Caso funcionarios de inteligencia y gobierno con alias Calarcá: hablan precandidatos y congresistas

El escándalo por los presuntos nexos del general Juan Miguel Huertas con alias Calarcá y las disidencias de las Farc detonó una reacción inmediata del mundo político, en especial de los precandidatos presidenciales de oposición y de varios congresistas.

De acuerdo con la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, los dispositivos electrónicos incautados a Alexander Díaz, alias Calarcá –computadores, USB y celulares– contienen correos, chats, cartas y fotografías que hablarían de contactos y eventuales acuerdos entre las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes y dos funcionarios clave del Estado: el general Juan Miguel Huertas, hoy jefe del Comando de Personal (COPER) del Ejército, y el directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmer o Wilmar Mejía.

Entre las actividades descritas figurarían gestiones para permisos de porte de armas, facilidades de movilidad para hombres con órdenes de captura, instrucciones para evitar requisas en retenes y hasta la creación de una empresa de seguridad como fachada.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó anunciando una investigación interna y subrayando que “ningún acto de ilegalidad será tolerado” en la Fuerza Pública.

A través de un pronunciamiento público, señaló que se pondrá a disposición de la Fiscalía la información pertinente y recalcó que, aun en el marco del diálogo con grupos armados, la Fuerza Pública tiene la obligación de capturar a cualquier individuo encontrado en flagrancia, incluyendo a alias Calarcá.

El director de la DNI, Jorge Lemus, admitió su preocupación porque la información no hubiese llegado oportunamente a la cúpula de inteligencia y anunció una inspección interna para establecer qué pasó con los controles en esa entidad.

Sin embargo, el foco de la controversia se desplazó rápidamente hacia los precandidatos presidenciales que aspiran a disputar el poder en 2026 y hacia congresistas de oposición y de centro, que ven en este caso una prueba de fuego sobre la relación del Gobierno con las disidencias y sobre el manejo de la seguridad nacional.

Varios aspirantes presidenciales, entre ellos David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y Vicky Dávila, han hecho pronunciamientos que combinan fuertes críticas a la “paz total” con cuestionamientos directos al papel del general Huertas y del aparato de inteligencia.

David Luna, precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, ha sido uno de los más vehementes. En sus mensajes en X, calificó el informe de Noticias Caracol como “demoledor” y aseguró que “el gobierno está arrodillado al narcotráfico”, al describir a alias Calarcá como un “traqueto disfrazado de guerrillero” que habría tenido relación directa con un alto mando del Ejército y con la DNI. A partir de esas revelaciones.

Luna exigió explicaciones inmediatas al presidente Gustavo Petro y advirtió que, si se confirma la información de los archivos, el mandatario “deberá renunciar”.

También puso el acento en los efectos institucionales: según él, se trataría de una infiltración de estructuras narcotraficantes en la inteligencia del Estado, lo que consideró “inadmisible en cualquier democracia” y un resultado directo de la política de “Paz Total”.

Otro precandidato que reaccionó con dureza fue el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, calificó el informe como “muy grave” y afirmó que las revelaciones apuntarían a alianzas criminales entre el Gobierno y estructuras narcotraficantes y terroristas, al sugerir que el Estado habría quedado “al servicio de alias Calarcá”.

Cárdenas cuestionó si algunos operativos de seguridad están siendo condicionados por acuerdos clandestinos y llamó a reemplazar la política actual por una estrategia de seguridad “seria y moderna”, insistiendo en que “Colombia no puede vivir engañada”.

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, hoy precandidato presidencial opositor, enfocó su respuesta directamente en el general Huertas. En su pronunciamiento, sostuvo que el caso implica una “mancha” para el honor de las Fuerzas Armadas y acusó al Gobierno de someterlas a una postura complaciente frente a la criminalidad.

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Pinzón afirmó que el general salpicado por los archivos de Calarcá es una “deshonra para el país”, exigió su retiro inmediato, la pérdida de sus grados y condecoraciones y señaló que debería terminar en la cárcel por delitos como traición a la patria y concierto para delinquir.

Presentó su propia candidatura como una promesa de “recuperar” la institucionalidad de las Fuerzas Militares y revertir, según él, la tendencia de otorgar beneficios a los criminales.

Desde el campo de la centroderecha y la derecha, otros precandidatos reforzaron la narrativa de infiltración en el Estado.

Juan Daniel Oviedo, aspirante presidencial, que lo revelado por los archivos de Calarcá no es un simple choque ideológico, sino “una amenaza directa a la seguridad nacional” porque grupos criminales habrían accedido a información sensible del Estado.

Por ello pidió una investigación independiente, la separación inmediata de los funcionarios mencionados y total transparencia sobre los contactos que señalan los documentos.

En la misma línea, Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo y también aspirante, advirtió que el país podría estar ante “el mayor quiebre de seguridad del actual gobierno”, habló de reuniones irregulares, pactos de no agresión, empresas fachada y filtraciones, y cuestionó si las tensiones recientes con la inteligencia estadounidense podrían estar ligadas a estas revelaciones.

La reacción de la senadora María Fernanda Cabal, quien ha hecho pública su intención de disputar la Presidencia, se centró en la financiación de la campaña Petro presidente.

A partir de lo revelado por Noticias Caracol, Cabal planteó interrogantes sobre si recursos vinculados a las disidencias pudieron haber terminado en la campaña oficialista y reclamó explicaciones al presidente y a la fiscal general Luz Adriana Camargo, insistiendo en que el país debe saber quién financió realmente la contienda de 2022.

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático y precandidato, afirmó que “el tiempo de la falsa ‘paz total’ se acabó” y pidió que “todos y cada uno de los involucrados” en el entramado descrito en los archivos de Calarcá respondan de inmediato, empezando por los altos funcionarios.

Aunque su énfasis ha estado más en el señalamiento al Gobierno y en la política de seguridad, su discurso se suma a la presión para que se adopten medidas disciplinarias y penales contra el general Huertas y el directivo de la DNI mencionados en las comunicaciones incautadas.

Vicky Dávila, periodista y aspirante presidencial, llevó el foco hacia la Fiscalía. Cuestionó por qué la fiscal Luz Adriana Camargo no había procedido con el material probatorio que, según la investigación, comprometería al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez, al general Huertas, a la Dirección Nacional de Inteligencia y a un ciudadano de origen chino.

Recordó que Camargo fue quien autorizó la libertad de alias Calarcá cuando fue retenido en un operativo militar, bajo la figura de gestor de paz, y la acusó de haber firmado directrices que impiden capturar a estos voceros incluso en flagrancia. Para Dávila, el escándalo demuestra una Fiscalía “cómplice”, mientras las disidencias infiltran el Estado y las Fuerzas Armadas.

Además de los precandidatos, varios congresistas en ejercicio han reaccionado al caso.

En el Senado, Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical y vicepresidente de la Comisión Primera, afirmó que el Gobierno y la vicepresidenta Francia Márquez deben dar “claridad sobre lo sucedido en campaña”, pues los archivos de Calarcá mencionarían pactos que se remontan a 2022.

Motoa señaló que desde hace tres años su partido viene advirtiendo sobre los riesgos de poner la DNI en manos de personas cercanas al M-19 y sugirió que el escándalo confirmaría esos temores, preguntándose si pactos desconocidos por la opinión pública hicieron posible el triunfo del Pacto Histórico.

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, sostuvo que el presidente “debe muchas explicaciones” porque detrás de su política de paz hay –en su lectura– un crecimiento de estructuras criminales protegidas de manera indirecta desde el Gobierno.

Por su parte, la representante Jennifer Pedraza, de Dignidad & Compromiso, calificó de “inadmisible” la situación y reprochó a los funcionarios del Ejecutivo por ser “blanditos” con las cabezas de organizaciones criminales, en contraste con su actitud frente a menores reclutados y población civil en territorios afectados por la violencia.

En el entorno de los expresidentes y figuras de peso sin candidatura formal clara, también hubo pronunciamientos. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras afirmó que “Petro le entregó el país a los criminales” y habló de un “régimen de impunidad” donde nadie responde, ni el Presidente, ni los generales, ni el ministro de Defensa.

El exfiscal Francisco Barbosa añadió que, según él, Colombia está “tomada y manejada por criminales y narcos” y pidió que tanto la justicia colombiana como el Departamento de Justicia de Estados Unidos actúen frente a los servidores públicos involucrados.

Aunque estos no son precandidatos en sentido estricto, sus declaraciones amplifican el costo político del caso para el Gobierno y para el general Huertas.

Del lado del petrismo y de los sectores cercanos al Gobierno, las reacciones políticas han sido, por ahora, más defensivas que propositivas en lo disciplinario.

La vicepresidenta Francia Márquez negó “categóricamente” las versiones que la vinculan con las disidencias, aseguró que nunca ha recibido apoyo de criminales ni se ha reunido con ellos y calificó los señalamientos como “infamias” sin pruebas.

El ministro de Defensa, como se mencionó, ordenó una indagación interna y se declaró dispuesto a aportar a la Fiscalía toda la información que requiera.

Mientras tanto, ni la Casa de Nariño ni la Fiscalía han detallado públicamente decisiones concretas frente al general Huertas, más allá de las noticias sobre la apertura de indagaciones disciplinarias en la Procuraduría General de la Nación.

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