Consejo de Estado ordenó a presidente Gustavo Petro rectificarse por declaraciones contra grupo Keralty

El Consejo de Estado de Colombia emitió un fallo en el que concluyó que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, incurrió en una vulneración de derechos fundamentales al referirse públicamente a Joseba Grajales Jiménez, presidente del grupo empresarial Keralty, como “criminal” en el contexto de una intervención televisada realizada en julio del presente año.

La alta corte consideró que tales declaraciones no contaban con el debido sustento fáctico ni judicial, por lo cual ordenó al jefe de Estado rectificarse.

La controversia surgió luego de que, durante una alocución oficial, el presidente Petro afirmara que la empresa Keralty y su máximo directivo participaban en la financiación indebida de campañas políticas mediante el uso de recursos de origen extranjero.

En esa intervención, el mandatario expresó: “Está prohibido que en una empresa como Keralty le pague a los políticos. El político que reciba ese dinero es un criminal. Está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse, porque aquí está prohibido financiar campañas con dineros extranjeros”.

Tras la emisión de esas declaraciones, Joseba Grajales interpuso una acción de tutela ante las autoridades judiciales, argumentando que las expresiones del presidente vulneraban su derecho a la honra, al buen nombre y a la presunción de inocencia, al no existir decisión judicial en firme que lo vinculara penalmente con los señalamientos del jefe de Estado.

El Consejo de Estado, al fallar en favor del accionante, señaló que el uso de términos como “crimen” y “criminal” por parte de una figura pública con autoridad institucional implica una carga especial de verificación que no fue observada en este caso.

El tribunal advirtió que las afirmaciones del presidente no estuvieron acompañadas de referencias específicas a hechos concretos, ni a determinaciones de organismos administrativos o judiciales que fundamentaran la acusación.

La sentencia del alto tribunal enfatizó que, si bien los servidores públicos tienen derecho a expresar opiniones, estas deben estar sujetas a parámetros de responsabilidad y deben respetar los derechos fundamentales de las personas aludidas.

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En particular, tratándose del presidente de la República, la corte señaló que existe una obligación adicional de diligencia y prudencia, por la magnitud de las consecuencias que pueden derivarse de sus pronunciamientos.

En respuesta al fallo, el grupo Keralty emitió un comunicado en el que manifestó su respaldo a la decisión judicial y reiteró que desde hace más de tres años ha sido objeto de lo que considera una persecución por parte del actual Gobierno.

La empresa aseguró que sus actuaciones se han ceñido a la ley y a principios éticos que rigen su labor institucional.

Según el comunicado, la situación alcanzó una mayor complejidad con las declaraciones del presidente Petro, que —según la compañía— no solo carecían de sustento probatorio, sino que afectaban de manera directa su reputación y la de sus colaboradores.

La organización indicó que el fallo judicial ratifica su posición y constituye una defensa efectiva de los derechos vulnerados.

Keralty destacó además que sus empleados han continuado ejerciendo sus funciones con dedicación, incluso en un entorno que calificó como adverso, y reafirmó su compromiso con la prestación de servicios de salud y bienestar.

Aseguró que los valores que orientan sus actividades no son objeto de negociación y que no se verán alterados por campañas que, según su apreciación, buscan desprestigiar su labor.

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