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Banco Agrario y beneficios para arroceros: créditos, condonaciones, tasas subsidiadas y alivios financieros
La entidad bancaria ha contribuido con al desarrollo de más de 17.000 arroceros a nivel nacional con préstamos blandos.
En una escuela rural de Pore, en Casanare, las bancas del salón ya no están llenas de niños sino de productores de arroz que llegaron con carpetas bajo el brazo y años de deudas a cuestas.
Frente a ellos, funcionarios del Banco Agrario y de Finagro explican, con diapositivas y listados de municipios, qué significa que el Gobierno haya decidido condonar hasta el 100 % de los intereses de sus créditos en mora y parte del capital.
Es el aterrizaje en territorio de una política de financiamiento que, al menos sobre el papel, busca darle un respiro a un sector golpeado por la caída de precios, los cambios climáticos y la dificultad histórica para acceder a crédito barato.
El presidente del Banco Agrario Hernando Chica Zuccardi, es uno de los gestores de la iniciativa que a la fecha ha beneficiado a más de 17.000 cultivadores de arroz a nivel nacional.
Detrás de la reunión hay una apuesta que se viene construyendo desde mediados de 2025. El Ministerio de Agricultura, Finagro y el Banco Agrario diseñaron una política específica para los arroceros con deudas vencidas, que combina condonación de intereses, descuentos importantes al capital y nuevos créditos con tasas subsidiadas.
De acuerdo con la información oficial, en las jornadas de alivios financieros realizadas en los últimos meses se ha logrado condonar hasta 80 % del capital y 100 % de los intereses a pequeños y medianos productores, con más de 650 arroceros atendidos en municipios clave para el cultivo como Pore y Yopal (Casanare), El Espinal y Lérida (Tolima), Aguachica (Cesar), Majagual (Sucre), Tierralta (Córdoba) o Granada (Meta).
Las cifras dan una idea de la magnitud del esfuerzo. Se han logrado acuerdos de pago por más de 670.000 millones de pesos y condonaciones en deudas respaldadas por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) por alrededor de 325.000 millones, recursos que permiten limpiar parte de la cartera en mora y reabrir la puerta al crédito productivo.
En paralelo, el Ministerio ha puesto a disposición del sector más de 8.000 millones de pesos para subsidiar tasas de interés en líneas especiales de crédito dirigidas a pequeños arroceros, con el objetivo de que el financiamiento para sacar adelante los cultivos no se dispare por encima de la rentabilidad del negocio.
El otro pilar de la estrategia son las Líneas Especiales de Crédito (LEC), que se han convertido en la columna vertebral de la oferta de recursos baratos para el campo.
En junio de 2025 se abrió un nuevo paquete de LEC para impulsar la producción de alimentos y mejorar la productividad agropecuaria, con tasas de interés preferenciales subsidiadas por el Ministerio de Agricultura.
El Banco Agrario, como principal canalizador de estos recursos, adaptó su portafolio y creó dos grandes líneas: LEC Desarrollo Productivo y LEC Reforma Agraria, pensadas para financiar capital de trabajo, inversiones productivas e incluso compra de tierras para uso agropecuario.
Lo relevante para los arroceros es que, dentro del esquema de distribución de recursos, existe una “bolsa 8” dedicada específicamente al sector arrocero, que prioriza la asignación de subsidios de tasa a quienes siembran este cultivo.
En la práctica, esa priorización se traduce en tasas de interés que, para pequeños productores, pueden partir de 0% efectivo anual dependiendo del comportamiento del IBR y del nivel de subsidio aplicable.
Además, a través del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), el Gobierno puede reconocer hasta 40 % del valor de la inversión financiada, abonándolo directamente al saldo del crédito, lo que reduce el monto total a pagar y mejora el flujo de caja de las fincas arroceras.
El Banco Agrario combina esas herramientas con un trabajo de campo intenso. En 2025, la entidad reportó haber normalizado cartera con arroceros por más de 25.458 millones de pesos, beneficiando a cerca de 600 productores en distintas regiones. Para lograrlo, organizó 72 brigadas de cartera en municipios con alta producción de arroz, donde no solo se renegocian deudas sino que también se colocan nuevos créditos; solo en el primer semestre, esos encuentros permitieron adjudicar alrededor de 12.067 millones de pesos en préstamos a 434 clientes del sector.
El esfuerzo no se queda ahí. Para el segundo semestre de 2025 el banco programó 116 brigadas adicionales en 58 municipios de 14 departamentos, que concentran el 80 % de la producción nacional de arroz y unas 556.000 hectáreas sembradas.
Las alternativas ofrecidas incluyen prórrogas de hasta 180 días en el pago de cuotas, traslados de saldos a la siguiente cosecha, reestructuraciones de plazo y esquemas de normalización “estructural” de la deuda, ajustados a la realidad de cada productor.
En paralelo a las LEC y a las jornadas de normalización, los arroceros tienen acceso a la Línea Especial de Crédito de Reactivación Agropecuaria, diseñada para productores afectados por fenómenos climáticos o caídas severas en sus ingresos.
Esta línea, operada a través de Finagro y el Banco Agrario, ofrece tasas fijas entre 3 % y 5 % efectivo anual para pequeños y medianos productores, tanto para financiar nuevas inversiones como para refinanciar y normalizar deudas vigentes.
Se trata de tasas muy por debajo del crédito comercial tradicional, que buscan hacer viable la recuperación de fincas golpeadas por inundaciones, sequías o la caída de los precios del arroz en los últimos meses.
Detrás de estos programas recientes hay instrumentos de más largo aliento, como la Ley 2071 de 2020, conocida como Ley de Alivios Financieros.
A través de esta norma, el Banco Agrario ofrece a productores agropecuarios la posibilidad de condonar el 100 % de los intereses corrientes y de mora, aplicar descuentos sobre el capital según el nivel de deterioro de la cartera y suspender procesos jurídicos en curso, siempre que se logre un acuerdo de pago y el productor acredite afectaciones por eventos climáticos, fitosanitarios u otros fenómenos fuera de su control.
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Muchos arroceros con obligaciones en mora desde antes de 2020 han encontrado en esta ley el punto de partida para sanear sus cuentas y poder acogerse después a las nuevas líneas subsidiadas.
La otra cara del apoyo del Banco Agrario a los arroceros es el crédito para la siembra. Aunque no está restringido a un cultivo específico, el Crédito para Siembra Agrícola financia el desarrollo o adquisición de material vegetal, el previvero, el vivero, el establecimiento, la renovación y el sostenimiento de cultivos, etapas claves para el arroz mecanizado y de riego.
La propia entidad destaca que ofrece tasas de interés y periodos de gracia acordes con la actividad productiva, presencia en más de 1.000 municipios —lo que cubre el 98 % del territorio nacional— y asesoría de agrónomos especializados que acompañan la estructuración de los proyectos.
También subraya que mantiene alianzas con gremios y empresas del sector para financiar inversiones que incrementen la productividad y competitividad de las cadenas agropecuarias, entre ellas la arrocera.
Todo este engranaje de créditos y subsidios se apoya en una realidad estructural: para la mayoría de pequeños productores agropecuarios en Colombia, el acceso al crédito formal pasa casi inevitablemente por el Banco Agrario.
Un estudio reciente del Banco de la República, basado en datos del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, concluye que el crédito para pequeños productores se canaliza principalmente a través de esta entidad, con respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), mientras que la banca privada mantiene una participación marginal en este segmento, por eso la labor que está realizando en Banco Agrario es vital porque llega a las veredas, reduce trámites y ajusta los productos a los ciclos del cultivo.
Las cifras globales muestran que el banco tiene músculo para hacerlo. Solo en 2024 desembolsó créditos por 11,2 billones de pesos, de los cuales cerca de 3,7 billones se dirigieron a campesinos y pequeños productores, incluidas mujeres y jóvenes rurales.
Dentro de ese universo, la cartera específica del sector arrocero ronda los 550.000 millones de pesos, y durante el actual Gobierno la entidad afirma haber irrigado alrededor de 1,5 billones de pesos a esta actividad, combinando crédito nuevo y normalizaciones de cartera.
En los territorios, esa arquitectura de cifras millonarias se traduce en decisiones cotidianas: un productor que decide no abandonar el cultivo porque logró reestructurar su deuda; una familia que vuelve a sembrar después de un ciclo de pérdidas; una asociación que accede a un crédito asociativo para mejorar su sistema de riego; o una mujer rural que, gracias a un subsidio adicional sobre la tasa, consigue financiar la compra de tierra o maquinaria con condiciones que hace unos años parecían reservadas para grandes empresarios.
Al mismo tiempo, las organizaciones de arroceros reconocen las gestiones del banco para que los recursos se ejecuten con rapidez y lleguen antes de que venza la próxima cosecha.
Las audiencias públicas y los paros recientes del sector han dejado claro que, aunque los anuncios de condonaciones y tasas subsidiadas representan un alivio importante, la viabilidad del arroz como negocio depende tanto del crédito como de la política de precios, de la infraestructura de riego y de la estabilidad en las reglas de juego para la producción nacional.
Por ahora, el mapa de créditos y beneficios del Banco Agrario para los arroceros dibuja un escenario en el que el Estado asume un rol activo en la refinanciación y el subsidio de tasas, con instrumentos puntuales para quienes ya están ahogados en deudas y para quienes necesitan capital nuevo para sembrar.
La suma de condonaciones, LEC, reactivación agropecuaria, Ley de Alivios, los créditos de siembra y la gestión del Banco Agrario son fundamentales para que los campos de arroz sigan llenándose de productores y cultivadores prósperos.
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