Crisis humanitaria en sur de Bolívar: más de 5.000 personas en riesgo por enfrentamientos armados

La situación humanitaria en varios municipios del sur del departamento de Bolívar ha alcanzado niveles críticos como consecuencia directa de enfrentamientos armados sostenidos entre distintas estructuras ilegales.

Según han confirmado autoridades departamentales y la Defensoría del Pueblo, las confrontaciones involucran al denominado Clan del Golfo, frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en zonas rurales de Montecristo, Arenal, Cantagallo y Santa Rosa del Sur.

El conflicto, según informes oficiales, obedece a una disputa territorial y económica por el control de corredores estratégicos para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Como resultado de los combates, cientos de familias han permanecido confinadas en sus viviendas, sin posibilidades de acceder a alimentos, medicamentos ni combustible.

Se estima que más de 5.000 personas podrían verse forzadas a abandonar sus hogares ante el recrudecimiento de la violencia, situación que ha desbordado la capacidad institucional de respuesta a nivel local.

Uno de los casos más alarmantes se registra en el corregimiento de La Marizosa, perteneciente al municipio de Santa Rosa del Sur, donde los pobladores completan cerca de dos semanas sin acceso a víveres ni productos de primera necesidad.

Las rutas de abastecimiento han sido bloqueadas y los actores armados continúan imponiendo restricciones de movilidad en áreas rurales y caminos veredales, según lo han reportado líderes comunitarios.

Frente a este panorama, la Gobernación de Bolívar ha manifestado públicamente su preocupación y ha solicitado apoyo urgente del Gobierno Nacional.

Manuel Berrío, secretario de Seguridad Departamental, afirmó que las autoridades locales no cuentan con las competencias ni el respaldo operativo necesario para contrarrestar la situación:

“Nos han dejado solos sin las herramientas para hacerle frente a esta situación tan compleja. Recordemos que el Ejército Nacional y las Fuerzas Militares responden directamente al presidente de la República y al ministro de Defensa. Desde las alcaldías y las gobernaciones no podemos impartir órdenes para actuar contra grupos armados”.

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A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los actores armados para que cesen de manera inmediata las acciones que ponen en riesgo a la población civil.

La entidad exigió respeto por el Derecho Internacional Humanitario y señaló que la afectación a la vida, la integridad física y la movilidad de las comunidades constituye una violación grave de los derechos humanos: “Instamos a los grupos armados ilegales para que cesen inmediatamente toda conducta que ponga en riesgo la vida, la integridad de la población civil, sus bienes y afecte su movilidad”.

De igual forma, la Defensoría insistió en la necesidad de articular con urgencia una respuesta interinstitucional liderada por el Gobierno Nacional, en cabeza de la Unidad para las Víctimas, con participación de entidades territoriales y organizaciones humanitarias.

El objetivo es garantizar atención integral a los habitantes confinados y prevenir desplazamientos masivos que podrían agravar el panorama regional.

Hasta el momento no se ha reportado el ingreso de misiones humanitarias a los territorios más afectados, y las condiciones de seguridad siguen siendo precarias.

Varias escuelas han suspendido sus actividades y los centros de salud operan con recursos limitados o nulos.

Las alertas tempranas emitidas por las autoridades locales y las organizaciones comunitarias no han sido suficientes para evitar la expansión del conflicto.

Este escenario se suma a la lista de regiones del país en donde el control territorial por parte de actores armados ilegales ha generado afectaciones prolongadas para la población civil, con consecuencias directas sobre el acceso a derechos fundamentales como la alimentación, la educación, la salud y la libertad de circulación.

La situación en el sur de Bolívar, particularmente en zonas con baja presencia estatal, refleja los desafíos que enfrenta el Estado colombiano en la implementación de políticas de seguridad, protección de comunidades vulnerables y consolidación de la paz territorial.

Mientras persiste la falta de presencia efectiva de las fuerzas militares en áreas claves, los habitantes continúan a merced de las dinámicas de guerra impuestas por estructuras armadas que operan al margen de la ley.

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