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Sancionan a exdirectivos de la Universidad Distrital por omisiones en casos de violencia de género
Tres exfuncionarios fueron suspendidos por no activar los protocolos de atención a víctimas de violencia de género dentro de la institución.
La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a tres exfuncionarios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por omisiones graves en el manejo de denuncias de violencia de género presentadas al interior del campus universitario.
Entre los sancionados se encuentra Tito Ernesto Gutiérrez Daza, quien se desempeñó como director de Bienestar Institucional. El Ministerio Público determinó que el funcionario no implementó la ruta de atención integral para mujeres víctimas de violencia, a pesar de estar obligado a hacerlo, ignorando además denuncias formales contra el docente Carlos Antonio Julio Arrieta, señalado de actos de violencia de género.
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En el expediente disciplinario también figura la exdecana de la facultad de Ciencias y Educación, Cecilia Rincón Verdugo, quien, según la Procuraduría, retardó la tramitación de la actuación disciplinaria que debía adelantar contra el profesor Arrieta, pese a las faltas gravísimas imputadas.
A estos hechos se suma la actuación del exrector de la Universidad Distrital, Ricardo García Duarte, quien omitió tomar medidas administrativas de protección en los casos de violencia sexual y de género que se presentaron durante su gestión. Según el ente de control, García Duarte incurrió en omisiones que impidieron una adecuada atención de las denuncias.
La Procuraduría consideró que los tres exfuncionarios incurrieron en violencia institucional, al desconocer los protocolos establecidos y fallar en la protección de los derechos de las víctimas dentro del entorno académico.
Por estos hechos, la Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 declaró responsables disciplinariamente a los exfuncionarios y les impuso una sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por un periodo de tres meses. Como actualmente no ejercen funciones públicas, la sanción fue convertida en el equivalente a tres meses de salario básico devengado durante su tiempo en el cargo.
La denuncia inicial fue radicada el 23 de septiembre de 2019 por Andrés Mateo Quevedo y Juan Pablo Ocampo Gamboa, quienes alertaron sobre comportamientos inapropiados por parte del profesor Carlos Antonio Julio Arrieta. Sin embargo, la falta de acción de las autoridades universitarias impidió que se activaran de manera oportuna los mecanismos de protección.
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