Protestas en Irán: bloquean Internet, acusan al régimen de ordenar asesinatos y mujeres se quitan el hiyab

Irán vive una de las mayores oleadas de protesta de las últimas décadas, con manifestaciones masivas en decenas de ciudades que desafían al régimen de la República Islámica y ponen en evidencia el profundo descontento social y político en el país.

Las movilizaciones, iniciadas a finales de diciembre de 2025 por detonantes económicos, han evolucionado rápidamente hacia exigencias de cambio político y confrontación directa con las autoridades clericales.

Desde el 28 de diciembre de 2025, comerciantes del histórico Gran Bazar de Teherán comenzaron a cerrar sus locales y a protestar por el colapso del valor de la moneda nacional, el rial, y el aumento del costo de la vida.

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Las protestas se extendieron rápidamente por todo el país, alcanzando al menos 25 de las 31 provincias y más de un centenar de ciudades, con movilizaciones diarias de estudiantes, trabajadores y sectores urbanos descontentos con el rumbo económico y político.

Las autoridades iraníes respondieron con medidas drásticas: bloquearon Internet a escala nacional y cortaron líneas telefónicas, en un intento por frenar la difusión de imágenes y la coordinación de las protestas.

Organizaciones de monitoreo digital como NetBlocks confirmaron que el acceso a la red cayó a niveles casi nulos, dejando al país prácticamente aislado del mundo exterior en métodos similares a apagones anteriores en episodios de protesta.

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La represión de las fuerzas de seguridad ha sido severa. Según organizaciones de derechos humanos, al menos decenas de manifestantes han muerto, incluidos menores, y miles han sido detenidos. Grupos internacionales denuncian el uso de munición real contra civiles y agresiones indiscriminadas por parte de las fuerzas del orden.

Contexto

Actos extremos de rechazo al régimen, como la quema de la tumba de Ruhollah Jomeini, fundador de la República Islámica tras la revolución de 1979.

Las mujeres iraníes, históricamente resignadas a decretos religiosos sobre vestimenta, han jugado un papel central en la protesta.

Se han difundido imágenes de mujeres quitándose el hijab en la calle y afrontando las consecuencias, un acto simbólico que remite directamente al movimiento “Woman, Life, Freedom” iniciado tras la muerte de Mahsa Amini en 2022 por supuestas violaciones de las normas de vestimenta.

Esta revuelta contra el código de vestimenta obligatorio refleja un rechazo más profundo a las políticas de control social que restringen los derechos de las mujeres desde hace décadas

Las protestas actuales han reunido a hombres y mujeres, jóvenes, obreros y comerciantes, muchos de los cuales han entonado consignas no sólo contra la economía del país sino directamente contra el guía supremo, Ali Jamenei, y el sistema clerical.

Aunque las protestas comenzaron por motivos económicos —colapso del rial, inflación descontrolada y escasez de bienes básicos—, rápidamente se transformaron en un rechazo contra el régimen teocrático y sus prioridades, incluido el gasto público en política exterior y grupos armados aliados en la región en lugar de en el bienestar doméstico.

En respuesta al creciente malestar, el presidente iraní ha instado a “moderación” y “diálogo” con los manifestantes, pero el régimen ha reforzado la postura represiva y la cúpula política planea un discurso oficial para justificar sus acciones.

Décadas atrás

Antes de 1979, Irán era una monarquía encabezada por el sha Mohammad Reza Pahlavi, cuya familia gobernó el país durante décadas con un modelo autoritario, fuertemente apoyado por Estados Unidos y Occidente.

El sha promovió la modernización industrial y educativa, pero también una política de represión política interna, con una policía secreta (SAVAK) que perseguía a opositores.

Finalmente, la insatisfacción generalizada con corrupción, desigualdad y falta de libertades condujo a la Revolución Islámica de 1979, liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien abolió la monarquía y estableció la República Islámica, un sistema político teocrático en el que el clero mantiene el poder supremo y restringe severamente las libertades individuales, especialmente de las mujeres.

Desde entonces, las mujeres iraníes han estado sujetas a leyes estrictas de vestimenta e interacción social basadas en interpretaciones conservadoras del islam chií, incluidas normas obligatorias sobre el hijab y severas sanciones por su incumplimiento.

Estas restricciones han sido un punto de fricción constante entre partes de la sociedad y el Estado desde hace más de cuatro décadas.

Heredero

Reza Pahlavi (nacido en 1960 en Teherán) es el hijo mayor del último sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, y de la shahbanu Farah Diba.

Fue nombrado príncipe heredero en 1967 y se formó como piloto y politólogo, completando estudios en Estados Unidos. Tras la revolución de 1979, su familia fue forzada al exilio cuando él tenía dieciocho años, y no ha vivido en Irán desde entonces.

Tras la muerte de su padre en 1980, Pahlavi se proclamó jefe de la casa imperial y ha vivido desde entonces entre Estados Unidos, Francia y otras capitales occidentales. Ha fundado movimientos de oposición, como el Iran National Council, y se define como un defensor de la democracia, la libertad individual y un cambio de régimen pacífico en Irán.

En los últimos días, Pahlavi ha emitido llamados públicos a la movilización ciudadana y a protestas coordinadas en todo el país, alentando a los iraníes y a las fuerzas de seguridad a desafiar al régimen.

Ha declarado que está “más listo que nunca para asumir una transición democrática” si el sistema actual cae, aunque su figura divide opiniones entre los manifestantes, algunos de los cuales ven con recelo la idea de restaurar la monarquía clásica, debido a las memorias del pasado autoritario del sha y su ausencia prolongada de Irán.

Las protestas se mantienen descentralizadas, sin un liderazgo único, y se han convertido en una respuesta múltiple a agravios económicos, sociales y políticos acumulados durante años.

Mientras tanto, el régimen iraní ha intensificado la censura y la represión con la intención de sofocar las manifestaciones, pero la presión social persistente y el descontento profundo plantean interrogantes serios sobre la estabilidad del sistema teocrático casi 47 años después de su instauración.

Las leyes

Desde la instauración de la República Islámica de Irán en 1979, el sistema legal del país se estructura en torno a una interpretación conservadora de la ley sharía o ley islámica, que en la práctica rige tanto cuestiones civiles como penales y familiares.

La sharía, concebida como un código religioso que establece normas de conducta social, moral y legal conforme a interpretaciones del islam chií, está incorporada directamente en la Constitución y en múltiples leyes iraníes, configurando un marco jurídico donde la religión y el Estado son inseparables.

Este ordenamiento legal ha tenido consecuencias profundas en las libertades individuales. Las mujeres, en particular, se encuentran en una posición jurídica claramente subordinada frente a los hombres en aspectos fundamentales de la vida cotidiana y familiar.

Bajo la legislación iraní actual, los derechos de mujeres y niñas no son iguales a los de los hombres en ámbitos como la edad de responsabilidad penal, los derechos sobre matrimonio, divorcio, custodia de hijos, participación en la vida pública y política, libertad de movimiento, e incluso el acceso a determinados empleos o actividades sociales.

Estas desigualdades no son accidentales, sino que derivan de la aplicación de criterios de la sharía que condicionan los derechos ciudadanos a la conformidad con normas islámicas tradicionales.

Entre las disposiciones más visibles y controvertidas está la obligatoriedad del hiyab o velo islámico para todas las mujeres en espacios públicos.

Desde los primeros años de la República Islámica, y reforzada por leyes posteriores, las autoridades han impuesto normas estrictas de vestimenta femenina, sancionando a quienes no las cumplen con multas, detenciones, penas de prisión e incluso castigos corporales administrados por la denominada policía moral.

Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado que estas medidas se aplican no solo con rigor policiaco sino también mediante sistemas de vigilancia y denuncias ciudadanas, reforzando la idea de que el control sobre el cuerpo femenino es un asunto de seguridad estatal.

Las implicaciones de estas normas van más allá de una simple cuestión de vestimenta. Instituciones internacionales han señalado que el marco legal basado en sharía limita la autonomía personal de las mujeres en decisiones tan básicas como viajar al extranjero sin el consentimiento del esposo, iniciar procesos de matrimonio o divorcio, y ejercer plenamente derechos civiles y políticos.

Las reformas legales posteriores a la revolución de 1979 consolidaron un sistema en el que las mujeres están sujetas a restricciones legales que han sido calificadas por grupos de derechos humanos como una forma sistemática de discriminación estructural.

Normas y abusos

La imposición de estos criterios religiosos en la legislación ha generado protestas recurrentes, siendo la muerte de Mahsa Amini en 2022 —detenida por no llevar “adecuadamente” el hiyab— un punto de inflexión que detonó un movimiento nacional e internacional conocido como “Mujer, Vida, Libertad”.

Esta movilización no solo cuestiona la obligatoriedad del velo, sino también el modelo jurídico-religioso que restringe las libertades individuales y que permanece como base del ordenamiento estatal iraní.

Adulterio y relaciones sexuales fuera del matrimonio

La sharía clasifica el adulterio (zina) como una falta grave prohibida. En su forma tradicional puede ser sancionado con castigos como azotes o incluso la pena de muerte en ciertos contextos clásicos, aunque esto depende de interpretaciones y criterios legales específicos.

Robos y hurtos

El robo está prohibido bajo la sharía y, en las interpretaciones tradicionales, es sujeto de severas sanciones que pueden incluir amputación de la mano del infractor en sistemas que aplican castigos hudud.

Falso testimonio o difamación

Dar falso testimonio o acusar injustamente a alguien de cometer adulterio u otros delitos es una prohibición bajo la ley islámica, considerada un grave quebrantamiento de la justicia.

Consumo de alcohol y drogas intoxicantes

La sharía prohíbe el consumo de todo tipo de bebidas alcohólicas y sustancias que alteren la mente, al considerarse perjudiciales para el individuo y la sociedad.

Juegos de azar y apuestas (qimar)

Las actividades de azar y apuestas están prohibidas bajo la sharía porque se considera que promueven la adquisición de riqueza sin trabajo y conducen a disputas e injusticias.

Usura (riba)

La práctica de exigir o dar intereses excesivos sobre préstamos se considera prohibida porque genera iniquidad y explotación económica.

Apostasía (renunciar a la religión islámica)

En interpretaciones tradicionales de algunos juristas islámicos, abandonar el islam (apostasy) puede ser considerado prohibido, incluso con penas severas, aunque esto es objeto de debate entre estudiosos contemporáneos.

Idolatría (shirk)

La asociación de otros dioses o intermediarios en la adoración a Dios (Allah), según la sharía, es la forma más grave de transgresión religiosa.

Desobediencia o falta de respeto hacia los padres

En muchas interpretaciones tradicionales, el desobedecer y tratar mal a los padres está prohibido y se considera una violación ética de la moral islámica.

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