EPM reveló contrato de pólizas con Mapfre por Hidroituango por orden judicial

El contrato de transacción entre Empresas Públicas de Medellín, EPM y la aseguradora Mapfre, relacionado con la póliza de seguro de Hidroituango, fue revelado públicamente tras un fallo judicial del juzgado 18 administrativo oral del circuito de Medellín. 

El juez había dado un plazo de tres días a EPM para hacer público el contrato, sin embargo, la entidad lo hizo solo un día después en una conferencia de prensa encabezada por el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, y Andrés Uribe Mesa, vicepresidente de riesgos de la empresa.

"Con respecto al contrato firmado entre Mapfre y EPM, no hay nada que ocultar. Hoy estamos aquí para ponerlo a disposición de la opinión pública", declaró Carrillo Cardoso.

Lea también (Controversia por circular de MinTic que autoriza propaganda electoral en emisoras comunitarias)

Aunque EPM aceptó los US$983,8 millones de la póliza 'Todo Riesgo Construcción', que cubría hasta US$2.556 millones para daños materiales en obras civiles y equipos, no renunció a reclamar valores o conceptos que podrían haber sido objeto de cobertura. 

Carrillo explicó que la totalidad de la póliza, US$2.556 millones, se habría entregado solo si la represa hubiese quedado completamente destruida, lo cual no ocurrió, a pesar de la contingencia que enfrentó el proyecto en 2018.

"La póliza tiene condiciones que enmarcan la máxima responsabilidad de la aseguradora, como deducibles, exclusiones y sublímites, que aplicadas dentro de un proceso de ajuste técnico, hacen que no todas las pérdidas derivadas de la contingencia hayan sido indemnizables por Mapfre", afirmó Uribe Mesa en la conferencia de prensa.

Le recomendamos leer (Alertas sanitarias de Invima por varios tipos de dulces con cannabis incorporado)

Además, EPM indicó que la cifra alcanzada en el Acuerdo de Transacción con Mapfre permitió cubrir las pérdidas aseguradas y cerrar de forma anticipada la reclamación. Por lo tanto, la empresa decidió no continuar con el proceso arbitral iniciado contra la aseguradora en caso de no llegar a un acuerdo.

Carrillo agregó que llegar a un acuerdo con Mapfre en ese momento también permitió el pago total del fallo fiscal de la Contraloría, lo que a su vez permitió continuar con los contratistas a cargo del proyecto. 

Si los contratistas del Consorcio CCCI y de otros consorcios de interventoría y asesoría hubieran estado inhabilitados al ser inscritos en el boletín de responsables fiscales, habría sido imposible continuar con el proyecto, lo que habría generado mayores pérdidas, comprometido la estabilidad física de las obras y la seguridad de las comunidades aguas abajo de la presa.

Carrillo también señaló que si los contratistas hubieran sido inhabilitados debido a la falta de pago del fallo de responsabilidad fiscal, la empresa habría tardado al menos dos meses en iniciar un nuevo proceso de licitación para encontrar nuevos constructores.

EPM había organizado un comité técnico para determinar las pérdidas generadas por un posible retraso de dos meses y concluyó que este tiempo representaría entre $4,5 billones y $7,4 billones en pérdidas de ingresos y pago de multas. Por ello, Carrillo indicó que el acuerdo firmado con Mapfre el 10 de diciembre de 2021 es coherente con el proceso de ajuste técnico que EPM venía realizando.

Otras noticias