del centro poblado Filipinas, una zona que cuenta con presencia de la fuerza pública y que ofrece garantías de seguridad para los excombatientes de las Farc-EP en proceso de reincorporación. Sin embargo, estos territorios siguen siendo escenario de intimidaciones y ataques, lo que pone en riesgo a las comunidades.

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Arauca es un departamento fuertemente afectado por el control de grupos armados ilegales. En la región operan el ELN, con sus subestructuras Domingo Laín Sanz y Batallón Héroes, y las disidencias de las Farc, como la subestructura 28 y la estructura 10. Estos grupos compiten por el control territorial, utilizando métodos como secuestros, extorsiones, y enfrentamientos armados.

El secuestro sigue siendo una de las herramientas económicas y de presión más utilizadas por el ELN. En lo que va de 2025, al menos nueve personas han sido privadas de su libertad en Arauca, según informes de inteligencia militar. La cercanía de la frontera con Venezuela facilita las operaciones de los grupos armados, quienes aprovechan los pasos ilegales para esconder a sus víctimas y evadir la acción de las autoridades colombianas.

La situación ha llevado a que el Tribunal Administrativo de Arauca admitiera una acción popular de la Fundación para el Estado de Derecho contra la Presidencia y los ministerios de Defensa y del Interior, señalando la falta de control territorial en el departamento. La fundación exige medidas para proteger los derechos colectivos de las comunidades, afectadas por secuestros, peajes ilegales, enfrentamientos armados y confinamiento de pueblos indígenas.

Mientras tanto, las autoridades colombianas intensifican las operaciones para rescatar a las víctimas del secuestro.

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