Directiva de la Fiscalía ordena liberar a delegados de paz capturados incluso en flagrancia

La Fiscalía General de la Nación emitió la directiva 003 del 10 de julio de 2025, mediante la cual se ordena la suspensión de órdenes de captura contra integrantes de organizaciones criminales que participan como representantes en diálogos de paz con el Gobierno. El documento, firmado por la fiscal general Luz Adriana Camargo, instruye que, en caso de detención de estos delegados, incluso en flagrancia, deberán ser dejados en libertad de manera inmediata.

La medida fue revelada por la revista Semana y despertó inquietud en fiscales de la Dirección de Crimen Organizado, quienes advierten que la disposición limita su capacidad de actuación y podría derivar en escenarios de impunidad. Los funcionarios consideran que la instrucción constituye un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado y dificulta el avance de investigaciones sobre delitos graves.

Según el texto, los fiscales deben abstenerse de solicitar nuevas órdenes de captura en contra de las personas beneficiadas, incluso si se identifican conductas delictivas posteriores a la suspensión. La norma cubre tanto las órdenes ya emitidas como aquellas que pudieran expedirse en el futuro, de acuerdo con la instrucción.

El documento establece que los llamados “delegados de paz” estarán exentos de la acción judicial aun si son sorprendidos en delitos como concierto para delinquir, secuestro, terrorismo, extorsión o incluso homicidios colectivos. En todos los casos, la instrucción es ordenar la liberación inmediata por considerar ilegal la captura.

De esta forma, basta con que un grupo armado inicie acercamientos o conversaciones con el Gobierno para que sus representantes entren en el inventario de personas protegidas por la Fiscalía. La disposición no aclara el alcance de dichas conversaciones, el tipo de organización involucrada ni su nivel de estructura criminal.

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Fiscales consultados advirtieron que la falta de claridad en la norma ha generado confusión al interior de la entidad. Denunciaron, además, que los procesos relacionados con grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han disminuido de manera notoria, mientras que muchos expedientes terminan en despachos con poca experiencia, lo que afecta la capacidad investigativa.

De acuerdo con los testimonios recogidos, también se restringió la apertura de nuevas iniciativas de investigación a partir de fuentes, lo que centralizó el manejo de la información en las directivas. Según los fiscales, esta situación ha provocado una reducción significativa en el porcentaje de capturas y en la operatividad de la Dirección de Crimen Organizado.

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