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Corte Suprema define que el caso contra César Manrique debe seguir en la justicia ordinaria

La Corte descartó que el exdirector de Función Pública tuviera fuero y devolvió el expediente al juzgado de garantías.

César Manrique
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 13/06/2025 - 18:03 Créditos: Función Pública

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, reunida en sesión ordinaria en Sincelejo (Sucre), resolvió el conflicto de competencias surgido en el proceso contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, concluyendo que el caso debe ser conocido por la justicia ordinaria.

Manrique Soacha fue citado a imputación de cargos por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con el fin de favorecer a determinados empresarios a cambio de beneficios económicos.

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Ante la Juez 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y sucesivo, peculado por apropiación y lavado de activos.

Sin embargo, la defensa del exfuncionario alegó que los hechos imputados estaban relacionados con su cargo y, por tanto, debía aplicarse su fuero constitucional, por lo que el caso debería ser conocido por la Corte Suprema de Justicia y no por un juez ordinario.

La Corte, no obstante, descartó la existencia de dicho fuero, al señalar que no se evidencia que los delitos atribuidos se hayan cometido en ejercicio de las funciones propias de su cargo como director de Función Pública.

“Por el contrario, los hechos relatados en la imputación sugieren que su intervención se habría concretado en el marco de acuerdos informales, de índole personal o político, con directivos de la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras, encaminados al direccionamiento de procesos contractuales y al eventual recibo de dádivas derivadas de tales gestiones irregulares”, explicó la Sala.

Con base en este análisis, los magistrados determinaron que el Juzgado 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá es el competente para continuar el proceso, y remitieron a ese despacho el expediente.

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