Casi al tiempo que la Fiscalía solicitaba ante un Juez de Control de Garantías la legalización de captura, imputaba cargos y pedía medida de aseguramiento por intento de homicidio en contra de Edgar Iván Guevara Cuéllar empresario regional del Plan de Alimentación Escolar, PAE; su esposa y su progenitora, eran beneficiarias de millonarios contratos asignados por Jesús Galdino Cedeño, gobernador del Amazonas.
Un negocio que se finiquitó el pasado 29 de noviembre, en un proceso de selección abreviada mediante la resolución 03663. En esta, quedaron los detalles de cómo se adjudicó un contrato por $739 millones para la compraventa de menaje y electrodomésticos de los restaurantes escolares del casco urbano y rural del Amazonas.
La empresa beneficiada opera bajo la razón social, Amazonas S.A.S. con un detalle, su representante legal, es Sandra Milena Castaño Álvarez, esposa del procesado y detenido Guevara Cuéllar.
Una bonanza contractual que derivó en que tan solo 17 días después, el gobernador del Amazonas, de nuevo adjudicó otro contrato con un precio exponencial, $3.751 millones, pero esta vez a la progenitora del mismo Guevara Cuéllar.
El asunto quedó protocolizado mediante la resolución 04061. También por la misma modalidad de subasta inversa, se adjudicó el suministro de víveres para los estudiantes matriculados en las residencias escolares. Se trata de los niños del Amazonas de las escuelas de San Rafael Chorrera, Santa Teresita, San José de la Pedrera, Fray Javier de Barcelona, San Antonio de Padua Miriti, Villa Carmen Tarapaca, San Francisco de Loretoyaco Puerto Nariño y San Juan Bosco.
No obstante, estos dos contratos adjudicados recientemente son la punta del iceberg, de los contratos públicos que paradójicamente recibe la familia del zar de la contratación del Amazonas. Una región pobre y olvidada, sumida en el narcotráfico, la violencia, la inseguridad fronteriza radicalizada por bandas criminales de Colombia, Perú y Brasil, en el entorno de una clase política cuestionada.
Una revisión a las actividades comerciales que efectuó la Agencia de Periodismo Investigativo, API, a las empresas de su familia o como personas naturales evidencia que la familia del zar de la contratación del Amazonas imputado por la Fiscalía y en prisión ha suscrito desde 2017, 112 contratos con el Estado, principalmente con la Gobernación del Amazonas.
Por ejemplo, la sociedad Representaciones Amazonas a la cual se le acaba de adjudicar la alimentación de los niños y que es representada por Sandra Milena Castaño esposa de Edgar Iván Guevara Cuéllar, ha suscrito 32 contratos entre 2017 y 2022 por $3.893 millones, para prestar todo tipo de bienes y servicios.
A su vez, Sandra Milena Castaño, como persona natural, ha firmado seis contratos desde 2020 hasta 2022 por $121.480.532. Con un hecho particular, es ella quien alquila el lugar donde funciona la secretaria de Educación, entidad que ha definido los destinos del PAE.
En cuanto a la mamá de Edgar Iván Guevara Cuéllar, Dora Liliana Cuéllar Cuéllar, en condición de persona natural ha celebrado 70 contratos que suman $1.696.183.843 desde el año 2017.
Pero no solo es la prestación de servicios por el PAE que suministra la familia Cuéllar. Por efecto de la pandemia de Covid-19 diversificó y a través de otra de sus empresas Distribuidora Amazonas SAS, ha suscrito cuatro contratos con la administración local por $121.490.532.
En total, la familia del procesado entre sus empresas y como personas naturales han firmado contratos entre 2017 hasta 2022 por más de $6.000 millones con el departamento, esto en medio del silencio del gobernador Jesús Galdino Cedeño, quien no respondió a los interrogantes planteados por esta Agencia.
Trapecio del delito
La firma de nuevos contratos con los Cuéllar a finales del año se conoció en el contexto de los señalamientos de la justicia sobre uno de sus miembros, precisamente, Edgar Iván Guevara Cuéllar, conocido como el zar del PAE en la región.
Guevara Cuéllar fue señalado como el responsable de las amenazas en contra de un procurador y un contralor delegado en Amazonas. A ello se suma que está en prisión como presunto determinador de la tentativa de homicidio en contra del candidato a la Cámara de Representantes, Fabio Eduardo Grueso Rodríguez, cuñado del exministro de Agricultura Aurelio Irragorri y esposo de una prima de la senadora Paloma Valencia.
La historia se remonta al 10 de septiembre de 2021 cuando Grueso Rodríguez llegó a la Litografía Colombia, ubicada en la carrera quinta con calle séptima de la capital de Leticia, a cumplirle una cita a la diputada Karina Bocanegra.
Un hombre que se desplazaba en motocicleta ingresó al establecimiento de comercio y le disparó. El atentado generó el estallido del globo ocular a Grueso, herida en la región temporal derecha y fractura del paladar y del tabique. Otro artefacto lo impactó en la región del cuello y uno más rozó la frente, indica su historia clínica. Incluso, las balas estuvieron a tres milímetros de perforarle el cerebro.
Con un drama adicional. El día del atentado, que ocurrió a plena luz del día, las autoridades administrativas de Leticia no permitieron usar la ambulancia argumentando que la representante a la Cámara Yenica Acosta, no la había entregado oficialmente en un acto protocolario.
Luego, inexplicablemente, la torre de control del único aeropuerto del lugar, el Alfredo Vásquez Cobo no funcionó. El avión medicalizado que partió desde Cali a Leticia para salvarle la vida no podía despegar. Fue necesario que el piloto recibiera la orden perentoria de la Aeronáutica Civil en Bogotá.
Era evidente que los obstáculos en la atención médica, el bloqueo en el uso de la ambulancia y lo sucedido en el aeropuerto tenían el propósito de impedir que el aún precandidato saliera con vida de Leticia.
Testigos narraron a esta Agencia que en el entretanto, los sicarios rondaban el hospital con el propósito de terminar su propósito y rematar a Fabio Grueso.
Tres semanas después fueron capturados los sicarios quienes integraban la banda Criminal Comando Vermelho CV, Comando Rojo, integrada por colombianos y brasileños. Una organización criminal líder en extorsión, hurto, secuestro, narcotráfico, y sicariato que a su vez tiene vínculo con disidencias de las Farc que operan en el trapecio amazónico.
La confesión
En la cárcel de Leticia un protagonista de ataque narró todo. En un audio en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, uno de los autores materiales contó quién, cómo, por qué y cuánto pagaron por asesinar a Grueso Rodríguez.
Semanas atrás del atentado, el candidato Grueso le había solicitado al gobernador del Amazonas, Jesús Galdino Cedeño licitar de manera transparente el Plan de Alimentación Escolar, PAE.
Pero la solicitud parece haber tenido el efecto contrario. A los dos contratistas, Dora Liliana Cuéllar y Edgar Iván Guevara Cuéllar, madre e hijo, el gobernador Galdino les adjudicó en pleno confinamiento por Covid-19 un contrato por $429 millones para suministrar la alimentación a los niños de escasos recursos económicos, al punto que en ese lugar es su único acceso a la alimentación.
Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en contra de Galdino Cedeño y vinculó a los secretarios de Educación, Víctor Manuel Mora y de gobierno Cristian Camilo Aldana. Pero esto no frenó a los involucrados.
Dos meses después de la tentativa de homicidio en contra de Fabio Grueso, Edgar Iván Guevara Cuéllar amenazó a la supervisora del contrato del PAE, Shirley Noriega, también a la secretaria de Educación, Risoneidy Correa. El contratista estaba furioso porque, según él, no le habían pagado la totalidad del contrato.
Guevara Cuéllar fue más allá y envió mensajes intimidatorios en contra del procurador regional, Miguel Hugo Miranda Nieto.
Paradójicamente Miranda, luego del atentado contra Grueso, solicitó audiencia con el viceprocurador general Antonio Emiro Thomas Arias para informarle que había descubierto que su antecesor engavetó todos los procesos de corrupción del Amazonas.
Con otro coletazo. A comienzos de noviembre de 2021 el Procurador regional Miranda Nieto, remitió una carta a la procuradora general Margarita Cabello en la que le detallaba las amenazas de muerte que estaba recibiendo.
"A través de llamadas telefónicas y con el vigilante de la sede de la Procuraduría Regional en las cuales aseguran me van a llenar de balas. Es necesario se investigue el Programa de Alimentación Escolar PAE en el que están implicados políticos".
En la misma carta Miranda Nieto le solicitó a la procuradora Cabello se designará un grupo especial para revisar la contratación del Amazonas de los años 2019 a 2021. La respuesta que recibió fue que dos días después, la jefa del Ministerio Público lo declaró insubsistente.
Las letras de cambio
Para ese mismo mes, un diputado de la Asamblea del Amazonas denunció la manera en que él y sus homólogos del legislativo regional saqueaban el departamento.
En poder de esta Agencia está la carta que Gildardo Alviar Gondalvis, diputado del Amazonas envió a la Procuraduría. Mediante esta aseguró que los diputados Oscar Sánchez, Eric Peláez, Henry Ipuchima, Fredy Acosta y Karina Bocanegra, hoy representante a la Cámara, firmaron cada uno cinco letras de cambio por $20 millones cada una.
Los diputados acordaron que el gobernador del Amazonas no pudiera tener mayorías en la Asamblea entre 2020 y 2023. En un episodio dantesco; como este no cumplió, le hicieron efectivas las letras de cambio que suman $100 millones.
En la denuncia ante el Ministerio Público, el diputado explicó por qué firmó los títulos valores. "Firmé las letras por un acuerdo de un grupo político, pero para extorsionar o chantajear a los políticos y contratistas. Los señores Eric Peláez, Oscar Sánchez, Fredy Acosta, Henry Ipuchina y la diputada Karina me están amenazando con hacerlas efectivas porque no cumplí con el acuerdo de oponerme a todos los proyectos del gobernador. También solicito que la diputada Karina me regrese mis letras", indicó el diputado en la denuncia. Sus colegas cuestionados al igual que el gobernador guardan silencio.
Durante la administración del gobernador del Amazonas, Jesús Galdino Cedeño este le ha entregado toda serie de contratos al imputado Guevara Cuéllar, desde el PAE hasta la construcción de pozos sépticos en las escuelas.
Otra denuncia en contra del todopoderoso contratista del Amazonas la interpuso el personero de Leticia, Rafael Moreno Godoy, quien además es esposo de la exsecretaria de Educación, Amparo del Socorro Lozada.
En la segunda semana de abril de 2021, su vehículo, una camioneta Captiva, apareció con el vidrio panorámico destruido. Semanas después un funcionario de la secretaría de Educación le informó que era una advertencia del contratista Edgar Iván Guevara Cuéllar.
Moreno Godoy buscó en la cárcel a Miguel Ángel Sánchez, procesado por varias causas y este le confirmó que Guevara Cuéllar le pagó $3 millones por amenazarlo. Por todos estos hechos finalmente fue imputado Edgar Iván Guevara Cuellar. Sin embargo, su suerte contractual, la de su esposa y progenitora y sus empresas no ha variado.
También le puede interesar
