Defensa de Sneyder Pinilla solicita protección urgente por amenazas

El abogado penalista Luis Gustavo Moreno Rivera, recordado tristemente por hacer parte del denominado Cartel de la Toga y condenado en Estados Unidos conspiración para lavar dinero, ahora defensor del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Sneyder Pinilla, solicitó al Estado colombiano la activación inmediata de medidas de protección para su representado, quien ha sido considerado testigo clave dentro de las investigaciones judiciales por presuntos actos de corrupción cometidos en esa entidad estatal.

La petición fue dirigida a tres entidades del Estado: la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con Moreno, su cliente se encuentra en riesgo como consecuencia de su participación en la entrega de información relevante que comprometería a múltiples actores involucrados en hechos delictivos, en el contexto de lo que se ha denominado como uno de los escándalos administrativos más significativos del presente gobierno.

Moreno Rivera advirtió sobre la existencia de sectores que, según él, estarían interesados en impedir que Pinilla continúe colaborando con la justicia.

En su declaración pública, el jurista indicó que “como defensor, y en un contexto donde se han registrado presiones, actos de intimidación y ofrecimientos económicos dirigidos a alterar la voluntad de mi defendido, participé en una diligencia legal que permitió documentar un intento de obstrucción a la administración de justicia”.

El abogado señaló que esta actuación se desarrolló dentro de los límites del ejercicio profesional y fue realizada en cumplimiento de los principios legales y éticos que rigen la defensa penal.

Rechazó que existiera algún interés individual o beneficio personal al ejecutar dicha operación, y subrayó que su proceder se fundamentó en obligaciones inherentes a su rol como abogado: salvaguardar el debido proceso, aportar en la búsqueda de la verdad judicial y contribuir a que se sancione la impunidad.

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En sus declaraciones, Moreno precisó que la cooperación ofrecida a los órganos competentes tiene como propósito evitar que el testigo sea silenciado mediante acciones ilegítimas, como ha intentado hacerse —según su versión— por medio de sobornos y amenazas.

Aunque no especificó nombres ni detalló las circunstancias exactas de tales ofrecimientos, reafirmó que se entregaron elementos probatorios a las autoridades correspondientes con el objetivo de que se inicien las acciones legales pertinentes.

El defensor concluyó que, pese a las implicaciones y posibles consecuencias personales o profesionales derivadas de sus acciones, considera que apoyar a su cliente en la revelación de hechos que comprometerían la transparencia de la gestión pública constituye una obligación ineludible.

“Colaborar con las autoridades en este caso, para desenmascarar a quienes pretendieron detener el curso de la justicia, fue y sigue siendo la decisión adecuada”, sostuvo.

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